El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha respondido este miércoles a la reclamación de la CEOE y Cepyme sobre el mantenimiento del sistema de bonificaciones a la formación obligatoria que realizan las empresas y ha asegurado que "no ha cambiado de criterio ni ha dado nuevas instrucciones" al respecto.

Trabajo recuerda que la formación en prevención de riesgos laborales "es obligatoria" y garantiza que los trabajadores realicen sus labores "salvaguardando su seguridad y su salud en sus puestos de trabajo".

"No supone, por tanto, una mejora de sus competencias ni está destinada a la recualificación de las personas trabajadoras", precisan.

[CEOE y Cepyme piden a Trabajo que la formación obligatoria para las empresas siga siendo bonificable]

De igual manera, la cartera dirigida en funciones por Yolanda Díaz recalca que "está en contacto con los interlocutores sociales" para abordar la mejora de la formación en materia preventiva y el buen uso de los fondos de formación.

Asimismo, recalcan que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social somete sus actuaciones a la interpretación judicial.

Los empresarios defienden que el sistema de bonificaciones se aplica a las empresas que deben hacer este tipo de formación por mandato normativo o de convenio colectivo, pudiendo ser esta formación tanto transversal (por ejemplo, prevención de riesgos laborales) como sectorial (por ejemplo, manipulación de alimentos).

Según CEOE y Cepyme, el cambio de criterio para que esta formación obligatoria no sea bonificable se pretende aplicar, en algunos casos, con efecto retroactivo y con exigencia incluso de intereses y sanciones, "lo que afecta gravemente a la seguridad jurídica de las empresas, en especial de las pymes y aquellas de menor tamaño", advierten.

CEOE y Cepyme recuerdan en su comunicado que de los 2.556 millones de euros que se recaudaron en 2022 como cuota finalista de formación, el 85% fue aportado por las empresas y el 15% restante, por los trabajadores.

Marco regulador

Asimismo, y dado que cada vez existe más formación obligatoria por ley o por convenio, las patronales cuestionan "qué sentido tendría mantener la obligación para las empresas de pagar una cuota que cada vez les sirve para financiar menos formación".

La Audiencia Nacional dictó a finales de 2002 una sentencia en la que establecía que la formación de carácter obligatorio en prevención de riesgos laborales no podía ser bonificable al considerar que no se encuentra dentro del marco regulador de la formación profesional para el empleo.

Así, la Audiencia entiende que sólo pueden beneficiarse del régimen de bonificaciones las acciones que puedan calificarse como formación para el empleo, criterio que también defiende la Inspección de Trabajo en contra de lo que se ha venido admitiendo por parte del Ministerio, el SEPE, la Fundae y la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.