María Jesús Montero y Yolanda Díaz, vicepresidentas primera y segunda, respectivamente, del Gobierno.

María Jesús Montero y Yolanda Díaz, vicepresidentas primera y segunda, respectivamente, del Gobierno. Eduardo Parra / Europa Press.

Empleo Hoy

Trabajo y Hacienda negocian contrarreloj fórmulas para indexar el SMI de sólo ciertos sectores en contratos públicos

Se busca que la CEOE entre a un acuerdo para elevar los salarios más bajos.

Más información: Montero se niega a tocar la Ley de Desindexación y frustra la estrategia de Díaz para acercarse a la CEOE

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Las claves

El Ministerio de Trabajo negocia con Hacienda fórmulas para que la subida del SMI solo se aplique a ciertos sectores en contratos públicos.

El objetivo es lograr un acuerdo con la CEOE sobre el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 3,1% para 2026.

Existen dudas en el Gobierno sobre la viabilidad legal de la medida, ya que podría requerir modificar la Ley de Desindexación.

Hacienda se muestra reacia a cambios profundos en la Ley, pero podría aceptar ajustes menores si facilitan el acuerdo con los agentes sociales.

Este lunes el Ministerio de Trabajo, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT se vuelven a reunir para tratar, de nuevo, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026. La intención de Yolanda Díaz es que el aumento sea del 3,1%. Y su objetivo es lograr el primer acuerdo con la patronal en esta materia desde 2020.

Para ello, quiere ofrecer a la CEOE cierta indexación de las subidas de los sueldos más bajos en los contratos públicos. Las fórmulas para ello se están negociando, contrarreloj, a tres bandas entre las secretarías de Estado de Trabajo, Hacienda y Economía. Aunque el protagonismo lo tienen, principalmente, las dos primeras.

¿Qué opciones se están barajando? La idea es que los contratos públicos reflejen y estén afectados por la subida del SMI en sólo determinados sectores o profesiones. Y para ello, según ha podido saber este periódico, se buscan soluciones que se puedan gestar por la vía del real decreto, sin que sea necesario hacer cambios legislativos que deban someterse a votación en el Congreso.

Sin embargo, dentro del Gobierno hay serias dudas al respecto. Hay voces que avisan de que cualquier tipo de medida de esta naturaleza supone cambiar la Ley de Desindexación. Es decir, que requiere un cambio legislativo y, por tanto, una votación en el Congreso.

En cualquier caso, como contó EL ESPAÑOL-Invertia, María Jesús Montero no está a favor de cambiar la Ley de Desindexación por el impacto que esto podría provocar al gasto de las Administraciones Públicas. Sin embargo, sí ha abierto la puerta a ciertos cambios leves si estos facilitan las negociaciones en el Diálogo Social.

Dicho esto, todavía no hay nada cerrado en estas negociaciones. Las voces consultadas no descartan que finalmente se queden en nada.

Así, aún se ignora cuál será la oferta para indexar el SMI en los contratos públicos que presentará Trabajo a los agentes sociales (si es que finalmente la hay). Con todo, lo que sí está claro es que, para que se aplique, la CEOE debe aceptar y participar en un acuerdo para subir el SMI un 3,1%.