El Gobierno quiere ser prudente a la hora de facilitar los números que maneja para hacer frente al coronavirus. Pero como no podía ser de otro modo, ya ha hecho las primeras cuentas del impacto que tendrá en los Presupuestos el plan de choque sanitario, económico y social contra la pandemia.

En tan solo 30 días, el Ejecutivo gastará 5.000 millones de euros en distintas políticas de índole social y económica. Si pasado ese tiempo no ha sido posible vencer al coronavirus, se pondría más artillería sobre la mesa. Pero de momento, se confía en que ese tiempo sea suficiente para controlar esta crisis de emergencia sanitaria.

La mayor parte de esos 5.000 millones que saldrán de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) serán para hacer frente a los costes que el Estado tenga que hacer de los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) a lo largo de cuatro semanas. Flexibilizar estos mecanismos y proteger a los empleados afectados por ellos era una medida que habían pedido al Gobierno los agentes sociales.

Según estiman los sindicatos, más de un millón de trabajadores podrían verse afectados por un ERTE. Pero para protegerlos, el Ejecutivo ha aprobado un real decreto con un mes de vigencia en el que se incluyen medidas con el fin de garantizar a todos el cobro una prestación mientras dure el estado de alarma.

Además de estas ayudas, hay otras que también tendrán coste para las arcas públicas, como las bonificaciones para la Seguridad Social o el pago de las bajas por coronavirus o por las cuarentenas de los trabajadores. Esta última medida se anunció la pasada semana y se calculó que su coste para tres semanas sería de unos 50 millones de euros.

El grueso del plan de hasta 200.000 millones de euros que puso sobre la mesa este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está formado por avales y líneas de liquidez. Esto no afectará a las cuentas públicas a no ser que esos avales se transformen en impagos de las empresas que los reciban.

Otras medidas anunciadas, como la moratoria del pago de las hipotecas, afectarán a los bancos, que durante un mes podrán hacer frente a esta ayuda sin problemas, pero a partir del tercer mes podrían tener que provisionar esa mora, algo en lo que ya se está trabajando desde el Banco de España y el BCE para evitar que esta ayuda a las familias más vulnerables dañe a un sector financiero que en los últimos años ha hecho un enorme esfuerzo para salir fortalecido de la crisis financiera.

Aplazamientos y adelantos de dinero

Tampoco otras medidas puestas en marcha por el Ejecutivo impactarán a largo plazo en las cuentas públicas, dado que se trata de moratorias en los pagos de impuestos, que tarde o temprano serán pagados por los beneficiarios de esa medida. 

Incluso los recursos extra de 2.800 millones de euros con los que se dotó a las comunidades autónomas antes del estado de alarma se anunciaron en forma de entregas a cuenta de lo que les corresponde por los Presupuestos de este año. 

Por otra parte, el real decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias contempla que los ayuntamientos puedan destinar hasta 300 millones del superávit de 2019 a financiar gastos del área de los servicios sociales y promoción social. Cuidar de las personas mayores que han quedado solas en sus hogares por el aislamiento impuesto por el coronavirus forma parte de las urgencias de este momento y serán las corporaciones locales las que tengan que responder.

Pago a proveedores sanitarios

De momento,el Ejecutivo no contempla poner en marcha un Plan de Pago a Proveedores como el que anunció en los peores años de la crisis financiera el Gobierno del PP. Sin embargo, sí ha hablado con las comunidades autónomas para pedir que se cumplan con los periodos establecidos de pago. 

La mora de las Administraciones Públicas es un problema para las empresas y su pago es una de las medidas que han reclamado los empresarios para paliar los efectos del cese o derrumbe de actividad de estos días.

La prioridad, explican fuentes conocedoras de esas conversaciones, es hacer frente a los pagos pendientes con empresas del sector sanitario que, precisamente, es uno de los que más padece este retraso de las Administraciones a la hora de pagar a sus proveedores.