Normalmente, se trata de empresas que operan como cooperativas de forma fraudulenta para aprovechar el régimen fiscal y societario que proporciona esta modalidad.

Para poner fin a este uso fraudulento, se van a ampliar "las causas de descalificación de las sociedades cooperativas, añadiendo un nuevo apartado" en la legislación, "cuyo objeto es facilitar un instrumento para levantar el velo respecto de situaciones diversas que ponen de manifiesto la existencia de falsas cooperativas, sin perjuicio de cuál sea el régimen jurídico real que haya que aplicar". 

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Así lo indica el anteproyecto de ley integral de impulso de la economía social, que se acaba de poner en audiencia pública. En él, hay varias nuevas condiciones dentro de esas causas de descalificación para impedir el uso fraudulento de las cooperativas, entre ellas que no puedan depender de un solo cliente.  

Concretamente, se podrá anular la condición de cooperativa a aquellas que cuya actividad principal sea "la realización, mediante la subcontratación mercantil de obras, suministros o servicios, de toda o parte de la propia actividad o de la actividad principal de otra empresa o empresas o grupos empresariales contratistas, o que realicen una actividad económica de mercado para un cliente con una dependencia de un 75% o más de la facturación anual de la cooperativa". 

Esta condición de descalificación es particular para las cooperativas de trabajo asociado, que son con diferencia las más numerosas. Sin embargo, hay más limitaciones para otros tipos de cooperativas. 

Por ejemplo, las de transportes, cuyo estatus de cooperativa será revocado "cuando la titular de la autorización de transporte sea la cooperativa y organice el transporte por sí misma o por un tercero". 

Vivienda

En el caso de las cooperativas de vivienda, perderán su condición cuando "las decisiones sobre la adquisición del suelo, la financiación, la construcción, el encargo del proyecto y la dirección de la obra y de su ejecución, así como la contratación de los demás profesionales que intervienen en el proceso constructivo, no sean adoptadas por las personas socias, sin que exista un proceso de autopromoción por parte de las personas socias cooperativistas". 

Todos estos aspectos no estaban recogidos en la legislación española de forma específica y a través de este anteproyecto de ley lo estarán. Estos incumplimientos (a lo que se suman el mal funcionamiento participativo y democrático de la cooperativa y su funcionamiento asambleario) serán perseguidos por la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social. 

Esto va a suponer más trabajo para una Inspección que en los últimos meses ha protagonizado movilizaciones laborales y huelgas históricas debido a sus condiciones laborales. Sin embargo, desde el Gobierno confían en llegar a un acuerdo con los inspectores en las próximas semanas para solucionar esta cuestión. 

Mientras, siguen sumando tareas. El último una campaña contra el fraude laboral que se inició en febrero y que ha consistido en el envío de cartas a casi 50.000 empresas sobre unos 140.000 contratos. El objetivo es localizar posibles fraudes en el uso de contratos de fijos discontinuos, particularmente en el sector de la enseñanza. 

ONU

En el final de legislatura, el Ministerio de Trabajo quiere darle un último empujón a la economía social, a nivel tanto nacional como internacional. Este martes, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, va a presentar y defender en Nueva York y ante la Asamblea General de Naciones Unidas un proyecto de resolución para la "economía social y solidaria para el desarrollo sostenible". 

Con todo, el proyecto legislativo español no satisface del todo al sector de las cooperativas. "En su conjunto, es un texto positivo para la economía social. Sin embargo, en lo que atañe a las cooperativas de trabajo asociado, el anteproyecto se queda corto y no recoge muchas de las demandas del sector que pondrían solución a importantes problemas que nuestras empresas sufren en la actualidad, como los que se vienen produciendo con los planes de igualdad", precisa Luis Miguel Jurado, presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta)

"Pedimos que se incorporen también las propuestas realizadas en otros apartados de la ley porque dan respuesta a las dificultades detectadas que están impidiendo nuestro desarrollo y el propio reconocimiento de que nuestra actividad es empresarial", explica.