El Tribunal Constitucional de Alemania ha puesto en cuestión este martes la legalidad del programa de compra de deuda pública que el Banco Central Europeo (BCE) ha llevado a cabo desde marzo de 2015 por considerar que excede las competencias de la UE y no respeta el principio de proporcionalidad. El fallo pone en riesgo la capacidad de actuar del organismo dirigido por Christine Lagarde en el peor de los momentos, en plena crisis del coronavirus.

De hecho, los jueces dan un ultimátum de 3 meses al BCE para que demuestre de forma detallada que los beneficios en materia de política monetaria perseguidos por la compra de deuda superan los efectos secundarios negativos que a su juicio provoca el programa. De lo contrario, reclaman al Bundesbank que deje de participar en la compra de deuda del BCE.

El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, que sistemáticamente se ha resistido a todos los programas de adquisición de deuda del BCE, dice ahora que apoyará los esfuerzos para cumplir las exigencias del Constitucional alemán, demostrar que las compras son proporcionales y permitir así la supervivencia de este instrumento. 

La decisión del Tribunal Constitucional alemán, con sede en Karlsruhe, no afecta a la bazuca extraordinaria por valor de 750.000 millones de euros que el BCE acaba de poner en marcha como respuesta a la pandemia, pero dificulta su puesta en práctica y abre la puerta a nuevas demandas.

El BCE ha convocado una reunión de emergencia de su Consejo de Gobierno, el principal órgano de decisión, esta tarde a las 18:00 horas para examinar las consecuencias del fallo. Por su parte, la Comisión ha dicho que estudiará en detalle la sentencia pero también ha resaltado que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) ya ha avalado la compra de deuda del BCE y sus fallos son vinculantes para Alemania y el resto de Estados miembros. 

"La sentencia del Tribunal Constitucional alemán pone palos en las ruedas de la Unión Europea. La UE no puede funcionar si el Tribunal Constitucional de un Estado Miembro decide cuándo el TJUE tiene primacía y cuando no. El BCE necesita margen de maniobra para poder combatir los efectos de esta crisis y apoyar a los países en apuros", ha dicho el economista y portavoz de Ciudadanos en Bruselas, Luis Garicano.

El programa ahora cuestionado fue puesto en marcha en marzo de 2015 por parte del ex presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, para combatir el riesgo de recesión y la mayoría de los economistas le atribuyen la recuperación de la eurozona tras la Gran Recesión.

A fecha de noviembre de 2019, el BCE había adquirido 2 billones de euros de deuda pública de la eurozona. Las adquisiciones continúan ahora a un ritmo mensual de 20.000 millones y con un sobre extra de 120.000 millones para amortiguar el impacto del coronavirus.

El fallo del Tribunal Constitucional alemán responde a una serie de recursos de amparo presentados por varios grupos de particulares contra la adquisición de bonos públicos. Los demandantes sostienen que esta política vulnera la prohibición de financiación monetaria de los Estados miembros y el principio democrático consagrado en la Ley Fundamental alemana, por lo que atentan contra la identidad constitucional alemana. 

El Constitucional alemán ignora al TJUE

Karlsruhe presentó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE), que tiene la última palabra en la interpretación del derecho comunitario. En diciembre de 2018, el TJUE dictaminó que el programa de compra de deuda se ajusta perfectamente a la legalidad: no excede del mandato del banco y no incumple la prohibición de financiación monetaria.

La sentencia de Luxemburgo tendría que haber dado carpetazo al caso. Sin embargo, el Tribunal Constitucional alemán cuestiona este fallo y critica al TJUE porque considera que no examinó la proporcionalidad del programa y no tuvo en cuenta sus efectos secundarios negativos.

En concreto, Karlsruhe sostiene que el programa de compra de deuda del BCE mejora las condiciones de financiación de los Estados miembros y por ello tiene un impacto significativo en su política presupuestaria. También afecta al sector bancario, al transferir una gran cantidad de bonos públicos de alto riesgo al balance del eurosistema, lo que mejora la situación económica de las entidades y su calificación crediticia.

Finalmente, el Tribunal Constitucional alemán denuncia que la compra de deuda impone "pérdidas considerables" a los ahorradores privados y permite que las empresas económicamente inviables sobrevivan en el mercado gracias a los bajos tipos de interés. 

Pese a todo ello, el fallo concluye que no puede darse por seguro que el BCE vulnere la prohibición de financiación monetaria de los Estados miembros debido a los límites que contempla su programa. En particular, el volumen de compras está limitado desde el principio, sólo se publica información agregada sobre las adquisiciones y el BCE sólo puede comprar un máximo del 33% de la deuda un país. Además, las compras se llevan a cabo teniendo en cuenta la clave de capital del BCE.

Sin embargo, alguna de estas condiciones que tranquilizan al Tribunal Constitucional alemán no se cumplen en el programa especial de 750.000 millones contra el coronavirus. Lagarde ha anunciado que el BCE actuará con máxima flexibilidad para mantener bajo control la prima de riesgo de los países más afectados, como Italia o España. Esto hace que este plan sea especialmente vulnerable a nuevas demandas desde Alemania.