El Tribunal de Cuentas halla irregularidades en ERTE-Covid que beneficiaron a 278.000 empresas y 1,7M de trabajadores

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor habilitados por la irrupción de la Covid en 2020 fueron una de las principales herramientas para evitar el derrumbe del empleo en lo peor de la pandemia. Generaron un gasto público en prestaciones superior a los 18.000 millones de euros y ahorraron a las empresas 7.964 millones en cotizaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas avisa ahora del hallazgo de numerosas irregularidades en los expedientes que se tramitaron.

Según el informe publicado por el órgano, se han detectado "indicios de incumplimiento" en miles de ERTE-Covid que afectarían a 278.757 empresas y a 1,7 millones de trabajadores.

Estas cifras suponen cerca de la mitad de las empresas beneficiadas (en total, se acogieron a este instrumento 558.350 empresas) y más de un tercio de los trabajadores (4,1 millones).

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El Tribunal de Cuentas ya ha comunicado dichas irregularidades a la Inspección de Trabajo, para que tome medidas. Pero hay más.

El órgano también ha detectado 10.896 beneficiarios de prestaciones cuya inactividad no había sido comunicada por sus empresas a la Seguridad Social. Un colectivo que, aparentemente y sin justificación, recibió 24.656.594 euros en prestaciones.

Así, ha pedido al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que analice y revise el "adecuado reconocimiento" de estas prestaciones.

El análisis del Tribunal se extiende de 2020 a 2022. De hecho, a finales de 2022, el 38% de las personas que se acogieron ERTE no había retornado a su centro de trabajo.

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Así, una vez finalizadas las ayudas, seguían inactivas 411.310 empresas acogidas inicialmente a los ERTE. Y sólo el 62,21% de las personas trabajadoras había retornado a su mismo centro de trabajo.

Este elevado número de empresas inactivas, que no disueltas, determina según Cuentas que el sistema de protección habilitado por el Gobierno "no fue suficiente".

Además, no se había recuperado el volumen de personal preexistente al inicio de la pandemia, existiendo un déficit del 6,48% con respecto al 1 de marzo de 2020.

Si bien las medidas fueron eficaces para contener el impacto económico de la pandemia en sus peores momentos, el organismo advierte de deficiencias en el procedimiento de gestión y apunta especialmente a la Dirección General del Trabajo.

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Señala que la institución no disponía de una aplicación informática específica para tramitar los ERTE, lo que dificultó la trazabilidad de estos expedientes. Cabe recordar que se pasó de 96 solicitudes al año a 5.000 semanales por la crisis sanitaria. Y en muchas ocasiones

Más si cabe cuando las solicitudes de ERTE se dispararon en la crisis sanitaria, de forma que de un promedio de 96 solicitudes anuales se pasó a 5.000 semanales que se gestionaron de formal manual en muchas ocasiones.

Esto conllevó a la emisión de resoluciones "contradictorias, incongruentes y duplicadas", advierte el Tribunal de Cuentas. Además, la falta de coordinación y comunicación entre las autoridades laborales competentes ha impedido un control adecuado sobre los ERTE-Covid"provocando, en ocasiones, la autorización por órganos que no eran competentes", como es el caso de Tragsatec.

Asimismo, el órgano recalca que el SEPE se vio desbordado porque sufre un "déficit estructural y permanente de su plantilla", pues ha perdido un 15% de su personal funcionario de carrera entre 2018 y 2022. El organismo ha ido cubriendo esas plazas con personal interino, que ha aumentado hasta en un 47%.