"Es cuestión de días". "Inminente". Con estas palabras y en varias ocasiones, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha afirmado que el acuerdo con los agentes sociales en la reforma de las pensiones está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, fuentes del Diálogo Social insisten en que el texto legal todavía no está cerrado y, por tanto, el pacto tampoco. 

Después de conocer el borrador de propuesta que Seguridad Social entregó a los agentes sociales esta semana, los agentes sociales han reclamado que se incluyan cambios. Algunos de carácter técnico y otros no tanto. Este es el caso de una de las reclamaciones, que es un mayor respaldo a las pensiones mínimas y no contributivas. 

Concretamente, los sindicatos exigen que este tipo de prestaciones se suban más que las pensiones de jubilación o contributivas anualmente. Si bien este tipo de medida está dentro del espíritu de las últimas iniciativas del Gobierno (en los últimos Presupuestos Generales del Estado el alza de las no contributivas fue del 1,8%, el doble que las pensiones de jubilación), los trabajadores reclaman que esta medida se recoja, explícitamente, en el documento legal para su futuro desarrollo. 

A esto se suma que los sindicatos también han pedido plazos más concretos para la derogación del factor de sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones (IPR), es decir, de la reforma de las pensiones del PP de 2013, cuando gobernaba Mariano Rajoy.

También quieren que quede claro cómo se va a formular la cotización de los becarios en prácticas sin remunerar. 

Flecos técnicos

Por esto, y por detalles técnicos ("en un texto legal, hasta los puntos y comas son importantes", indican las fuentes citadas), los agentes sociales insisten en que la reforma de las pensiones no está cerrada, aunque sí admiten que ya han dado luz verde al grueso de las medidas que incluye. 

Entre ellas, la herramienta para la revalorización anual de las pensiones de acuerdo con el IPC del año anterior y las medidas para incentivar la demora de la jubilación o combinar la pensión y un salario. 

Cabe recordar que la reforma de las pensiones tiene, entre otros objetivos, acercar la edad real de jubilación a la edad legal, que en 2027 estará en los 67 años. Para ello se han puesto determinadas medidas sobre la mesa, como elevar la jubilación obligatoria por convenio colectivo hasta los 68 años o reformular los índices correctores de la jubilación anticipada. 

En cualquier caso, todas estas reformas son progresivas y se aplicarán a lo largo de varios años, como ya contó Invertia. De hecho, como afirmó José Luis Escrivá en una entrevista en TV3 este viernes, la reforma de la jubilación anticipada (que aumenta el 'castigo' para las personas con pensiones máximas) no se aplicará a los prejubilados de 2021, año en el que se están poniendo en marcha ERE sobre miles de trabajadores en el sector de la banca.  

El secretario general de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, en el encuento mantenido con las organizaciones de autónomos para abordar la prórroga del cese de actividad.

Por otro lado, y como avanzó este periódico, los nuevos tramos de cotización por ingresos reales de los autónomos se quedarán fuera de la reforma de las pensiones. Si bien está previsto que la nueva fórmula para calcular los pagos de los trabajadores por cuenta propia a la Seguridad Social esté dentro del texto legal, la definición de sus tramos se desarrollará aparte. 

La intención del ministerio es negociar dichos tramos (13, y por ingresos reales) directamente con los propios autónomos, algo que no se había hecho anteriormente. De hecho, se ha puesto sobre la mesa que para ello se pueda formar una mesa de negociación conjunta de representantes de Gobierno, patronal (CEOE), sindicatos (UGT y CCOO) y asociaciones de autónomos (ATA, UPTA y UATAE).