El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el Senado.
El Gobierno dejará creado el Consejo Nacional antiblanqueo antes de las elecciones del 29N
El presidente será el director del Sepblac, que hoy es Pedro Comín.
Habrá vocales del BdE, la CNMV, el CNI, la Agencia Tributaria, la Fiscalía, la Policía Nacional o la Guardia Civil.
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El Consejo es un órgano de consulta y coordinación entre sector público y privado para prevenir blanqueo, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Lo preside la persona que dirija el Sepblac; actualmente ese puesto lo ocupa Pedro Comín.
Deberá promover colaboración permanente, intercambio de información estratégica, análisis de nuevas tipologías de riesgo y difusión de buenas prácticas, además de proponer guías, informes y prioridades conjuntas con sujetos obligados del sector privado.
La orden exige constituir el Consejo antes del 16 de noviembre y reunirse al menos una vez al año; su creación responde a una prioridad del Plan Estratégico Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales 2026-2030.
Serán vocales permanentes subdirectores generales o equivalentes de organismos como la Dirección General de Policía, Guardia Civil, Banco de España, CNMV, CNI, DGSFP, Agencia Tributaria y la Fiscalía, entre otros.
Busca mejorar detección y eficacia del sistema ante la creciente complejidad de flujos financieros, la digitalización de la economía y el carácter transnacional e híbrido de las amenazas mediante un enfoque integral basado en el riesgo.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía este jueves una orden por la que se crea y regula el Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La orden, firmada por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, especifica que este órgano depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
El Consejo tiene como objetivos servir como espacio de consulta, diálogo estratégico, intercambio de información y coordinación operativa entre los sectores público y privado, y facilitar la identificación de prioridades comunes, el análisis de las nuevas tipologías de riesgos, la difusión de buenas prácticas y el impulso de iniciativas conjuntas.
Entre sus funciones, el Consejo deberá promover la colaboración permanente entre las autoridades competentes y los sujetos obligados en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y de la implementación de sanciones financieras internacionales.
Además, deberá servir como cauce para el intercambio de información estratégica, táctica y operativa, así como contribuir a la elaboración, actualización y seguimiento del análisis nacional de riesgos y de la estrategia nacional contra el blanqueo de capitales.
También deberá proponer informes, guías y recomendaciones sobre los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, así como plantear iniciativas, acciones y prioridades de actuación para la mejora del sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La presidencia de este Consejo será asumida por la persona que ocupe la dirección del Sepblac, que en la actualidad es Pedro Comín. Además, serán vocales permanentes diferentes subdirectores generales, o su equivalente, de algunos organismos nacionales, como la Dirección General de Policía y de la Guardia Civil; el Banco de España; la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); el Centro Nacional de Inteligencia (CNI); la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP); la Agencia Tributaria o la Fiscalía, entre otros.
Antes del 29N y plan hasta 2030
El Consejo deberá constituirse antes del 16 de noviembre próximo. Es decir, antes de las elecciones generales del 29N. Y se reunirá al menos una vez al año, o cuando lo estime necesaria la presidencia o lo solicite un tercio de los vocales.
El nuevo organismo responde a una de las prioridades identificadas en el Plan Estratégico Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales 2026-2030, que es el fortalecimiento de la cooperación con el sector privado como instrumento para mejorar la detección de riesgos y la eficacia del sistema preventivo.
Así como a "la creciente complejidad de los flujos financieros, la digitalización de las economías y el carácter transnacional e híbrido de las amenazas", que exigen un "enfoque integral basado en el riesgo" y una "actuación coordinada de todas las partes involucradas".
