Casi un año de negociaciones que no han fructificado… y Yolanda Díaz ha dicho basta. La ministra de Trabajo ha anunciado este sábado que se va a aprobar el Estatuto del Becario en las próximas semanas para “terminar con la explotación de los jóvenes”. Y añadió: “Vamos a darle derechos a los becarios. Se acabó pagar para hacer prácticas, se acabaron los fraudes. Aprobaremos el estatuto del becario”.

Fue en abril de 2022 cuando el ministerio a los mandos de Yolanda Díaz presentó un primer borrador a patronal y a sindicatos. En el mismo se incluían cuestiones relevantes como el derecho a vacaciones de los becarios, los salarios mínimos que deberían percibir, el límite de becarios por plantilla y la prohibición del trabajo a turnos y por la noche. Asimismo, el texto recogía la obligación de la que la empresa tuviese que costear las dietas en determinados casos.

Sin embargo, el punto que más discordia está sembrando entre Gobierno y agentes sociales es el referido a las prácticas extracurriculares. Ahí tanto CCOO como UGT han sido tajantes: no pondrán su firma en ningún acuerdo que no evite el fraude en las prácticas. Dicho de otra forma, no habrá becarios que trabajen gratis y sin cotizar a la Seguridad Social. Además, entienden que habría que delimitar lo que son prácticas formativas y contratos de trabajo.

Regulación estricta

En la última propuesta elaborada por el Ministerio de Trabajo se mantienen las prácticas extracurriculares. Una especie de vuelta atrás, ya que tanto el departamento a los mandos de Yolanda Díaz, como los sindicatos, habían llegado al acuerdo durante el pasado mes de octubre de acabar con ellas de manera progresiva. Un punto que no era del agrado de la CEOE, ni de los rectores, ni de la asociación de estudiantes Creup.

¿Por qué los sindicatos han abierto la mano a su mantenimiento? Lo han hecho con una condición: que su regulación sea estricta. Por tanto, deberían precisarse tanto el número de prácticas a llevar a cabo así como su relación con los estudios cursados.

Fue a finales del pasado año cuando la CEOE se mostró abierta a un acuerdo tripartito. “Compartimos con Gobierno y sindicatos la necesidad de regular la figura del becario con el objetivo de otorgarle mayores garantías, en la lógica de que los periodos de formación no pueden, en ningún caso, sustituir puestos de trabajo”, indicaron por aquel entonces fuente de la patronal a este periódico.

En esa conversación, también mostraron sus discrepancias en determinados asuntos como la exclusión de las prácticas académicas externas. O cuestiones “que pueden introducir mayor inseguridad jurídica” como el texto relativo a la presunción de laboralidad, “o el referido a las prácticas habilitantes para el ejercicio de una profesión”. Por tanto, los empresarios volvían a exigir cambios sobre todo en las prácticas extracurriculares.

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Más allá del tiempo que lleva en punto muerto, la predisposición de las partes a llegar a un acuerdo está presente. Donde sí parece haber acuerdo es en puntos como que las relaciones entre los becarios y las empresas deberán estar gestionadas a través de un acuerdo de cooperación con un centro formativo autorizado.

O que el texto deberá concretar cómo debe compensar la empresa los gastos en los que incurran los trabajadores en prácticas: desplazamiento, alojamiento y manutención. También existe consenso en que el número de becarios nunca podrá superar el 20% del total de la plantilla de la empresa. Por último, la norma reconoce la cotización de los becarios, estando bonificada el 95% de la misma por la Seguridad Social.