La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una reunión en Bruselas
Bruselas pide al TJUE que multe a España por incumplir la normativa europea sobre condiciones laborales
El Gobierno de Sánchez no ha incorporado a la legislación nacional las reglas de la UE que exigen que los trabajadores reciban información sobre aspectos esenciales de su empleo, como el tiempo de trabajo y la remuneración.
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La Comisión de Ursula von der Leyen ha decidido este miércoles pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que imponga sanciones económicas crecientes a España por no haber incorporado a su legislación nacional la directiva sobre "condiciones laborales transparentes y previsibles en la UE".
La norma en cuestión se aprobó en 2019, cuando Pedro Sánchez ya era presidente del Gobierno y Yolanda Díaz ministra de Trabajo. Los derechos y obligaciones recogidos en ella tendrían que haberse aplicado a todas las relaciones de trabajo a más tardar el 1 de agosto de 2022.
La directiva exige, por ejemplo, que los trabajadores reciban información oportuna y completa sobre aspectos esenciales de su empleo, como el tiempo de trabajo y la remuneración. Según las medidas notificadas a la Comisión por el Gobierno de Sánchez, España no dispone de tales normas.
El Ejecutivo comunitario lanzó un procedimiento de infracción contra España mediante el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades españolas en septiembre de 2022, seguida de un dictamen motivado en junio de 2023.
En febrero de 2025, el Gobierno de Sánchez notificó a la Comisión medidas nacionales que, según el análisis de Bruselas "transponían algunas de las disposiciones de la directiva al derecho nacional, pero no todas".
La Comisión considera que, hasta la fecha, "los esfuerzos de las autoridades españolas han sido insuficientes", por lo que va a denunciar a España ante el TJUE y solicitar que se impongan sanciones financieras, cuyo importe no se ha desvelado.
La directiva "ofrece derechos laborales amplios y actualizados y protección a los casi 200 millones de trabajadores de la UE", según destaca Bruselas.
Con estas normas, los trabajadores tienen, por ejemplo, derecho a una mayor previsibilidad en relación con las asignaciones de tareas y el tiempo de trabajo. También tienen derecho a recibir oportunamente información más completa sobre aspectos esenciales de su trabajo, como el tiempo de trabajo y la remuneración
Las normas de la UE también fija para los trabajadores unas condiciones laborales mínimas, como la limitación del período de prueba a un máximo de seis meses. "En particular, estas normas benefician a entre dos y tres millones de trabajadores en formas de empleo precarias", destaca el Ejecutivo comunitario.
