Pedro Sánchez ha encargado a su vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la responsabilidad de coordinar el plan de desescalada del confinamiento en el que desde hace diez días trabajan todos los ministerios del Gobierno, junto con agentes sociales y expertos multidisciplinares.

De esta manera, en las últimas dos semanas Ribera ha estado teniendo un papel protagonista dentro del Gobierno, unificando las propuestas que se producen en todas las reuniones entre ministerios, sindicatos y patronal, junto a los que se está trabajando en el que quizás sea el plan económico más importante para España de las últimas décadas. 

Este plan deberá decidir cuestiones tan fundamentales como qué tipos de comercios o sectores podrán abrirse antes y cuáles después, bajo qué condiciones podrán hacerlo, cómo debe funcionar el transporte y cómo deberán moverse los españoles por las ciudades y el extranjero. 

Tendrá que definir, por ejemplo, qué distancias deberán respetar las mesas de los restaurantes, qué flujo de clientes podrán tener las tiendas o cómo podrán efectuarse las compras físicas tras el levantamiento escalonado de las actividades económicas.

Estamos hablando de una planificación a corto y medio plazo, un plan de apertura que tendrá dos objetivos principales: ir liberando paulatinamente todas las actividades productivas y sentar las bases de la reconstrucción económica tras el fin del estado de alarma.

'European Green Deal'

La elección de Ribera para coordinar este plan no es casual, ya que es una ministra que actualmente no está teniendo una gran exposición mediática, pertenece al núcleo de confianza del presidente y conoce de sobra el aparato productivo español, en especial en cuanto a suministros y energía, dos de los pilares en los que se deberá consolidar esta desescalada y posterior reconstrucción económica. 

De hecho, Ribera ha pedido a Bruselas -junto a ministros de otros trece países- que el Pacto Verde europeo sea la gran palanca para la recuperación tras la crisis provocada por la pandemia. Es el denominado European Green Deal en el que Ribera es una de las protagonistas por parte de España. Se trata de afrontar la recuperación que vendrá después de esta escalada económica y que -considera el Gobierno- debe ser verde. Dos piezas del mismo puzzle.

Ribera está además en permanente contacto con la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la de Industria, Reyes Maroto; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

De hecho, una de las últimas reuniones al respecto se produjo el pasado miércoles y en ella participaron estos cinco ministros. El lunes anterior ya se trató el tema con patronal y sindicatos y en cada encuentro con agentes sociales se abordan nuevas propuestas para ultimar el proyecto. 

La coordinación con Sanidad es fundamental ya que desde Moncloa advierten que no se realizará ningún tipo de movimiento de desescalada económica sin la autorización sanitaria correspondiente. Con Sanidad se deberá además coordinar el despliegue para proteger a los trabajadores de futuros contagios con el uso y la distribución de mascarillas, guías de recomendaciones y utilización de otro tipo de protección si fuese necesario. 

Sin experiencias en Europa

La idea es realizar un plan de desescalado con el mayor detalle posible y en el que se pueda poner a disposición de los diferentes ministerios una calendarización de cómo, cuándo y dónde se comenzarán a abrir las principales actividades económicas. Pero no se moverá ninguna ficha hasta que Sanidad lo autorice.

Es la denominada segunda fase -o fase dos- prevista para la actual crisis sanitaria en la que, aunque se mantenga el estado de alarma, se podrán ir relajando las distintas medidas de confinamiento y restricción de la movilidad.

La semana pasada, el Gobierno ya anunció que se está estudiando cómo comenzar la "fase de desescalada" de las medidas de confinamiento y paralización de actividades una vez pasara esta Semana Santa.

Según indicó Nadia Calviño, la confianza del Ejecutivo es que pueda iniciarse "lo antes posible" esta desescalada, una fase que, según aseguró, se lleva "semanas" preparando en colaboración con expertos multidisciplinares y también con empresarios, sindicatos y otros agentes económicos.

En Moncloa reconocen que estamos ante un plan en el que "todo es nuevo" puesto que no hay experiencias previas en nuestro entorno. En el caso de China o algunos países asiáticos -indican- muchas de sus medidas no son homologables en España porque son culturas radicalmente diferentes y con costumbres y sociedades muy distintas.

Paralización de la Economía

El proyecto no echaría a andar antes del 24 de abril, como ha dicho el propio Pedro Sánchez. Nada se hará como mínimo hasta esta fecha y, a partir de ahí, se barajarán opciones de desescalada gradual tanto del confinamiento de la población, como de la apertura de actividades económicas.

En cualquier caso, la fase inicial de esta desescalada ya comenzó este lunes con el fin de la paralización total de la economía y la vuelta al trabajo de todas las actividades que llevaban dos semanas en dique seco y con permiso retribuido.

Esta semana se ha vuelto a la situación de finales del mes pasado, con la construcción y las fábricas ya en marcha pero con guías básicas sanitarias para la vuelta a la actividad y con el reparto de mascarillas en los transportes públicos.

En este sentido, el vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, valoró positivamente la vuelta al trabajo de algunos sectores aunque pidió que la fase de desescalada se produjese sin improvisaciones. La patronal criticó duramente la paralización de la economía hace dos semanas y los permisos retribuidos, una decisión que  "se tomó sin avisarles".

El vicepresidente de CEOE destacó que, mientras que las grandes empresas están "bien equipadas" para afrontar la vuelta, las pymes y los autónomos no cuentan con esos equipamientos para prestar los servicios con total seguridad. Por ello, reclamó para ellos medios, material sanitario, así como realizar test masivos a la población para determinar quién está contagiado por el Covid-19.

Condiciones de seguridad

Respecto de la fase de desescalada en las medidas de confinamiento y en la actividad económica, indicó que se están analizando las alternativas y que el Gobierno deberá presentar un plan. "Tiene que haber un plan previsible, las empresas lo tienen que saber de antemano, los planes no tienen que ser improvisados", afirmó, y agregó que el Gobierno debe hacer todo lo posible para evitar que el retorno de la actividad económica se ralentice.

En el caso de los sindicatos se pide que se retomen las operaciones productivas bajo condiciones "plenamente seguras y saludables". En los últimos días Comisiones Obreras  y UGT ha estado debatiendo con diferentes sectores económicos para elaborar documentos de prevención de riesgos para que la vuelta a la actividad se lleve a cabo solo en condiciones seguras para los trabajadores, tanto en el transporte como en el centro de trabajo.