Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

Empleo Hoy

Yolanda Díaz se fija como objetivo para este año encarecer el despido y quitar poder a Cepyme en el diálogo social

Trabajo también se pone como meta aprobar la ley de democracia en las empresas.

Más información: Los despidos colectivos se disparan en España un 7,3% y seguirán creciendo en 2026

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Las claves

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El Ministerio de Trabajo planea endurecer las condiciones del despido, elevando la indemnización por despido improcedente para cumplir con la Carta Social Europea.

Yolanda Díaz busca reducir el peso de Cepyme en el diálogo social y dar entrada a nuevas patronales como Pimec, especialmente en la representación de pymes.

El plan legislativo para 2026 incluye reformas en prevención de riesgos laborales, democracia en la empresa y nuevas medidas sobre el salario mínimo y el registro horario digital.

Las propuestas legislativas podrían enfrentar dificultades para ser aprobadas en el Congreso, dada la fragmentación política actual.

El Ministerio de Trabajo planea una intensa agenda legislativa durante este 2026. Se ha marcado numerosos y ambiciosos objetivos, como encarecer el despido o restar poder a Cepyme en el diálogo social.

Así lo indica el Plan Anual Normativo de 2026 que ha dado a conocer el Gobierno. Este documento recoge los decretos y proyectos legislativos que el Ejecutivo planea aprobar este año.

En el caso del departamento que dirige Yolanda Díaz, la lista es extensa. Y entre ellos se encuentra la reforma del despido improcedente, una medida que ya llevaba bajo el brazo cuando llegó al Gobierno en 2020 y que es una de las principales reclamaciones de los sindicatos CCOO y UGT.

La clave es que se considera que la actual indemnización por despido improcedente (que ahora mismo está en los 33 días de salarios por año trabajado, hasta un máximo de 24 mensualidades) no cumple "su función disuasoria y compensatoria", recoge el texto del Gobierno.

Un texto que apunta a una "modificación indemnizatoria" para dar cumplimiento a la Carta Social Europea. De hecho, el que la compensación por despido improcedente no cumpla las funciones citadas es algo que ha afeado el Consejo Europeo de Derechos Sociales a España.

Como ya ha contado este periódico, las posturas en esto están sumamente enfrentadas. Sindicatos y Trabajo demandan elevar la indemnización mientras que la CEOE se niega a sentarse a negociar todo lo que tenga que ver con el despido y una posible reforma de sus condiciones. Y, mientras tanto, la litigiosidad al respecto se acumula en los tribunales españoles.

Otro asunto que quiere abordar el Ministerio de Trabajo este 2026 son unos profundos cambios en el Diálogo Social. La vicepresidenta segunda Díaz aspira a llevar al Consejo de Ministros (y al Congreso, claro) una ley reguladora de la representatividad empresarial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

La reforma del despido... ¿En 2026?

La meta de la norma sería "desarrollar las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional".

El objetivo real de este proyecto legislativo, según fuentes de los actores sociales, es orillar la representatividad que tiene Cepyme (organización vinculada a CEOE) en la negociación y dar entrada a nuevas patronales.

Con esta reforma se busca introducir, en particular, a Pimec en el diálogo social. Se trata de una organización empresarial con mucho peso en Cataluña y que, pese a los desencuentros que causó la fallida reducción de la jornada laboral, se cuenta entre los escasos aliados patronales con los que cuenta Yolanda Díaz.

El Plan Anual Normativo recoge otras normas como la reforma de prevención de riesgos laborales (que ya ha pasado por el Consejo de Ministros) o la de la Democracia en la Empresa, que el Gobierno prevé que se apruebe también, en 2026.

Sin embargo, estos planes sólo apuntan a la pretensión de llevar estas normas al Consejo de Ministros. Harina de otro costal es que logren superar el difícil examen que para PSOE y Sumar suponen las votaciones en el Congreso.

Controles que no tienen que pasar los reales decretos y que también recoge el Plan Anual Normativo. Entre ellos, el decreto para impedir que las empresas puedan absorber las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) con complementos salariales.

También figuran el decreto para desarrollar el Estatuto del Artista y el del registro horario telemático y digital. En el caso de este último, no hay fecha para que sea aprobado, pese a que se trabaja en él desde 2025.

Las desavenencias entre los equipos de Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, son clave en este asunto. Tanto que el Consejo de Estado prácticamente tumbó el borrador de real decreto que había diseñado Trabajo. Veremos si sale adelante.