Yolanda Díaz y Pedro Sánchez.
Las empresas no podrán despedir a trabajadores que denuncien casos de corrupción ni a sus familiares
El Consejo de Ministros inicia la tramitación del correspondiente anteproyecto de ley.
Los despidos que se produzcan en estas circunstancias serán nulos.
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El Consejo de Ministros aprueba este martes, en segunda vuelta, el anteproyecto de ley de Integridad Pública y medidas adicionales contra el blanqueo de capitales, como parte del paquete anunciado por el Ejecutivo para abordar la corrupción. A estas iniciativas les acompañarán también cambios laborales.
El Ministerio de Trabajo presentará en el cónclave ministerial su propio paquete contra la corrupción. Se trata de un anteproyecto de ley que impedirá que los trabajadores que denuncien prácticas irregulares o corruptas en sus empresas puedan ser despedidos.
Se trata de una medida que abarca tanto a los denunciantes de casos de corrupción como a los miembros de su grupo familiar (en caso, sobre todo, de que trabajen en la misma empresa).
Para ello, el anteproyecto de ley hará varios cambios tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la legislación correspondiente al despido.
El objetivo es que los despidos que las empresas ejecuten de trabajadores que hayan denunciado ilícitos o situaciones de corrupción sean considerados nulos.
Esto se aplicaría a cualquier trabajador, incluidos aquellos sometidos al periodo de prueba, según indican fuentes del Ministerio de Trabajo.
