María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Público.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Público.

Empleo

El Congreso avala que los interinos anteriores a 2016 se queden su plaza sin pasar por una oposición

La Cámara Baja aprueba el proyecto de ley para la regularización de la temporalidad en el sector público. 

2 diciembre, 2021 18:10

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Tras varias vueltas y un conjunto de enmiendas aprobadas, el Congreso ha dado luz verde al proyecto de ley para regularizar a los funcionarios interinos que ocupen desde hace más de tres años el mismo puesto de trabajo en las Administraciones Públicas a través de contratos temporales. 

El proyecto de ley ha contado con 170 votos a favor, 156 abstenciones, entre ellas de PP, Vox y Ciudadanos, y 5 votos en contra. El proyecto será ahora enviado al Senado.

Finalmente, y como ha venido contando EL ESPAÑOL-Invertia, solo los interinos que lleven en su plaza de manera ininterrumpida desde antes de 2016 podrán acceder o quedarse su plaza con 'solo' un concurso de méritos. Es decir, que no tendrán que hacer oposición

En cambio, todos aquellos que sean interinos desde 2016 no disfrutarán de esta ventaja. Ellos sí tendrán que afrontar una oposición. Con todo, tendrán una valoración en la fase de concurso de un 40% de la puntuación total, y en ella se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate pudiendo no ser eliminatorio el examen que se haga en la oposición. 

El Gobierno, tras pactarlo con el Congreso, ha decidido aplicar estas medidas después de los dictámenes tanto de los tribunales europeos como del propio Supremo. ¿Qué indican dichos dictámenes?

Dictámenes

Básicamente, que las Administraciones Públicas deberían haber hecho fijos a todos los funcionarios interinos que ocupen una plaza de forma ininterrumpida durante más de tres años. Es decir, que no se da cumplimiento pleno a los dictámenes, lo cual abre la puerta a la judicialización.

Por otro lado, cabe recordar que, en ambos casos, los procesos de oferta pública de empleo podrán ser negociados en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Las plazas que tendrían que ser convocadas podrían superar las 260.000. 

Eso sí, a pesar de ello, todas las ofertas públicas de empleo tienen que haberse convocado antes de que acabe 2022 y desarrollado y resuelto de forma completa antes de que acabe 2024.

Los interinos del sector sanitario y de la enseñanza serán las excepciones a estos plazos temporales. Según indican fuentes del Ministerio de Hacienda, todas estas reglas se les aplicarán, pero un año más tarde y con una normativa propia.

Dudas

Esto, igualmente, ha generado una riada de dudas entre los colectivos de interinos y entre los especialistas en derecho laboral, como ya ha contado este periódico, que exigen que el texto aclare cualquier tipo de duda respecto a su aplicación. 

En cualquier caso, estas mismas fuentes ponen en duda la constitucionalidad del futuro proyecto de ley, puesto que limita la libre concurrencia al generar unas condiciones diferenciales para los interinos en las ofertas públicas de empleo. 

Al mismo tiempo, se espera que con la actual redacción se dispare la litigiosidad por parte de los interinos afectados que llevan en su plaza durante menos de cinco años (pero más de tres) de forma ininterrumpida y tendrán que someterse a una prueba de oposición

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, defendió en el Congreso que "se ha hecho un trabajo por parte de los grupos políticos que han querido acordar el proyecto de ley de estudio de la jurisprudencia de las sentencias del Tribunal Constitucional para evitar la judicialización".

Judicialización

Esto no significa, según matizó, que esto esté garantizado al 100%, porque hay grupos que lo van a llevar ante los tribunales. No obstante, recalcó que se ha hecho un trabajo muy serio y se ha profundizado mucho respecto a las medidas y las situaciones excepcionales.

Lo cierto es que este temor a la judicialización llega desde los propios sindicatos, que en su momento pactaron otra solución con el Gobierno cuando Miquel Iceta era ministro de Función Pública.

Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), en la entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia, mostró su inquietud al respecto. "En nuestra opinión, ojalá se pudiera consolidar a las personas que hay interinas, pero no hay que olvidar los derechos de quienes quieren acceder a la función pública bajo el principio de igualdad en el acceso. Y por eso pactamos una fórmula con el Gobierno que luego posteriormente ha cambiado a través de acuerdos parlamentarios. Creo que vamos a ir a un escenario en el que nadie va a quedar contento y con un riesgo de que haya demandas, de inseguridad jurídica, que no es menor en este momento".

Por otro lado, el Congreso ha convalidado el Real Decreto-ley que adapta el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, es decir, la plusvalía municipal a la doctrina del Tribunal Constitucional. 

Sin embargo, finalmente, aunque ya está en vigor, se tramitará como proyecto de ley de urgencia para incluir un fondo de compensación de municipio por las 'pérdidas' que generará la nueva metología.