La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejará su cartera con algunas comisiones de expertos inconclusas y varias tareas pendientes. Díaz, que ha presumido en varias ocasiones de su paciencia y sus pocas prisas para negociar, se ha encontrado con unas elecciones anticipadas que han agotado su tiempo para sacar adelante el nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI y la Ley de Racionalización de Horarios. 

El Gobierno de coalición se despedirá así de la Moncloa con varias promesas incumplidas del "nuevo acuerdo para España" que firmaron Pedro Sánchez, por el PSOE, y Pablo Iglesias, por Unidas Podemos, en diciembre de 2019, para sellar su alianza de izquierdas. Díaz asumió la cartera en 2020 con una larga lista de propuestas de empleo incluidas en ese pacto, dispuesta a someterlas al diálogo social y a la consulta de comisiones interdisciplinarias.

Con una legislatura atravesada por la pandemia, la ministra priorizó en la agenda de su ministerio cuestiones como la reforma laboral o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ambos conseguidos. Superado el coronavirus y con las nuevas leyes laborales en marcha, la vicepresidenta segunda aprovechó el 1º de Mayo de 2022 para anunciar la constitución de una comisión de expertos para abordar "la gran reforma" del Estatuto de los Trabajadores.

Los compromisos de la coalición establecían que esta actualización del Estatuto de los Trabajadores compaginara la protección de los empleados frente a los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos del siglo XXI, y reconociera derechos acordes a las nuevas realidades. La vicepresidenta segunda veía en ese texto de 1980, "querido pero viejo", tintes "autoritarios" y ha abogado en varias ocasiones por la necesidad de "reconfigurarlo".

Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia confirman que los resultados de esta comisión de expertos ya no se publicarán, puesto que la modernización del Estatuto de los Trabajadores no tendrá recorrido.

Usos del tiempo

El Gobierno de coalición se comprometió en su acuerdo de 2019 a favorecer la conciliación a través de una Ley de Usos del Tiempo y Racionalización de los Horarios. El Ministerio de Trabajo también constituyó una comisión al respecto, cuyos resultados se conocerán pronto, a pesar de que la normativa no avance, como señalan desde la cartera de Díaz.

En los últimos meses, la vicepresidenta segunda ha introducido en el debate la importancia de trabajar para vivir, y no al revés, y ha cuestionado el mantenimiento de las jornadas laborales de 40 horas. No obstante, Díaz ha precisado en varias ocasiones que el debate sobre la semana laboral "es complejo", y no debe girar sólo en torno al número de horas, sino también sobre la flexibilidad.

Por eso, la titular de Trabajo ha pedido que esta cuestión estuviera "muy bien pensada" y propiciara la negociación de la jornada entre el empleador y el empleado, ya que siempre había sido un "instrumento a favor del empresario".

Díaz también entendía que esta norma, que ya no verá la luz, al menos en esta legislatura, debía abordarse desde perspectivas feministas, ya que las mujeres eran las que veían sus carreras laborales y personales más perjudicadas por la gestión del tiempo de trabajo.

Más promesas incumplidas

El precipitado anuncio de las elecciones por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deja otras promesas de ese acuerdo de coalición sin cumplir. Algunas se quedarán encalladas en su tramitación parlamentaria y otras ni siquiera se han planteado.

El Gobierno se dejará en el tintero el Estatuto Básico del Empleado Público o la equiparación salarial en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De esa manera, los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil no verán todavía este año cómo sus salarios se sitúan al mismo nivel del de los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza.