A todos los líderes de países del Sur que han peregrinado a La Haya en las últimas semanas para pedirle que desbloqueara las ayudas de la UE, entre ellos Pedro Sánchez, Mark Rutte les esperaba pertrechado con el mismo documento: las denominadas 'Recomendaciones específicas para cada país' de los años 2019 y 2020.

Unas recomendaciones -las dirigidas a España, Italia y Portugal- que también se discutieron ampliamente en el pleno del Parlamento holandés del pasado martes, en el que el primer ministro obtuvo el mandato para negociar en la cumbre de la UE sobre el fondo de reconstrucción. En el debate se entró en detalles tan concretos como la petición de Bruselas de "eliminar las barreras a las profesiones protegidas en Portugal y España". Rutte insistió en que para él lo más importante es la reforma laboral y de las pensiones.

¿Qué son estas oscuras Recomendaciones específicas para cada país que se debaten en Holanda y no en España? ¿Qué papel juegan en las condiciones que deberá cumplir Sánchez si quiere acceder a los 140.000 millones de euros de ayudas de la UE para reflotar la economía española tras el Covid-19? 

Ursula von der Leyey y Charles Michel celebran el acuerdo sobre el fondo anticrisis UE

Se trata de un instrumento que la UE creó durante la Gran Recesión con el objetivo de mejorar la coordinación de políticas económicas y prevenir así que los desequilibrios de un Estado miembro provoquen un efecto contagio y pongan en riesgo al conjunto de la eurozona: evitar nuevas crisis de deuda que amenacen la supervivencia del euro. La primera vez que se hizo este ejercicio fue en 2011.

Cada año, la Comisión Europea publica a finales de mayo recomendaciones de política económica enfocadas a medida para cada uno de los 27 países miembros. Unas recomendaciones que se discuten en el Ecofin, se aprueban después a nivel de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE y finalmente deberían aplicarse a nivel nacional. Es decir, no se trata de una petición general de reformas, sino de medidas muy específicas.

Al no tener carácter vinculante (su incumplimiento no acarrea sanciones de ningún tipo), los sucesivos Gobiernos españoles las han ignorado. Sólo en 2012, cuando España estaba al borde de la quiebra y necesitaba el rescate bancario, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó precisamente la reforma laboral y la de las pensiones, que cuentan con el aval claro de Bruselas. El impulso reformista en nuestro país se esfumó con la recuperación desde 2014, según denuncia el Ejecutivo comunitario

El acuerdo sobre el fondo de reconstrucción de 750.000 millones lo cambia todo. Los países que como España quieran ayuda de la UE, deben enviar a Bruselas un plan de reformas e inversión basado en estas recomendaciones. No tanto las de 2020, que se centran en la respuesta a corto plazo al Covid-19, sino las del año 2019, según el acuerdo alcanzado por los líderes.

La canciller Angela Merkel, feliz durante la ratificación del acuerdo en la UE UE

"Estas recomendaciones abordan las grandes debilidades o deficiencias en los Estados miembros que deben mejorarse, las reformas que deben hacerse. Siempre han sido muy interesantes, pero no siempre han tenido los efectos necesarios en los Estados miembros porque estaba en sus manos decidir si las aplicaban o no", ha explicado una exhausta Ursula von der Leyen en la rueda de prensa final de la cumbre.

"Ahora, este instrumento cobra una nueva fuerza porque está conectado a una enorme cantidad de subvenciones o créditos. Así que hay mucha más fuerza detrás de las Recomendaciones Específicas para cada país y de la necesidad de respetar los principios del Pacto Verde Europeo y la digitalización", ha relatado. Sánchez debe enviar su plan de reformas a Bruselas el 15 de octubre con medidas para los próximos tres años, el periodo en que se comprometerán las ayudas del fondo anticrisis.

"Podemos garantizar que esto se aplique de forma adecuada porque habrá objetivos, cuyo cumplimiento se verificará, y entonces se desembolsarán los pagos", sostiene Von der Leyen. Si el Ejecutivo comunitario es demasiado laxo a la hora de evaluar si las reformas se han llevado a cabo siguiendo las directrices de la UE (como ha ocurrido a menudo en el pasado), Holanda o cualquier otro Estado miembro puede activar el "freno de emergencia" y paralizar las ayudas.

La lista de tareas de la UE para Sánchez

1.- REFORZAR EL SISTEMA SANITARIO: Es la gran novedad de las recomendaciones de 2020. El Covid-19 ha dejado al descubierto la "vulnerabilidad" de la sanidad española a los shocks y sus "problemas estructurales", algunos de los cuales se deben a "ciertos déficits de inversión en infraestructuras físicas y carencias en el reclutamiento y las condiciones de trabajo de los trabajadores sanitarios". "Hay disparidades regionales en materia de inversión, recursos físicos y personal y la coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno no es siempre eficaz", denuncia la Comisión.

Sánchez debe "reforzar la resistencia y la capacidad del sistema sanitario, en lo que se refiere a trabajadores, productos médicos críticos e infraestructura". Unas reformas que tienen que asegurar que las personas mayores que viven en residencias, las más golpeadas por la pandemia, tengan acceso a los servicios de emergencia y cuidados intensivos. También hay que potenciar la atención primaria y la sanidad digital. "A medio plazo, es importante garantizar que la probable reducción de recursos presupuestarios debida a la crisis económica no afecte a la cobertura sanitaria de la población y provoque desigualdades en el acceso", avisa Bruselas.

2.- UN PLAN DE AJUSTE PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO: La UE no exige esta vez a España ajustes presupuestarios a corto plazo, pese a que según sus propias previsiones el déficit se disparará este año hasta el 10,1% del PIB y la deuda escalará al 115,6%. Al contrario, Bruselas ha activado la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que suspende temporalmente la exigencia de tener un déficit por debajo del 3% y un nivel de deuda inferior al 60% del PIB. Una suspensión que seguirá vigente al menos hasta el año 2022.

Pedro Sánchez, en el pleno de las 5:15 del martes en el que se ha sellado el acuerdo UE

La prioridad ahora debe ser disparar el gasto público para amortiguar el impacto del coronavirus. Pero "cuando las condiciones económicas lo permitan", el Gobierno de Sánchez deberá "aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr una posición fiscal prudente a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión". Ya antes de la crisis, España era uno de los países de la UE con más déficit y no había tomado medidas suficientes para rebajarlo pese al periodo de bonanza económica, según el análisis del Ejecutivo comunitario.

3.- MEDIDAS COMPENSATORIAS PARA LAS PENSIONES: La UE cree que las reformas realizadas en 2011 por José Luis Rodríguez Zapatero y en 2013 por Mariano Rajoy "ayudaron a garantizar la sostenibilidad y la suficiencia relativa de las pensiones a largo plazo". Por eso censura que estos cambios hayan sido revertidos y reclama alternativas para evitar la quiebra del sistema.

"Volver a ligar los incrementos de las pensiones a la inflación (como se decidió en 2018 y 2019) y el aplazamiento del factor de sostenibilidad requieren medidas compensatorias para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo", avisa Bruselas.

4.- COMBATIR LA ALTA TASA DE TEMPORALIDAD LABORAL: Además de entrar en  la crisis con el segundo paro más alto de la UE (sólo Grecia está peor), España es también uno de los Estados miembros con mayor tasa de contratos temporales, lo que frena el potencial de crecimiento y la cohesión social. Los jóvenes, los trabajadores poco cualificados y los inmigrantes son los más afectados. Ellos son los que más están sufriendo la crisis del Covid-19. El resultado es un menor acceso a prestaciones sociales y más riesgo de pobreza. Los contratos temporales son a menudo muy cortos y no dan incentivos para invertir en formación, lo que hunde la productividad laboral, según el análisis de Bruselas.

La UE reclama a Sánchez medidas para "favorecer las transiciones hacia contratos indefinidos, entre ellas la simplificación de los incentivos a la contratación".  También apuesta por mejorar la calidad de los servicios públicos de empleo. Sobre la reforma laboral de Rajoy, Bruselas sostiene que "desempeñó un importante papel en el fomento de una recuperación intensiva en empleo que se inició en 2014". La respuesta a la intención de Sánchez y Podemos de derogarla es que "será importante que cualquier nueva medida sólo se adopte tras una detenida evaluación de sus efectos potenciales y que se preserven los logros de las reformas anteriores".

Mark Rutte y Charles Michel celebran el acuerdo UE

5.- MEJORAR LA EFICACIA DE LAS AYUDAS SOCIALES: La crisis aumentará los ya elevados niveles de pobreza y exclusión social en España, especialmente entre las familias con niños. En 2019, España era el país de la UE con el nivel más bajo de ayudas por hijo. En la actualidad, las ayudas para parados de larga duración y para los que no tienen derecho a prestación contributiva están dispersas en múltiples planes, lo que resulta en un bajo nivel de cobertura. Los sistemas de renta mínima regional existentes sólo llegan al 20% de sus potenciales beneficiarios en todo el país y hay grandes disparidades en cuanto a cobertura, duración, condiciones de acceso y dotación.

"El difícil contexto económico y social resultante de la pandemia exige una solidaridad intergeneracional en favor de las generaciones más jóvenes". En concreto, la UE reclama "mejorar la cobertura y la suficiencia de los sistemas de renta mínima y ayuda a las familias". En una entrevista con EL ESPAÑOL, el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Nicolas Schmit, valoraba positivamente el ingreso mínimo vital que acaba de aprobar el Gobierno de Sánchez, pero avisaba de que no puede financiarse con las ayudas del nuevo fondo anticrisis.

6.- UN PACTO PARA IMPULSAR LA EDUCACIÓN: La crisis del Covid-19 ha puesto de relieve la importancia de la digitalización para mantener el acceso a los servicios educativos. Antes del periodo de confinamiento, sólo la mitad de las escuelas en España disponían de plataformas de aprendizaje digital adecuadas, con importantes disparidades regionales. El cambio repentino al aprendizaje digital supone además un reto particular para los estudiantes más vulnerables, que no tienen acceso a soluciones digitales en su hogar, señala la UE.

La sala de reuniones de los líderes de la UE, preparada para sellar el pacto

Las autoridades españolas deben lograr que "todos los estudiantes se beneficien del acceso al aprendizaje digital, incluidos los que viven en áreas rurales o en hogares vulnerables". Más a medio plazo, Bruselas insiste en su petición de una reforma educativa basada en un amplio consenso político y social que reduzca el abandono escolar (España tiene la tasa más alta de la UE, 17,3%), aumente el porcentaje de estudiantes en ciencia y tecnologías digitales, haga la formación profesional más atractiva y adapte la oferta educativa al mercado laboral.

7.- UNIDAD DE MERCADO CONTRA LA FRAGMENTACIÓN AUTONÓMICA: Las disparidades normativas a las que se enfrentan las empresas dependiendo de la comunidad autónoma frenan el crecimiento de la productividad en España. Aumentan los costes y limitan la movilidad geográfica de compañías y trabajadores, según la UE. La recomendación a Sánchez es aplicar de forma más decidida la ley de Unidad de Mercado que aprobó Rajoy.

También debería suprimir las restricciones a profesiones reguladas como ingenieros civiles, arquitectos o servicios informáticos y legales. "De manera general, una coordinación más fuerte y de manera sostenible entre los diferentes niveles de Gobierno (central, regional y local) podría hacer que las políticas para facilitar la recuperación sean más eficaces", asegura Bruselas. 

8.- AHORRAR ENERGÍA Y COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO: Algunas zonas de España figuran entre las más expuestas de Europa al cambio climático, al estar sus recursos hídricos sometidos a presiones que requieren más inversión en infraestructura para mejorar la gestión del agua, como, por ejemplo, la depuración de aguas residuales, las filtraciones en las redes de distribución del agua y el suministro, avisa la UE.

"La reducción del consumo energético en los edificios y el desarrollo de redes energéticas inteligentes y del almacenamiento de la energía eléctrica procedente de fuentes renovables contribuirían a gestionar mejor la demanda. Deben realizarse mayores esfuerzos por promover el transporte sostenible y la economía circular", señalan las recomendaciones para España.

9.- MEJORAR LAS POLÍTICAS DE I+D+i: La UE lleva años alertando de que los resultados de España en materia de innovación "se ven obstaculizados por unos niveles bajos de inversión en investigación y desarrollo". El gasto en I+D del sector empresarial en España asciende tan solo a la mitad de la media de la Unión, especialmente en el caso de las grandes empresas.

Además, se observan importantes disparidades regionales. Una divergencia que se ve agravada por el bajo —y decreciente— índice de ejecución del presupuesto público dedicado a investigación y desarrollo. El empleo en los sectores de alta tecnología y en los servicios intensivos en conocimientos se encuentra muy por debajo de la media de la Unión en muchas regiones españolas.

Líderes del Norte y del Sur de la UE, alegres por el acuerdo final UE

La UE reclama al Gobierno de Sánchez realizar inversiones importantes para fomentar el emprendimiento y las empresas emergentes, ayudándoles a crecer y a digitalizarse para que puedan especializarse en actividades con mayor valor añadido con vistas a incrementar su presencia en los mercados internacionales.

10.- IMPULSAR EL TREN DE MERCANCÍAS: El carácter incompleto de las conexiones de transporte de mercancías por ferrocarril y la integración limitada en los mercados de electricidad y gas de la UE también impiden que España se beneficie plenamente del mercado único de la UE, sostiene la Comisión.

Por este motivo, España debe seguir invirtiendo en interconexiones eléctricas con el resto de la Unión para alcanzar el objetivo de al menos un 10 % de su capacidad instalada de producción eléctrica de aquí a 2020. También son necesarias inversiones para permitir un mayor uso del ferrocarril en el transporte de mercancías, incluidas las conexiones transfronterizas con Francia y Portugal y las conexiones con los puertos y los centros logísticos.