CCOO y UGT exigen una ley que incluya una financiación pública de su actividad y la de CEOE "sin presiones políticas"

No es la primera vez que los sindicatos blanden esta reclamación. La novedad está en que proponen una ley para ello. Concretamente, una ley de diálogo social, concertación social y negociación colectiva.

Su objetivo es "institucionalizar y consolidar la participación de los agentes sociales" en la concertación colectiva. Para ello, según ha explicado Fernando Luján, de UGT, plantean una "financiación eficaz" y pública de la actividad de los agentes sociales. Y que les permita estar "ajenos a las presiones políticas".

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Luján explica que los fondos que se comprometan (mediante los Presupuestos Generales del Estado) serían para financiar una actividad que ya realizan, pero que no está "blindada desde el punto de vista legal ni político". De ahí que quieran institucionalizarlo con esta norma.

De hecho, esta financiación supone "una compensación anual en concepto de indemnización por su participación en los marcos de diálogo social, concertación social y negociación colectiva", indica el texto que han entregado a los medios de comunicación los sindicatos.

Dicha compensación (que no tendría nunca naturaleza subvencional) llegaría, en la misma cuantía, a las organizaciones empresariales, según la propuesta de CCOO y UGT.

Además, los sindicatos apuestan por la creación  de un consejo del diálogo social que estaría presidido por el presidente del Gobierno y supondría un órgano de "participación y concentración de carácter estable", en el cual participarían las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

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Los sindicatos han abordado esta cuestión en una rueda de prensa conjunta, este martes. En ella, además de Luján, ha participado Javier Pacheco, por CCOO.

En el acto, han puesto sobre la mesa las principales reclamaciones de la agenda sindical de los próximos meses. Entre ellas limitar el uso del contrato parcial y obligar a justificaciones "rigurosas" del despido en periodo de prueba para frenar su incremento.

Además, insistirán en el endurecimiento del despido para hacerlo disuasorio, con unas indemnizaciones que deberían partir de 45 días por año cotizado y, en todo caso, ser verdaderamente "resarcitorias".