Uno de los objetivos primordiales de la reforma laboral o 'modernización' del mercado laboral que quiere llevar a cabo el Ministerio de Trabajo es la reducción de los contratos temporales en España. Y para ello, entre otras medidas, el departamento que dirige la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz quiere generalizar el contrato fijo discontinuo, que es habitual en regiones como Baleares para atender los picos de actividad periódicos provocados por el turismo. 

Para ello, Trabajo plantea una importante reforma de este tipo de contratación, con el fin de generalizarla y hacerla atractiva para los propios trabajadores.

De hecho, en la última propuesta que el Ministerio presentó a los agentes sociales para la nueva legislación, se plantea que los trabajadores fijos discontinuos tengan derecho preferente a contratos fijos ordinarios si la empresa los ofrece.

No es el único cambio legal que hay en el futuro para este tipo de contratos. Trabajo ha planteado también que los periodos de inactividad computen también como antigüedad, en caso de despido. 

Además, se ampliarían los supuestos bajo los que se permitiría la contratación fija discontinua, como la prestación de servicios en contratas mercantiles o administrativas que formen parte de la actividad ordinaria de la empresa

¿Bonificaciones?

En cambio, según fuentes del Diálogo Social, no se ha puesto sobre la mesa una mejoría o una ampliación de las bonificaciones que tienen las empresas de determinados sectores con estos contratos. 

En este sentido, cabe recordar que en los últimos Presupuestos Generales del Estado se habilitó una bonificación del 50% de las cuotas a la Seguridad Social por contingencias comunes para las empresas por sus fijos dicontinuos. Eso sí, solo para las empresas de los sectores del turismo, del comercio y de la hostelería y si generan actividad productiva en febrero, marzo y noviembre de cada año. 

Una mejora de estos incentivos, por lo pronto, no se ha presentado. En cualquier caos, para hacerlo, el departamento de Trabajo tendría que ofrecer la nueva bonificación en connivencia con el Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá.

Todos los cambios en esta fórmula de contratación, así como otras medidas como los ERTE estructurales, se plasmarían en la reforma laboral que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a tener preparada antes de que acabe el año. 

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el líder de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez. EP

Entre otras medidas, el conjunto legislativo que pretende el equipo de Yolanda Díaz incluye, además de la limitación del contrato temporal, el veto a los contratos de obras para las empresas para bloquear la subcontratación. 

Una serie de propuestas que incluyen, además, la derogación de la reforma laboral del PP de 2012, al recuperar la primacía del convenio colectivo sectorial sobre el de empresa y la ultraactividad de los convenios. 

Sin embargo, el acuerdo en el Diálogo Social, hoy día está entre difícil e imposible. Ya la CEOE ha mostrado su profundo desacuerdo con las propuestas de Trabajo, y ha alertado de que la reforma que pretende supone un "abordaje marxista" de la política laboral. Además, podría suponer una "destrucción de empleo inesperada" en un contexto de gran incertidumbre. 

Los sindicatos ya han movido ficha también y han reclamado en la negociación que se aumenten las indemnizaciones por despido, algo que hoy por hoy no está entre los planes del equipo de Yolanda Díaz. De hecho, para hacerse fuertes en sus reclamaciones, entre las que se incluye la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), CCOO y UGT han anunciado movilizaciones para este miércoles. 

En cualquier caso, todo parece indicar que la reforma laboral será el asunto que acabe por romper la racha de acuerdos sociales y sintonía que había logrado el Ejecutivo con sindicatos y patronal.