Más de 4.800 empresas en España tendrán que hacer auditorías de Igualdad en los próximos seis meses, en los que la pandemia seguirá marcando su negocio con incertidumbres como el vencimiento de los primeros préstamos ICO, el posible fin de los ERTE o las dudas sobre nuevos cierres parciales de la economía.

El Gobierno aprobó este martes el desarrollo reglamentario de la Ley de Igualdad. Una normativa que impulsó Pedro Sánchez en la legislatura de la moción de censura y que estaba pendiente de ser dotada de contenido.

Sin embargo, fueron dos ministras de Unidas Podemos, Yolanda Díaz e Irene Montero, las encargadas de presentar la nueva norma que entrará en vigor en abril y traerá nuevas obligaciones para todas las empresas. Pero en especial, para las que tengan más de 250 trabajadores.

En España, hay 4.871 empresas que cuentan con al menos esa cifra de empleados, según los datos de la Seguridad Social. Es una parte muy pequeña del tejido empresarial, pero la que la Unión Europea quiere impulsar con más determinación al considerar que es importante que las empresas españolas ganen tamaño.

Estas compañías tendrán que encargar auditorías externas o destinar recursos internos a la elaboración de esas auditorías para cumplir con la nueva norma.

Se sumará a esa labor, la exigencia de que las empresas a partir de ese tamaño asuman también la Ley de información no financiera y diversidad a partir de 2021. Una normativa que también supone un trabajo adicional y costes de auditoría para las compañías españolas.

Sin embargo, el hecho de que el decreto aprobado ayer permita a las compañías optar por hacer una auditoría interna -siempre menos costoso que una externa- es nuevo, ya que en un primer momento se barajó solo la posibilidad de externalizar este control, según recuerdan fuentes del sector de la consultoría.

Fuentes empresariales reconocen que es necesario avanzar en Igualdad. Pero ponen en duda la oportunidad de aprobar ahora de manera urgente una normativa que va en la línea de poner más trabas a las empresas en lugar de facilitar el desarrollo de su negocio en un momento clave para la supervivencia del tejido empresarial.

Sin embargo, desde el Gobierno se considera urgente poner en marcha este reglamento en un momento crítico para el empleo, ya que considera que las mujeres forman parte del colectivo que más está sufriendo por la Covid-19 en términos laborales.

"El momento es ahora. Estamos viviendo momentos de enorme incertidumbre, pero la vocación del Gobierno es unívoca para resolver la desigualdad. En esta crisis, las mujeres no podemos salir más devaluadas de lo que entramos", afirmó la ministra d Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. 

Jóvenes y mujeres

En ese contexto, señaló que los jóvenes y las mujeres son los colectivos que más están padeciendo las consecuencias de la pandemia en el empleo.

Mientras, la ministra de Igualdad, Irene Montero, reforzó ese mensaje al señalar que "para recuperarnos de esta situación de emergencia, las mujeres tenemos que cobrar lo mismo que los hombres por los mismos trabajos".

En España, ya era ilegal que una persona por su género cobrase menos por hacer el mismo trabajo que otra. Para denunciar estos hechos, había que denunciar la discriminación a la Inspección de Trabajo.

La nueva norma establece medidas más fuertes para que mujeres y hombres cobren lo mismo por desempeñar un mismo trabajo. Para garantizarlo, obliga a todas las empresas a adoptar medidas de transparencia y publicar los salarios de todos sus trabajadores, incluido lo que se cobra en especie, entre otros.

Sin embargo, el punto del desarrollo normativo que menos gustó a la CEOE es el poder que se otorga a los sindicatos dentro de la Ley de Igualdad. Desde la patronal se considera que esa fuerza que se ha entregado a CCOO y UGT supone un paso hacia una reforma laboral, una derogación de la ley de Fátima Báñez por la puerta de atrás.

Además, esta 'contrarreforma' se produce en un momento en el que la Unión Europea está pidiendo a España avanzar en el espíritu de la flexibilización del mercado laboral dentro de la senda que se marcó en 2012.

Fue por este punto por el que los empresarios se descolgaron de la foto final para sellar este acuerdo, que es el primer fracaso del diálogo social de esta legislatura.

Díaz y los agentes sociales

Hay que recordar que Díaz ha conseguido el apoyo de los empresarios en asuntos tan espinosos como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) previo a la Covid-19, los ERTE e incluso la ley del teletrabajo, que contenía aspectos complicados para las empresas pero que entró este martes en vigor.

Cuando se iniciaron las conversaciones entre agentes sociales y Gobierno para abordar la Ley de Igualdad, el punto de partida ya venía dado, ya que esa ley se aprobó en la última legislatura sin contar con la opinión de la patronal.

En estos meses, Trabajo, sindicatos y empresarios avanzaron en el desarrollo reglamentario de aquel Real Decreto que formó parte de los llamados 'Viernes Sociales'.

Se consiguió acuerdo prácticamente en todo, ya que la patronal también quiere avanzar en materia de Igualdad y tiene en marcha diversas iniciativas para fomentar la presencia de la mujer en el mundo de la empresa. Sin embargo, la CEOE no quiso ratificar un texto que enmienda la reforma laboral de 2012 y por ello, se levantó de la mesa de negociación en el tramo final.