La debacle en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo y en las elecciones generales del 23 de julio va a pasar factura a Podemos. Y lo va a hacer en forma de ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que va a afectar a más de la mitad de técnicos de la plantilla. También se van a cerrar nueve delegaciones territoriales de la formación que en su día gestó Pablo Iglesias.

Va a ser así no sólo porque en las elecciones del 28M pasaron de 47 diputados a 15. En las elecciones del 23J, la formación morada se presentó bajo el paraguas de Sumar. Y la formación de Yolanda Díaz logró 23 escaños, de los que sólo cinco pertenecen a Podemos.

La consecuencia directa de estos malos resultados se traduce en una pérdida sustancial de ingresos. Así, la caída de votos en las municipales y autonómicas le ha supuesto a Podemos la caída del 90% de los ingresos. Ese porcentaje ha sido del 70% en las elecciones generales.

¿Cómo será la reorganización?

Fruto de esa bajada de representación, más las subvenciones y microcréditos solicitados durante las campañas electorales, han hecho que la formación liderada por Ione Belarra tenga que reorganizarse “en todos los ámbitos para adecuarnos al descenso de recursos”. Así queda reflejado en un escrito dirigido a los trabajadores.

Una reorganización que afectará a las federaciones de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia. En las mismas se prevé "la extinción de los contratos y el cierre de los centros de trabajo".

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Dicha carta, asimismo, argumenta que, “por lo expuesto, lamentamos profundamente tener que iniciar un procedimiento de expediente de regulación de empleo por razones económicas, técnicas y organizativas”. Esa comunicación fue mandada a los empleados el pasado 25 de julio, y sirve como preaviso del ERE.

A nivel de organización estatal, dicho ERE afecta a más de un 10% de la plantilla total: 106 trabajadores. De ellos, 45 vendrían de las federaciones regionales: 5 en Aragón, 7 en Asturias, 8 en Baleares, 6 en Canarias, 4 en Castilla-La Mancha, 1 en Cantabria, 3 en Galicia, 4 en Madrid y 7 en Valencia.

En lo que concierne al núcleo del partido, y su organización central, los afectados serán 43 de los 61 empleados actuales.

Se trata de las primeras estimaciones que se irán concretando tras las negociaciones que los trabajadores tendrán con Lilith Vestrynge, Secretaria de Organización de Podemos.

¿Cómo funciona un ERE?

Antes de entrar en detalle, conviene subrayar que un ERE es un mecanismo laboral que sirve para que una empresa pueda suspender o despedir a los trabajadores de manera colectiva.

Una media que está recogida en el Estatuto de los Trabajadores. Y, al contrario que el ERTE, es para siempre, no temporal.

Una oficina del SEPE, en Madrid.

Hecha esta aclaración, un ERE se puede fundamentar en causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor. Como ya hemos visto, en el caso de Podemos es por los tres primeros supuestos: económicas, técnicas y organizativas.

Según la norma, un ERE debe afectar a un número mínimo de trabajadores en un plazo de 90 días. ¿Cuántos? 10 en empresas con menos de 100 trabajadores; a un 10% de la plantilla, en empresas con entre 100 y 300 trabajadores; y a 30 en empresas con más de 300 trabajadores.

¿Cuáles son los pasos que seguirá Podemos?

Podemos, como cualquier otra empresa, debe seguir una serie de pasos una vez presentado el ERE. Para empezar, deberá abrir un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores.

El fin de dichas consultas es reducir el número de despidos. ¿Cuánto? Tanto como sea posible. Asimismo, se pretende atenuar las consecuencias de los despidos y pactar medidas que atenúen el efecto de los mismos.

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Después, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores reciben un escrito en el que se indican las causas del ERE, a quién afecta, el periodo y los criterios. Se pide un informe a la inspección de trabajo y a la Seguridad Social. Dicho informe debe estar listo en 15 días. La autoridad laboral vigilará la primera fase y podrá realizar advertencias y recomendaciones.

En el caso de los trabajadores no tuvieran representación, se podrá elegir democráticamente una comisión de trabajadores. Eso sí, el máximo son tres personas. O elegir a miembros de los sindicatos más representativos, si los hubiera. Dichos representantes recibirán una copia de la comunicación de la empresa.

¿Cuál será la indemnización?

Cómo mínimo, 20 días por año trabajado, hasta un máximo de 12 mensualidades. Aquí conviene remarcar que es posible acordar con la empresa una cuantía mayor.

Posteriormente llegará la comunicación de los despidos a los trabajadores y al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Entre el periodo de consultas y la fecha del despido debe haber pasado un mínimo de 30 días. Y se pagan las cantidades acordadas a los trabajadores a la par que se les entrega el certificado de empresa para que puedan gestionar la prestación por desempleo.

¿Pueden reclamar los trabajadores de Podemos? Sí, los 20 días hábiles siguientes al despido. En ese periodo pueden impugnar la decisión de la empresa y pedir la improcedencia o nulidad del despido. Y, en el caso de que se incumpla lo pactado, podrán reclamar por vía judicial hasta un año después.