Los funcionarios cargan contra la reforma de las oposiciones de Óscar López: baja la exigencia y no arregla los problemas

El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública ha presentado este lunes el documento Consenso por una Administración Abierta. Una estrategia con la que el Gobierno quiere transformar la Administración para adaptarla a los nuevos procesos tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial (IA).

Dentro de la amplia lista de medidas que incluye este plan destaca especialmente la implementación de un modelo de acceso a la función pública, que afectará especialmente a los funcionarios de más alto nivel: los incluidos en los grupos AI y A2.

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En concreto, tras superar un primer examen, los aspirantes a una plaza del Grupo A deberán realizar un curso de posgrado de dos años. Una vez finalizado, "sólo los mejores", es decir, aquellos que saquen mejor nota, serán los que obtengan la plaza de funcionario. El resto recibirá un título oficial.

Estos cambios no han sido bien acogidos de entrada por las organizaciones que representan a varios grupos de funcionarios, que han cargado tanto contra el fondo como contra la forma en la que se ha hecho este anuncio.

Graves problemas

Desde CSIF señalan que aún tienen que analizar en detalle la nueva estrategia presentada por el Ministerio. Sin embargo, sí adelantan que este nuevo plan no va a ayudar a resolver los problemas que atraviesa actualmente la Administración Pública en España.

"Es una propuesta que debemos analizar. Pero lo que tenemos claro es que esto no va a solucionar los graves problemas de nuestras administraciones y sus profesionales", remarca Miguel Borra, presidente de CSIF.

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En concreto, señala el déficit que existe actualmente en las plantillas públicas, ya que se calcula que el 60% de los funcionarios se va a jubilar en los próximos diez años. Tampoco la alta temporalidad en el sector público, que ronda el 30%, incumpliendo el mandato de la Unión Europea (UE).

En este sentido, Borra carga contra unos procesos selectivos demasiado lentos, que hacen que cada año caduquen miles de plazas por inactividad de las administraciones, así como contra el mantenimiento de la tasa de reposición "que impide reforzar y dimensionar las plantillas".

Imagen de archivo de una manifestación de CSIF.

Sobre esta tasa, el Ministerio ha rechazado esta valoración, ya que, según ha asegurado, ha dejado de ser "un problema". "El plan de hoy es una superación del viejo modelo de tasa de reposición, que es un mero cálculo cuantitativo", ha incidido López, quien ha puesto el foco en el análisis cualitativo.

A este respecto, hay que recordar que José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España y predecesor de López en el Ministerio, anunció hace año y medio su intención de eliminar la tasa de reposición este 2025, sin que por el momento el Gobierno haya adoptado ninguna decisión al respecto.

Rotundo rechazo

Por su parte, un grupo de asociaciones de cuerpos superiores de la Administración pública española, han emitido un comunicado conjunto en el que manifiestan su “rotundo rechazo” a la propuesta de del Ministerio de Función Pública.

En concreto, muestran su “elevada preocupación ante la imposición, sin ningún tipo de consenso”, de un nuevo sistema de selección de personal, “bajo la falsa idea de modernizar y democratizar el acceso a la función pública española”.

Entre las entidades firmantes de este documento se encuentran Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Asociación de Fiscales (AF), Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI) y el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS)

También la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Apsital), la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación de Abogados del Estado y la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado (Acsiae).

Procesos a la carta

En concreto, estas asociaciones remarcan que el documento entraña "un grave peligro", ya que pretende sustituir los actuales procesos selectivos, "exigentes e imparciales", por "procesos a la carta que pondrán en peligro la preparación del funcionario y que entrañan una injerencia política inadmisible y sin precedentes en nuestra democracia".

En un comunicado aparte, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) añade que este modelo atenta "contra la objetividad, el mérito y la capacidad". De hecho, cree que supondrá una mayor "subjetividad" en los procesos y una rebaja de la exigencia tanto de los criterios como de los conocimientos para acceder a una plaza de carrera.

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En su opinión, "los funcionarios ya no tendrán, sin duda alguna, la misma preparación que antes". "La captación de talento no puede implicar, bajo ningún pretexto, que se introduzcan criterios que se traduzcan en una desaparición de la actual objetividad que emana de nuestros sistemas de acceso a la función pública o en una rebaja de criterios para el acceso a la misma", incide.

Para la IHE, la intención es evidente: "demoler la Administración pública a través de la demolición del capital humano".

Por su parte, las asociaciones firmantes remarcan que los procesos selectivos vigentes garantizan el acceso en condiciones de mérito, capacidad e igualdad, "en especial de género, que ahora, para sorpresa de los funcionarios, se habla de garantizar ex novo con este nuevo proceso".

"En última instancia, la preparación no podrá garantizarse y, por lo tanto, el servicio público prestarse, en las mismas condiciones que hasta este momento, por lo que nuestros ciudadanos serán los primeros afectados por este nuevo sistema de selección", denuncian.

Falta de consenso

Pero los Inspectores de Hacienda no cargan únicamente contra el fondo, sino también contra las formas. Así, denuncian que el Gobierno ha presentado "con media España de vacaciones" un papel "lleno de ambigüedades, palabras incomprensibles y vacías, incongruencias y conclusiones que entrañan un gravísimo peligro para el futuro de la función pública española".

Además, ven "llamativo" que el título del documento sea Consenso por una administración abierta, "puesto que ni ha habido consenso ni se ha querido escuchar a quienes de Administración saben". De hecho, aseguran que en la IHE llevan años dando a conocer su opinión sobre todo estos aspectos, pero han sido "ninguneados" por los gobernantes.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presenta el 'Consenso por una Administración Abierta'. Gustavo Valiente Europa Press

En la misma línea se pronuncia el comunicado conjunto de todas las asociaciones, que señala que el Ministerio no ha tenido en cuenta la opinión de los cuerpos funcionariales que se verán afectados por este nuevo sistema, "que ha sido siempre mantener el actual nivel de exigencia y transparencia en la selección del funcionario".

Asimismo, denuncian que no se haya tenido en cuenta a los opositores que están preparando, "con un enorme esfuerzo personal y económico, una dura oposición y que verán truncadas sus aspiraciones con este sistema que nada tiene que ver con el actual".

Salarios

Desde CSIF, Borra recuerda además que en la función pública en España se caracteriza por "salarios bajos y desiguales entre administraciones haciendo el mismo trabajo". Además, reclama al Gobierno que se siente a negociar las subidas para este y los próximos años.

"Estamos casi en agosto y seguimos sin subida", ha dicho el presidente de CSIF quien ha anunciado que el sindicato tiene intención de "retomar las movilizaciones en septiembre".

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Sobre este asunto, el plan apunta que se llevará a cabo un análisis y valoración de los puestos de trabajo que existen en el conjunto de la administración estatal con el fin de "objetivar las decisiones relativas a la estructura retributiva".

También se estudiará el diseño de incentivos para puestos directivos con el fin de orientar su gestión a la obtención de resultados. También se identificarán elementos de carácter no retributivo que contribuyan a retener el talento, como la flexibilidad y la conciliación, los programas de acción social o la promoción profesional, entre otros.