El Consejo de Ministros acordó el viernes el nombramiento de algunos altos cargos de los Ministerios de Economía y de Hacienda, y también acordó las fechas para que Empelo empiece las conversaciones para la reforma de las pensiones y el futuro del mercado laboral. Sin embargo, todavía no hay nada de los Presupuestos Generales del Estado. La Comisión Europea ya ha trasladado a Luis de Guindos que tienen que aprobarse lo antes posible, pero el Gobierno no parece muy agobiado de momento.

Desde Ciudadanos ya dan por descontado que no habrá Presupuestos hasta febrero, dado todo el camino que hay que recorrer antes de su aprobación, las negociaciones que habrá que llevar a cabo y el tiempo que ya se ha perdido. El objetivo del Gobierno es presentar en las Cortes el Proyecto de Presupuestos antes de que acabe el año para que pase la votación de enmiendas a la totalidad. Una vez superado este trámite, la Comisión Europea ya tendrá el boceto de lo que serán las cuentas públicas en España y, con esto sobre la mesa, el Ejecutivo tiene la esperanza de que Bruselas rebaje las exigencias temporales.

Una vez que el Proyecto cuente con el visto bueno de los partidos políticos se iniciará el proceso de enmiendas parciales, lo que se desarrollará ya en el próximo ejercicio. Esto obligará a empezar el año con los Presupuestos prorrogados que se presentaron en Bruselas el 15 de octubre.

En enero se suspenden los Plenos del Congreso y no vuelven a celebrarse hasta febrero, pero desde los partidos creen que se convocarán sesiones extraordinarios para que puedan debatirse las diversas enmiendas que presenten las formaciones. En esas semanas se negociará el articulado definitivo del Presupuesto General, lo que ya retrasará, como poco, hasta febrero la aprobación de las cuentas para 2017.

¿No se puede hacer ya?

El primer paso para poner en marcha la tramitación de los Presupuestos es negociar el reparto de los objetivos de déficit entre las distintas Administraciones Públicas. Esto se tiene que negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con las comunidades autónomas. El Ministerio de Hacienda todavía tiene que convocar este Consejo pero, como explicó el viernes el y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, todavía no hay una fecha para este encuentro, y que se convocará “cuando pueda haber un acuerdo”.

Esto significa que el Ministerio negociará con las autonomías un pacto para repartir la nueva senda del déficit que ha fijado la Comisión Europea para 2016, 2017 y 2018. Una vez que tenga listo un acuerdo, convocará a las autonomías en el Consejo para ratificarlo.

Posteriormente Hacienda tendrá que aprobar el techo de gasto en un Consejo de Ministros y posteriormente tiene que recibir el apoyo del Parlamento. El techo de gasto es muy importante para las Administraciones Públicas, no solo porque determina cuál será el nivel de gasto que pueden aprobar en 2017, sino porque también determina cuáles son las transferencias del Estado, en especial a las comunidades autónomas.

Una vez aprobado el techo de gasto, que difícilmente estará antes de diciembre, es el momento en el que se puede presentar el Proyecto de Presupuestos ajustado a ese nivel de gasto. Esto significa que hay muchos pasos por dar y todavía no se ha empezado por el primero.

Amnistía fiscal

Los responsables de Ciudadanos están tranquilos con el Presupuesto, ya que confían en que el Gobierno cumpla su pacto de investidura y acepte todos los acuerdos. Uno de los puntos que dan por hecho es el de la revisión de la amnistía fiscal de 2012. Los dos partidos acordaron que la Agencia Tributaria repasaría las declaraciones de los amnistiados para asegurarse de que pagan un impuesto efectivo del 10%, como se publicó en el BOE en un primer momento, y no del 3% que fue lo que se pagó de forma efectiva.

El plazo para que la Agencia Tributaria pueda revisar estas declaraciones prescribe el 30 de noviembre, por lo que quedan menos de tres semanas para agotar el plazo. Para evitar la prescripción es suficiente con que la Agencia envíe una carta a los amnistiados en la que les notifique que se va a revisar su declaración. A partir de ese momento, el organismo tiene 18 meses para realizar todas las comprobaciones y exigir, si es necesario, el abono de los impuestos. Aunque el Gobierno todavía no ha comunicado a la Agencia que tiene que realizar estas comprobaciones, dentro de Ciudadanos hay plena confianza en el que el Ejecutivo no fallará a su compromiso.

Lo que acordó Ciudadanos con el PP es que quede invalidada la interpretación de la Dirección General de Tributos por la que determinó que los amnistiados no tenían que tributar por todos aquellos bienes no declarados que ya hubiesen prescrito. Así, pudieron sacar a la luz miles de millones de euros ocultos sin pagar ni un solo euro por ellos. En concreto, los declarantes se ahorraron 2.800 millones de euros que ahora podrían tener que abonar. Desde Ciudadanos son conscientes de que recuperar la totalidad del dinero es una quimera, pero confían en que al menos puedan recaudarse 1.000 millones de euros.