La red que perpetró un fraude millonario contra el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), desarticulada por la Policía Nacional, estaba tan organizada y diversificada que habían conformado una estructura con cinco eslabones en la cadena de mando. En total, 25 personas han sido detenidas en distintas localidades de Madrid por integrar esta red dedicada a defraudar millones de euros a esta entidad pública.

En la operación, adelantada por EL ESPAÑOL, los agentes de la Policía Nacional han logrado cifrar los expedientes ilícitos identificados en más de 400. Todos se formalizaron entre los años 2020 y 2024. Entre los arrestados se encuentran cuatro empleados públicos y cuatro trabajadores de entidades bancarias.

La fase de explotación de esta investigación se desarrolló la pasada semana con la realización de 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid y la detención de los integrantes de la red, quienes fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.

La investigación arrancó en el mes de diciembre de 2022. Todo comenzó al detectar irregularidades en la actividad de diversos empleados dedicados a la tramitación de prestaciones de desempleo. En concreto, el análisis informático reveló el acceso injustificado a múltiples expedientes, en su mayor parte relativos a operaciones de capitalización de la prestación por desempleo.

Esta medida está dirigida a fomentar el autoempleo y permite que los perceptores de la ayuda contributiva puedan destinar la totalidad de la prestación que tienen pendiente por percibir para sufragar los gastos necesarios para constituirse como trabajadores por cuenta propia.

[Detenidos tres funcionarios de servicios públicos de empleo por un fraude millonario en la capitalización del paro]

Las pesquisas policiales posteriores descubrieron un entramado del que formaban parte funcionarios de los servicios de empleo público, empleados de banca y gestores administrativos, entre otros. Todos ellos se integraban en una organización con un claro reparto de funciones y una estructura distribuida en cinco eslabones.

La estructura

En primer lugar, la organización contaba con dos varones que desempeñaban el rol de dirección y captación de clientes, trazando estrategias respecto a qué tipo de solicitudes se debían realizar y calculando el margen de beneficio de cada prestación. Este oscilaba entre el 25% y el 40% del montante total de la capitalización.

Asimismo, establecían los contactos con los clientes, a los que dirigían hasta una gestoría del distrito madrileño de Latina. En este local se formalizaban los trámites documentales necesarios para sustentar las solicitudes, integrándose en este segundo grupo de la organización sus responsables y trabajadores.

Estos trámites sustentaban la solicitud de ayudas para adquirir vehículos o material informático que debía servir como capital inicial para comenzar con la actividad del desempleado por cuenta propia.

Sin embargo, dichas compras eran acreditadas mediante facturas falsas, actuando en connivencia con dos varones, uno de ellos dedicado a gestiones administrativas de tráfico y un segundo que regentaba un concesionario de vehículos próximo a la oficina de la trama en el distrito de Latina.

El tercero de los roles de relevancia dentro de la organización era el relativo al seguimiento de expedientes y asesoramiento, el cual era desempeñado por los empleados públicos detenidos. Uno de ellos pertenecía al SEPE y los otros tres a la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. Eran ellos quienes hacían uso de sus credenciales de acceso a las bases de datos del SEPE para realizar una labor de consulta sistemática y diaria de los beneficiarios y expedientes de interés.

Así, los empleados públicos controlaban los trámites desde su inicio hasta el momento final del abono de la prestación. A cambio de estas labores, los mencionados empleados públicos recibían pagos mensuales constantes por parte de los responsables de la organización, que podían alcanzar hasta los 50.000 euros.

En el cuarto eslabón emerge la importancia de los empleados de entidades bancarias, quienes se dedicaban al control de beneficiarios y pagos. Previamente, los responsables de la organización les habían contactado para que se encargaran de abrir cuentas bancarias que eran aportadas al SEPE como cuentas de destino de las prestaciones ilícitamente obtenidas.

Imagen de archivo de una oficina de empleo. EFE

De esta forma, estas personas controlaban los movimientos bancarios y se aseguraban de que la red percibiera las cantidades acordadas mediante retenciones de saldo u órdenes de pago diferidas por el montante acordado, que oscilaba entre el 25% y el 40% de la prestación.

Una vez asegurado el beneficio de la estructura, por parte de los beneficiarios se realizaba la transferencia de las cantidades comprometidas, entrando en el apartado final de la investigación, el de recepción de beneficios. Éstos eran destinados a cuentas bancarias controladas por las sociedades en las que participaban los miembros de la organización o a cuentas personales de los mismos.

16 registros

En los registros efectuados se intervinieron equipos informáticos y dispositivos móviles, relojes de alta gama, más de 25.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y abundante documentación, entre otros efectos.

Desde el momento inicial de la investigación antes descrita, la comunicación y coordinación entre la Policía Nacional y los departamentos de empleo de las dos administraciones públicas concernidas –Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE (Ministerio de Trabajo y Economía Social), la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid (Consejería de Hacienda y Empleo)– resultó ser completa y de gran eficacia, estableciéndose desde el primer momento como objetivo común el esclarecimiento de los hechos.