El reloj al que Bruselas ha dado cuerda para que España ponga en marcha sus reformas no va a dar tregua al Gobierno y los agentes sociales de aquí a diciembre. Después del acuerdo firmado la pasada semana para la primera fase de la reforma de las pensiones, la CEOE y los sindicatos vuelven este jueves a la mesa del diálogo social para centrarse en la negociación definitiva para la reforma laboral.

Las posturas entre el Ejecutivo y las organizaciones empresariales no pueden estar más alejadas. En la CEOE causó sorpresa el último documento presentado por Yolanda Díaz, que llegó a ser calificado por los empresarios de "marxista".

La patronal considera que se trata de un texto alejado de las recomendaciones de la Unión Europea y los organismos internacionales -que están vigilando todas las reformas que va a abordar España-. Por tanto, no se entiende que desde el Gobierno se haga este planteamiento, cuando la reforma laboral es una de las claves para acceder a los fondos europeos que tiene que aprobar Bruselas.

Sin embargo, el momento actual es complicado para la ministra de Trabajo. Tras la salida de Pablo Iglesias del Gobierno, Yolanda Díaz tiene que consolidar el liderazgo de Unidas Podemos en el Ejecutivo. Y la recuperación económica no tiene el vigor suficiente para que pueda cumplir con algunas de sus promesas estrella, como la subida del SMI, que la vicepresidenta, Nadia Calviño, ya ha aplazado hasta el próximo año.

En este contexto, Díaz está tratando de marcar su territorio con una contrarreforma laboral que es mucho más radical de lo que esperaba la patronal hace unos meses con los documentos que había podido intercambiar con el Ejecutivo. Unos papeles menos "agresivos" y con los que ya discrepaba en temas sustanciales.

Es por esto por lo que los empresarios acudirán este jueves a la mesa del diálogo social con la intención de defender la "libertad de empresa", la seguridad jurídica y la recuperación.

'Marxista' e 'incongruente'

Tras tildar de "marxista" e "incongruente" la última propuesta de la ministra de Trabajo, los empresarios pondrán sobre la mesa dos conceptos que ya se daban por superados en la España democrática.

En un reciente informe que publicó el pasado mayo el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de la CEOE, se ponía el foco en el empeoramiento de la libertad de empresa en 2020. Coincidiendo con el primer año de legislatura y la pandemia, España retrocedió dos puestos -hasta el 32 de 37 países- en libertad de empresa.

Por tanto, la preocupación entre los empresarios por esta deriva es máxima en un momento en el que la situación de muchas empresas es muy delicada por la incertidumbre que acompaña al rebote económico, la quinta ola y los problemas de solvencia que comienzan a aflorar después de 15 meses de crisis sanitaria con implicaciones económicas.

La reforma del Gobierno

El Gobierno ha puesto sobre la mesa una reforma del Estatuto de los Trabajadores y la derogación de puntos clave de la reforma laboral de 2012 con el argumento de que en España se debe reducir la precariedad y la temporalidad.

Para ello, el Ministerio de Trabajo quiere endurecer las condiciones de las subcontratas -para que entre otros, tengan que remunerar a sus empleados en términos similares a los de sus clientes-; acabar con el contrato por obra y servicio o limitar al máximo el uso de la contratación temporal.

Además, como ya se había avanzado en el inicio de la legislatura -y por tanto, era esperado-, Díaz quiere devolver a los sindicatos buena parte del poder que perdieron en 2012 haciendo prevalecer de nuevo el convenio sectorial frente al de empresa, así como con la prórroga indefinida de los convenios colectivos.

Tras meses defendiendo los ERTE como un 'salvavidas' para el empleo durante la crisis de la Covid-19, Díaz también quiere recuperar la autorización administrativa para este tipo de mecanismo que tendrá que primar sobre los ERE.

Más rigidez

Se trata de elementos que, según denuncian los empresarios, van a aumentar la rigidez del mercado laboral español que padece otros problemas que explican la precariedad, como la falta de formación de sus trabajadores.

Estas reformas "restarían oportunidades a nuestras empresas y se traducirán en una menor competitividad de nuestra economía", advierten desde la patronal.

Además, indican que la contrarreforma traerá "inseguridad jurídica" a través de medidas como las exigencias de consignación de las causas en el contrato.

Alta temporalidad

Desde la CEOE se comparte con el Ejecutivo la preocupación por la alta temporalidad que hay en España. Sin embargo, se pone el foco en el sector público, donde esta tasa (30,4%) es muy superior a la del sector privado (22%).

El hecho de que Bruselas haya dado un tirón de orejas a España por la elevada temporalidad ha hecho que el Gobierno haya empezado a hacer los deberes en este ámbito con la regularización de interinos aprobada este martes en Consejo de Ministros para reducir el número de contratos temporales de la Administración.

Sin embargo, desde la CEOE se considera importante aclarar ante la opinión pública que, a diferencia de lo que ocurre en el sector público -y en campos esenciales como la Sanidad o la Educación-, en el caso de las empresas, la temporalidad "responde a causas muy concretas" que responden a las características productivas de nuestra economía.

Prueba de ello, argumentan, es que en este momento del ciclo, en el que la temporada turística está amenazada, la tasa de temporalidad está bajando y se sitúa en el 23,8%.

En cambio, desde los sindicatos y desde el Gobierno se hace una interpretación a la inversa: esta caída se debe a que cada vez que en España hay una crisis, la destrucción del empleo se ceba con los trabajadores temporales, que suelen ser los más jóvenes.

Más cotizaciones

La separación de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social ha marcado el reparto de las negociaciones con los agentes sociales en este momento crítico para la economía española.

Pero en la CEOE no se pierde tampoco de vista que a la vuelta del verano, el diálogo social afrontará otro punto crítico y difícil de asumir para las empresas en la segunda fase de la reforma de las pensiones.

Se trata del aumento de las cotizaciones a las rentas más altas para pagar las pensiones de los españoles de la generación del baby boom. Algo que los empresarios interpretan como un aumento de los impuestos al trabajo y que no ayudará a acelerar las contrataciones cuando la recuperación vaya tomando más forma.

Esta es, precisamente, el arma más poderosa de las empresas en esta mesa: la generación de empleo, puesto que de ella depende que se reduzca la tasa de paro, que actualmente está en el 15,98%, hasta un nivel aceptable para que el Gobierno pueda concurrir con oxígeno a las próximas elecciones generales.