Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. Gustavo Valiente (Europa Press).

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Trabajo calcula que su reforma del salario mínimo aumentará hasta en 3.800 millones los costes de las empresas

El departamento de Díaz considera que el sector privado está en condiciones de absorber los "costes derivados de la norma sin poner en riesgo la actividad".

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Las claves

La reforma del salario mínimo impedirá a las empresas compensar la subida del SMI con complementos salariales.

Las empresas tendrán que asumir un aumento de costes salariales de hasta 3.800 millones de euros anuales.

La medida incrementará los ingresos de la Seguridad Social, SEPE y Fogasa entre 420 y 1.000 millones de euros al año.

La CEOE ha anunciado que llevará la norma a los tribunales por considerar que supone cambios en el Estatuto de los Trabajadores.

El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha su prometida reforma de la normativa del salario mínimo interprofesional (SMI). La ejecutará con un real decreto, para no tener que necesitar el aval del Congreso. Con él quiere vetar a las empresas el uso de complementos salariales con los que se pueden absorber y compensar las subidas de los sueldos más bajos.

Según recoge la memoria de impacto normativo, las empresas con trabajadores que cobren el SMI sufrirán un importante impacto económico por la norma. Concretamente, tendrán que pagar hasta 3.800 millones de euros más en costes salariales.

Según detalla el departamento de Yolanda Díaz, la medida supondrá, por un lado, un "incremento anual de la masa salarial comprendido aproximadamente entre 1.100 y 2.800 millones de euros".

Por el otro, "considerando una tasa de cotizaciones sociales a cargo de la empresa en torno al 32 %, el coste salarial total adicional para las compañías se situaría en un intervalo aproximado de entre 1.500 y 3.800 millones de euros anuales".

Trabajo considera que las empresas tienen espacio de sobra para aguantar este golpe. Recuerda que, según los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales del Banco de España, los beneficios del sector privado "se sitúan en máximos históricos para todos los tamaños de institución".

Según el departamento, esto "facilita absorber los posibles costes derivados de la norma sin poner en riesgo la actividad".

"De esta manera, se espera que la ganancia salarial de los trabajadores se produzca sin un deterioro significativo de la actividad de las empresas", concluye.

Arcas públicas

Todo esto también repercutirá en las arcas públicas. La Seguridad Social, el SEPE y el Fogasa ingresarán entre 420 y 1.000 millones más al año a través de las correspondientes cotizaciones , que aumentarán.

Por otro lado, "el aumento salarial estimado incidiría también en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los afectados por la norma".

"El incremento de la base imponible no tendrá efectos sobre la cuota líquida ni la recaudación si la subida salarial bruta experimentada de las personas trabajadoras afectadas es menor del 5,5% (calculado para un salario a jornada completa)", apunta Trabajo.

Con esta condición, el impacto presupuestario en ingresos derivado del aumento de la base imponible del IRPF "oscilaría entre 0 euros con incrementos salariales hasta el 5,5% y 560 millones de euros con el incremento máximo del 8,5%".

Estos serán los efectos de la aplicación del real decreto, que se ha puesto en consulta pública. Con él se busca excluir de las reglas de absorción y compensación del SMI complementos y pluses como nocturnidad, toxicidad, penosidad, peligrosidad, tecnicidad o disponibilidad.

También quedarán suprimidos los ligados a características intrínsecas del trabajador y no a la política salarial general de la empresa (antigüedad, formación o residencia), los de cantidad o calidad de trabajo que se devenguen en función de resultados o rendimiento (incentivos, primas de productividad o comisiones), así como aquellos cuyo carácter no compensable esté previsto en los convenios colectivos aplicables.

Cabe recordar que la CEOE ya ha avisado de que llevará esta norma a los tribunales. La patronal considera que conlleva cambios en el Estatuto de los Trabajadores. Y para ello es necesario un proyecto de ley.