Yolanda Díaz y María Jesús Montero, vicepresidentas segunda y primera del Gobierno.

Yolanda Díaz y María Jesús Montero, vicepresidentas segunda y primera del Gobierno. Eduardo Parra / Europa Press.

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Hacienda, el 'muro' que bloquea el plan de Trabajo para relajar la Ley de Desindexación y aspirar a un SMI pactado con la CEOE

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Las claves

El Ministerio de Trabajo quiere relajar la Ley de Desindexación para facilitar un acuerdo con la CEOE sobre la subida del SMI.

Hacienda, responsable de la norma, se opone a modificarla para evitar un aumento del gasto público, lo que genera tensiones entre ministerios.

La Ley de Desindexación impide que los contratos públicos se ajusten a la inflación o subidas salariales, dificultando la negociación del SMI.

La Confederación Nacional de Construcción alerta de que la falta de actualización de precios amenaza la viabilidad de contratos y la ejecución de obras públicas.

El Ministerio de Trabajo se ha comprometido con los agentes sociales a relajar la Ley de Desindexación de los contratos públicos.

Una maniobra para tratar de atraer, particularmente, a la CEOE, a un acuerdo en la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Sin embargo, según indican voces cercanas a estos contactos, Hacienda, que es el departamento competente en esta materia, no estaría por la labor. Al menos por ahora.

Desde la anterior legislatura, varios ministerios se han dirigido al departamento que dirige María Jesús Montero para rebajar o anular esta norma, que impide que los contratos de las empresas con las Administraciones Públicas se adecúen y actualicen a la evolución de la inflación o los sueldos. En este caso, los aumentos del salario mínimo interprofesional (SMI).

Se trata de algo que, a día de hoy, impide la Ley de Desindexación de la Economía Española. Se aprobó de la mano de Cristóbal Montoro en 2015. Y Montero la ha mantenido en vigor.

Como ha contado ya EL ESPAÑOL-Invertia, esta norma ha provocado importantes enfrentamientos entre los ministerios. Sin embargo, los de Hacienda y Economía la defienden con uñas y dientes, dado que cuentan con esta norma para que no se dispare el gasto público.

Esto va contra la posición del resto de ministerios, que ven limitada su capacidad de negociación con los agentes sectoriales. Esta situación llevó, durante la crisis inflacionaria en materias primas desatada por la guerra en Ucrania, a que se dispararan las licitaciones públicas desiertas.

El Ministerio de Hacienda declina hacer comentarios al respecto. Pero el movimiento de Yolanda Díaz no ha gustado entre los de María Jesús Montero. Hay quien considera que, después de cerrar el capítulo del IRPF en el SMI, Trabajo busca campos de enfrentamiento con los que probar su independencia del PSOE dentro del Gobierno.

En el propio Diálogo Social son escépticos. Aunque el movimiento ha llevado a que la CEOE se plantee acercarse a un acuerdo para subir el SMI este 2026, consideran que es un 'farol' de la propia Díaz.

En cualquier caso, Trabajo baraja la medida desde antes de que acabara 2025, como ya adelantó este periódico. Saben que es una de las principales reclamaciones de CEOE (que también comparten los sindicatos) desde la década pasada. De hecho, suele surgir en las negociaciones anuales sobre el SMI.

De hecho, la propia Confederación Nacional de Construcción (CNC) reiteraba este jueves que el cambio en la Ley de Desindexación es urgente.

"La falta de actualización de precios, especialmente de la mano de obra, pone en riesgo la viabilidad de los contratos y puede frenar la ejecución de las obras, además de afectar directamente a los salarios de los trabajadores", indicaba la empresarial en un comunicado.

"Cuando no se ajustan los contratos públicos a los precios de mercado, se producen retrasos, abandonos de obras y ralentizaciones, lo que resulta especialmente preocupante en un momento como el actual, teniendo en cuenta la necesidad de ejecutar los fondos europeos para la construcción de grandes obras públicas e infraestructuras, así como para aumentar la oferta de viviendas", añaden.