"La sentencia analiza una normativa europea que dice que hay abuso de contratación y fraude cuando se van encadenando contratos en situación precaria", explica el socio de Derecho Público y Regulatorio en Ceca Magán, Rafael Ariño.

Esa normativa "deja libertad a los estados miembros" para que adopten las medidas que estimen oportunas para acabar con la temporalidad en el sector público. Esa misma libertad de la norma es la que impide al TJUE "entrar en el tratamiento interno que han hecho los países".

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Esta no es la primera sentencia del TJUE al respecto, pero sí la que va más lejos. "El TJUE analiza las medidas del legislador español y dice que son insuficientes. Lo segundo que dice son las medidas que cree suficientes", añade Ariño.

Sus dos propuestas pasan por exigir responsabilidades a las Administraciones Públicas por retrasar las acciones para reducir la temporalidad, en este caso, por no convocar oposiciones, y por convertir a los interinos en fijos. Pero hay letra pequeña. 

La sede del TJUE en Luxemburgo TJUE

"El Tribunal no se mete. No se lo puede imponer a España, pero si apreciados los mecanismos (para reducir la contratación abusiva), se llega a la conclusión de que el legislador no ha hecho suficiente, el TJUE considera que un mecanismo de conversión automático sería una decisión suficiente", continúa el socio de Derecho Público y Regulatorio en Ceca Magán.

Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice a España lo que podría hacer, consciente de que no tiene obligación de hacerlo. De hecho, topa con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya ha dejado claro que "los trabajadores interinos no pueden convertirse en fijos por el sólo transcurso del tiempo" y deben pasar un proceso de selección basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Contrariar la jurisprudencia

El fallo del TJUE, conocido este jueves, se refiere a los litigios en los que tres trabajadores se enfrentan a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y a la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid, respectivamente.

Los denunciantes han trabajado, desde 1994 en los dos primeros casos y desde 1998 en el tercero, con contratos temporales sucesivos. Los tres piden que se reconozca que la relación laboral que mantienen con la administración pública es de trabajadores fijos o indefinidos. Los tres casos han acabado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es el que ha preguntado al TJUE.

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"El TJUE cree que una conversión automática en fijos sería razonable y que si el TSJM considera que España está incumpliendo la normativa europea para combatir el fraude (en la contratación), aunque el Supremo haya dicho que es contrario, anima a que se fuerce el cambio", prosigue Ariño. 

De esta manera, el TJUE alienta al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a contrariar al Supremo, para que, en un recurso, el Supremo analice el caso y decida si rompe o no la jurisprudencia. Por tanto, para que decida si se pueden convertir automáticamente los interinos en fijos sin necesidad de oposición.

El fallo del TJUE no implicará que los cerca de un millón de interinos del sector público pasen a ser indefinidos de manera automática. "A nadie se le va a reconocer ni la fijeza ni la indemnización si no pasa por el juzgado", advierte el socio director de Zeres Abogados, Fabián Valero, en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia.

Valero recalca que "una cosa es lo que diga Europa y otra lo que haga la Administración para seguir defendiéndose", porque el sector público "no va a hacer fijo a nadie" de manera automática. "El que quiera ser fijo (sin oposición) tiene que lucharlo en los juzgados", apunta. 

Exterior del Instituto Nacional de Administración Pública Ricardo Rubio Europa Press

Eso incluye, también, las indemnizaciones. El TJUE, en su fallo, califica como insuficiente la indemnización tasada de 20 días de salario por cada año trabajado (con el límite de una anualidad) que establece la legislación española para los trabajadores afectados por el uso abusivo de contratos temporales. 

"El abono de una indemnización por extinción de contrato no permite alcanzar el objetivo perseguido por el Acuerdo Marco de prevenir los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada", dice la sentencia.

"Ya que ese abono parece ser independiente de cualquier consideración relativa al carácter legítimo o abusivo de la utilización de dichos contratos", añade.

Aunque Valero es poco optimista sobre la reacción del Estado, ya que estas reivindicaciones llevan más de 20 años, cree que la última sentencia del TJUE "es de las más contundentes". Con este respaldo, el socio director de Zeres Abogados sostiene que ahora existen "argumentos más que de sobra para justificar que se les declare fijos o que sean indemnizados".

Además, recuerda que "las sentencias del TJUE tiene carácter de aplicación general para todo el Estado". Así, más allá de que el litigio proceda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no es sólo para esa comunidad, sino para todo el sector público. 

Respuesta del Gobierno

En pleno proceso de transformación y modernización de la Función Pública, el Gobierno "está estudiando el contenido" de la sentencia del TJUE, según comentan fuentes de la cartera de José Luis Escrivá a EL ESPAÑOL-Invertia. A la espera de un análisis más exhaustivo del fallo, en la Secretaría de Estado de Función Pública aseguran que ya se trabaja en "reducir las tasas de temporalidad y precariedad que existen".

"Para ello se ha tomado la decisión, como indicó el ministro durante su comparecencia de Líneas Generales en el Congreso, de eliminar la tasa de reposición y su sustitución por la gestión previsional de efectivos", agregan esas mismas fuentes.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá. Eduardo Parra Europa Press

También señalan que en Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia (PRTR), España se comprometió a reducir 300.000 plazas temporales antes de finales de 2024, "Ya se ha cumplido el 75% de ese compromiso", defienden.

Al margen de lo que decida el Gobierno, los trabajadores interinos celebran la decisión del TJUE. El portavoz de la Plataforma de Interinos de La Rioja, Jorge Azón, uno de los más beligerantes con esta causa, afirma que ese fallo era esperado. 

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"No nos ha sorprendido. Estamos súper contentos. Por fin dice lo que llevábamos tiempo queriendo oír y que teníamos muy claro que era así", recalca a EL ESPAÑOL-Invertia.

Azón cree que el fallo "da una bofetada tremenda a los tres poderes del Estado" y, también, a los sindicatos que, a su juicio, "no están defendiendo a los trabajadores. "Ahora la pelota está en el tejado de la Administración, sería una irresponsabilidad y una desfachatez judicializar todo el asunto", avisa. 

Para el portavoz de la Plataforma de Interinos de La Rioja, la solución pasa por cumplir con el fallo del TJUE y "regularizar inmediatamente a todo el mundo" que se encuentra en esa situación de fraude dentro del sector público. De no ser así, ya alerta de que se irá por la vía judicial.