La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere materializar en esta legislatura una idea que le ronda desde hace algunos años: democratizar las empresas españolas. Con el artículo 129 de la Constitución como referencia, la líder de Sumar pactó con el PSOE, en su acuerdo de coalición, impulsar "una participación más eficaz" de los trabajadores en las compañías.

En la práctica, implicaría sentar a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas para incluirles en la toma de decisiones. Díaz defendió hace unas semanas, durante su comparecencia en el Congreso, que esta medida repercutiría en la "eficiencia empresarial y mejoraría la productividad".

La vicepresidenta segunda toma como referencia en España el caso de Navantia, una empresa pública, y el modelo de relaciones laborales alemán, donde la cogestión existe desde hace décadas. Sin embargo, la realidad del tejido empresarial de ambos países es bien distinta. 

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. Eduardo Parra Europa Press

"Comparar el sistema español con el alemán ahora no tiene ningún sentido. No tiene nada que ver, tiene un nivel de industrialización que ya lo querríamos aquí", apunta a EL ESPAÑOL-Invertia el socio del Área Laboral de RocaJunyent, Alberto Novoa.

La estadística de empresas inscritas a la Seguridad Social refleja que el 99,5% de todas las registradas en diciembre eran pequeñas y medianas empresas (pymes), con menos de 250 empleados. Las micropymes, con menos de 10 personas en plantilla, suponían el 85,08% del total del tejido empresarial al cierre de 2023.

[578 euros al mes, la diferencia entre trabajar en una empresa grande y una pequeña]

Ante ese escenario, la socia del Área Laboral de Ceca Magán, Ana Gómez, admite que habría "que pulir mucho cómo implantar algo así en España". No obstante, cree que "el mapa de pymes no impediría una reforma de calado como podría ser esta" y pone como ejemplo la aplicación de los planes de igualdad.

Además, Gómez considera que, por el momento, "falta cultura" para implantar esta medida que "está en la Constitución, pero no ha tenido mucho desarrollo en el sector privado". Para Novoa, este debate carece de recorrido y recuerda que ese modelo ya existió en la dictadura y "el tiempo y el desuso demostró que no era efectivo". 

Avance o garantismo

El socio del Área Laboral de RocaJunyent defiende que el sistema actual es "suficientemente garantista y cada vez más" y recalca que la representación de los trabajadores en las empresas no es deficitaria. Novoa entiende que "los órganos de gestión de la empresa son para el negocio", mientras que para la gestión de las personas están "los comités de empresa y las organizaciones sindicales". 

"Los derechos de información, de participación y de negociación que el ordenamiento jurídico laboral garantiza son extraordinariamente amplios y suficientes como para asegurar la participación social en el funcionamiento de la empresa", subraya en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia.

(I-D) El presidente de la Cepyme, Gerardo Cuerva; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el secretario general de CCOO, Unai Sordo y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. A. Pérez Meca Europa Press

En cualquier caso, Novoa insiste en que el artículo 129 "no es un derecho fundamental", ya que se ubica en la parte programática de la Constitución, y avisa de que no está demostrado que una potencial presencia sindical en los órganos de la empresa "genere un beneficio adicional". 

Gómez discrepa con esa visión. La socia del Área Laboral de Ceca Magán sostiene que si el Gobierno impulsara el artículo 129 de la Constitución, supondría "un avance socialdemócrata". "La filosofía que lleva implícita es que los trabajadores participen en la gestión de las empresas", agrega. 

La presencia de los trabajadores en los consejos de administración conllevaría que tuvieran "voz y voto en la toma de decisiones", pero también responsabilidades. Por esa razón, la socia de Laboral de Ceca Magán apuesta por "una reforma consensuada entre patronal y sindicatos", en el caso de que se haga, y vaticina cierta "oposición por parte de las patronales".