Si no hay detalles tampoco en la reforma fiscal ni en la de pensiones, al menos un compromiso temporal en la laboral, que es la mayor preocupación de siempre que tienen los socios europeos con España: somos el país con la tasa de paro (16%) más alta de la Unión, más que duplicando la media de los Veintisiete (7,3%). Y es un problema "estructural", como admiten Díaz y su jefa, la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño.

Ese compromiso incluyó un calendario detallado, en el que coincidieron ambas vicepresidentas en sus reuniones con Valdis Dombrovskis, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Una primera etapa "quirúrgica y que se cerrará antes de verano", centrada en la eliminación de la subcontratación tal como la conocemos hoy en día, y una segunda que remodele todo el sistema de despidos en el mercado laboral español, "a negociar en otoño".

Mesa de diálogo

Y es que es la negociación con los agentes sociales es la excusa aducida por el Gobierno español ante Bruselas para no concretar sus cambios legales, a pesar de la insistencia, en el Plan al que deben darle el ok tanto la Comisión como los 26 gobiernos restantes de la UE. Sin el visto bueno de todos ellos, no habrá fondos europeos.

Y por eso, el Componente 23 del Plan es el más ambiguo y somero de todos: las 11 reformas que propone son meros enunciados de menos de una línea. En ellos se incluyen como nuevos, además, cambios legislativos ya abordados. Por ejemplo, "regular el trabajo a distancia", la "regulación del trabajo de los repartidores a domicilio" -es decir, la ley rider- y las "medidas para eliminar la brecha de género".

Pero ahora, sobre la mesa de sindicatos y empresarios están los temas "urgentes", según fuentes de Economía y de Trabajo, "para abordar la recuperación económica con robustez y equidad". Lo primero será renegociar los nuevos ERTE, durante el mes de mayo. Y esto se hará, como ya anticipó este periódico, en un "modo inverso", es decir, "rebajando las cotizaciones sociales" de los reincorporados al trabajo", para que vuelvan a la actividad "todos los trabajadores posibles".

Y en otra mesa, en paralelo, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT deberán acordar con el Gobierno, "antes de las vacaciones de verano", el punto inicial del calendario prometido a Bruselas.

Los líderes de los sindicatos y de los empresarios con la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz. Efe

Y éste incluye la "modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales", la "digitalización del SEPE para su modernización y eficiencia", la "modernización de las políticas activas de empleo", además de un "plan de choque contra el desempleo juvenil".

Y sobre todo, la "modernización de la negociación colectiva". O lo que es lo mismo, que el convenio de empresa ya no tendrá prioridad aplicativa respecto a cuestiones como la retribución o la duración del tiempo de descanso compensatorio por hora extraordinaria. 

No a la contrarreforma

El pasado viernes, Calviño despachó telemáticamente con el comisario económico de la UE, que se había visto el jueves en Bruselas con Díaz. A ambas, les dejó claro que la reforma laboral que quiere la Comisión es "integral y ambiciosa", como admitió la también ministra de Trabajo, pero en un sentido diferente al que consta en el pacto del Gobierno de coalición.

Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, entonces líderes y candidatos electorales de socialistas y morados, prometían en campaña "derogar íntegramente la reforma laboral del PP". Una vez se formó el Gobierno, Calviño impuso la calma: "No se debe tocar lo que funciona", dijo.

Y ante las dudas de si se refería a no cambiar nada o a conservar una parte, recibió la respuesta de pública de Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos: "A la reforma laboral del PP no le quedarán ni los palos del sombrajo. Y si no, al tiempo".

Sin embargo, el Gobierno ahora ha tenido que negociar con la Comisión Europea en términos muy distintos. Y Díaz supo dejar contento a Dombrovskis prometiéndole que los cambios, "todos, serán en 2021". Fuentes de su equipo, de hecho, celebran en conversación con este periódico que todos los cambios en el mercado de trabajo se llevarán a cabo, por fin, antes de que acabe el año.

Lo más duro, diciembre

Con los empresarios presionados y rechazando la idea de los ERTE a la inversa y de acabar con la subcontratación de "todo empleo que no sea, en sí mismo temporal", las patronales llegarán a otoño preparadas para lo más duro.

Y para los meses de octubre y noviembre, para cerrar en diciembre, se guarda el Ejecutivo el resto de reformas, que pretenden un mercado "flexible pero justo", explican fuentes del Gobierno. Pero lo cierto es que ni desde la Vicepresidencia segunda ni desde la tercera, nadie da detalles sobre el contenido de los enunciados de esta segunda fase.

Pedro Sánchez y Nadia Calviño, con Yolanda Díaz en segundo plano, en la entrada del Palacio de la Moncloa. Moncloa

Se quiere "simplificar el catálogo de contratos". Y mientras Díaz se niega "al contrato único", Calviño aboga por sólo "tres tipos de relación laboral". A saber, el indefinido que se quiere "generalizar"; el temporal, exclusivo para "las actividades que tengan esa naturaleza", que obligarán a justificar esa causalidad; y uno de formación, "para la inserción laboral" de jóvenes y trabajadores en reciclaje.

La idea del Ejecutivo es "promover la estabilidad en el empleo, asegurando que los contratos temporales responden a la naturaleza del trabajo y con un marco adecuado para la formación". Junto a ello, se "simplificará y mejorará" el nivel asistencial de desempleo y se revisarán las "subvenciones y bonificaciones a la contratación laboral".

Y es que el documento del Gobierno prevé el "establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna y recualificación de trabajadores", que trata de evitar la generalización de los despidos como vía de alivio para empresas en procesos de transformación, así como "nuevos instrumentos de flexibilidad interna alternativos al despido y la alta temporalidad".

O sea, una reforma de arriba abajo de las "causas objetivas", el precio en "días de indemnización"... y la perpetuación de los ERTE, con nuevos incentivos para el "ajuste del tiempo de trabajo ante caídas de la demanda cíclicas o extraordinarias y de acompañamiento de procesos estructurales de transición en sectores en reconversión".