Elma Saiz tomará posesión de su cargo este martes. La nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se pondrá al frente de una cartera con la mayor parte de las negociaciones cerradas y, a priori, sin muchos frentes abiertos. No parecen esperarle grandes sobresaltos en la gestión, aunque le tocará rejuvenecer a uno de los organismos más envejecidos de toda la Función Pública y revisar las proyecciones del gasto en pensiones, de las que los expertos empiezan a dudar.

Saiz llega a Madrid procedente del Ayuntamiento de Pamplona, donde hasta este lunes era concejala. Acumula una trayectoria política de dos décadas y se ha curtido en los asuntos gubernamentales autonómicos. La nueva ministra fue delegada del Gobierno en Navarra y, también, consejera de Economía y Hacienda en el Ejecutivo de la socialista navarra María Chivite.

Esta fue quien recomendó a su "amiga y compañera" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consciente de que Saiz se ha bregado en la negociación de unos presupuestos "complicados" durante su mandato y garante de que será capaz de hacer lo mismo al frente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite (d), habla con la entonces consejera de Economía y Hacienda de Navarra, Elma Saiz (i), en una imagen de archivo. Eduardo Sanz Europa Press

Saiz sustituirá a José Luis Escrivá, que se marcha al nuevo Ministerio de Transformación Digital con todos los deberes hechos, al menos sobre el papel. La reforma de las pensiones ya tiene sus dos patas cerradas y la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se aprobó con el visto bueno de todas las asociaciones de trabajadores por cuenta propia. Además, la Seguridad Social ha llegado a su máximo histórico de cotizantes, por lo que el camino parece despejado para la nueva ministra.

Tras esa apariencia de Ministerio "tranquilo" para esta legislatura, ya empiezan a aparecer algunas dudas sobre las proyecciones del gasto en pensiones de la reforma de Escrivá y tampoco cesan las críticas a la falta de personal en las oficinas de la Seguridad Social.

"Poco plausibles"

En octubre, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones presentó su informe "Proyecciones del Gasto Público en Pensiones en España", con el que daba por cumplida la reforma y sus compromisos por Bruselas.

Las críticas no tardaron en llegar y se sumaron a las de otros organismos, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ya venía cuestionando a Escrivá desde hacía meses. Esta vez las dudas llegaron de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

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En su estudio, encontraron "poco plausibles" las previsiones de la Seguridad Social y sostuvieron que "se apoyan en supuestos demográficos y macroeconómicos más favorables que los utilizados por otras instituciones, así como en estimaciones no suficientemente documentadas y en ocasiones poco creíbles de los efectos presupuestarios de algunas de las medidas de la reciente reforma".

Frente a las estimaciones del Gobierno, en Fedea prevén un crecimiento sustancial del gasto en pensiones neto de nuevos ingresos, que rondaría los 1,5 puntos del PIB en promedio entre 2022 y 2050, y excedería los 3,5 puntos en 2050.

Elma Saiz y José Luis Escrivá en una imagen de archivo. Gobierno de Navarra Europa Press

Además de revisar esas perspectivas, si llega el caso, Saiz tendrá que negociar con los agentes sociales la jubilación parcial y el contrato de relevo. Este cambio está recogido en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, y busca que se tenga en cuenta la mayor penosidad del desarrollo de algunas actividades. 

Entre las tareas de esta legislatura, el pacto de Gobierno también le encomienda a la cartera de Saiz la revisión y mejora del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Plantilla envejecida

Uno de los problemas que arrastra la Seguridad Social, agudizado durante la pandemia, es la edad media de sus funcionarios, cercanos a la edad de jubilación, cada vez más próximos y en mayor cantidad.

El "Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado 2022 y proyección futura a 2032", elaborado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública contabiliza 25.236 efectivos en las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social -Imserso, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Instituto Social de la Marina (ISM), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y Gerencia de Informática-. 

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De esos más de 25.200 funcionarios, el 80,89% contaba con 50 años o más. Estas personas, muchas de ellas encargadas de la gestión de pensiones o del pago del IMV, se jubilarán en los próximos años, y los sindicatos reclaman más personal para cubrirlas y para garantizar estos servicios a la ciudadanía. 

Escrivá se ha despedido en su cuenta de X (antes Twitter) con una valoración de su gestión, entre la que destaca la incorporación de personal con "ofertas de empleo históricas". 

En la última Oferta de Empleo Público (OEP), el Gobierno aprobó casi 40.000 plazas, entre turno libre y promoción interna. De esas, 2.500 se destinarán a entidades gestoras de la Seguridad Social y 1.025 estaban pensadas para la gestión del Ingreso Mínimo Vital. 

Además, en esta legislatura, y sobre todo, después de la pandemia, la Seguridad Social ha recibido numerosas críticas ciudadanas por la atención en sus oficinas ante la falta de personal y la dificultad para conseguir cita previa para poder acudir de forma presencial.

El acuerdo de Gobierno también promete implantar un "nuevo modelo de atención presencial a la ciudadanía sin cita previa obligatoria", con "horarios flexibles".