Tras más de dos años de negociaciones (cuya recta final ha sido particularmente accidentada), los ministros de Empleo de los Veintisiete han aprobado finalmente este lunes una versión descafeinada de la 'Ley Rider' de la Unión Europea. Lo han hecho pese a la falta de apoyo de Francia y Alemania (algo inédito en Bruselas por tratarse de las dos grandes potencias comunitarias) y en tiempo de descuento, al borde del final de la legislatura.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que fue una de las grandes impulsoras de esta norma en presidencia española, se ha sumado al compromiso final diseñado por Bélgica pese a admitir que no le parece lo suficientemente ambicioso.

"No es un acuerdo perfecto, no nos entusiasma", ha dicho Díaz en el debate público. En presidencia española, la vicepresidenta ya cerró un principio de acuerdo con la Eurocámara en diciembre, que fue tumbado después por los Gobiernos de la UE por considerarlo demasiado reglamentista. Bélgica alcanzó un segundo acuerdo en febrero, que tampoco fue ratificado por los Estados miembros.

[Francia y Alemania tumban la 'Ley Rider' de la Unión Europea que impulsó Yolanda Díaz]

El pacto final de este lunes (prácticamente la última oportunidad antes de las elecciones, cuando la 'Ley Rider' parecía ya enterrada) ha sido posible gracias al cambio de bando de Grecia y Estonia, que en la anterior votación del 16 de febrero se abstuvieron y este lunes se han pasado al sí. Alemania se ha mantenido en la abstención debido a las discrepancias internas en la coalición de Gobierno (y al rechazo de los liberales de Christian Lindner).

Por su parte, Francia ha exigido más garantías de que los Estados miembros tendrán la última palabra en la aplicación de la directiva (que de momento no ha obtenido) antes de pasarse al sí. París y Berlín se oponen a la 'Ley Rider' porque rechazan lo que consideran una reclasificación forzosa de los autónomos en asalariados. Pero sin el apoyo de ningún otro país, no han logrado la minoría de bloqueo suficiente para tumbar la directiva.

De hecho, la norma tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en plataformas digitales como Uber, Deliveroo o Glovo, y acabar con los falsos autónomos. Más de 28 millones de personas en la UE trabajan a través de una o varias de estas plataformas digitales y se prevé que en 2025 esa cifra alcance los 43 millones. 

Según los cálculos de Bruselas, la gran mayoría de las personas que trabajan mediante plataformas digitales son auténticos autónomos. Sin embargo, se estima que un total de 5,5 millones de trabajadores están clasificados como independientes de forma incorrecta, lo que limita sus derechos sociales y les condena a la precariedad.

La versión original del texto presentada por Bruselas en diciembre de 2021 establecía una serie de criterios de control comunes para determinar si la plataforma es un 'empleador'. Por ejemplo, fijar límites máximos de remuneración; supervisar la realización del trabajo con medios electrónicos; o restringir la libertad de los trabajadores para escoger sus horarios o periodos de ausencia.

Sin embargo, en la recta final de las negociaciones, los Gobiernos han descafeinado considerablemente la propuesta. El texto final aprobado este lunes suprime los criterios comunes a nivel de la UE y se deja libertad total a los Estados miembros para fijarlos en su legislación nacional.

Esta es precisamente la principal crítica de Yolanda Díaz, que considera que de este modo los trabajadores tendrán diferentes niveles de protección según el Estado miembro en el que se encuentren. Para la vicepresidenta, el gran avance de la directiva es el refuerzo de la transparencia y el control humano de los algoritmos utilizados por las plataformas para la gestión de sus trabajadores.