Cuerpo hace campaña con Gallardo mientras intenta lograr 31.000M de fondos UE sin sacar adelante las reformas

Una cita en la que ambos han destacado el potencial económico de la región, y que llega mientras el Gobierno trata de convencer a la Comisión Europea de que rebaje los umbrales de exigencia sobre las reformas que permitirán recibir los últimos 31.000 millones de euros de fondos Next Generation que faltan por llegar.

Es el objetivo que se reflejará en la adenda que el Ejecutivo negocia ya con Bruselas y que presentaba horas antes de ese acto de campaña el propio Carlos Cuerpo.

En ella el equipo económico de Pedro Sánchez trata de cambiar las reglas de juego. ¿De qué manera? Cambiando la entrada en vigor de algunas normas clave por el simple hecho de que sean aprobadas por el Consejo de Ministros.

O lo que es lo mismo, busca la llegada de los 31.000 millones sin sacar adelante las reformas en el Congreso de los Diputados.

De este modo, evita comprometerse a la entrada en vigor de algunas leyes complicadas de aprobar antes de finalizar el mes de agosto de 2026, como la Ley de Industria o el paquete de normas previstas para el sector sanitario -con el Estatuto Marco incluido-, entre otras.

El mejor ejemplo lo ha dado Carlos Cuerpo en el consejo de ministros de este martes. La Ley del suelo que se prometió a Bruselas y fue rechazada por el Congreso, se ha podido cambiar por la creación de la empresa pública de vivienda Casa 47.

De igual forma, la renegociación de la nueva adenda contempla que todas esas aprobaciones legislativas comprometidas en el año 2021 se reformulen ahora en nuevos paquetes con otro nivel de exigencia de cara a la UE.

Por tanto, el Gobierno pretende que las normas se aprueben aunque el Congreso no termine de darles luz verde. Seguirán, eso sí, su tramitación en España.

Pero la no obligación de su discusión en el Congreso o su entrada en vigor en apenas ocho meses, evita un bloqueo parlamentario evidente que podría echarlo todo a perder, según el Gobierno.

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El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha convertido en un ariete fundamental para el presidente del Gobierno en Bruselas.

La gestión de la adenda al Plan de Recuperación que está cerrando con la Comisión Europea allana el camino para que el Gobierno no pierda subvenciones a fondo perdido de aquí a agosto, en plena campaña electoral en varias comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Ahora el objetivo del Gobierno es reducir los cuatro pagos pendientes a solicitar a la UE a sólo dos. El primero en enero y otro antes del verano.

Y lo que eran más de 257 hitos o medidas administrativas a cumplir en esos cuatro tramos, se recortan en 160. Eso deja el camino libre a Sánchez a la hora de 'vender' los logros económicos de la legislatura sin perder ayudas europeas.

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El escollo puede estar en las nuevas leyes para las que hasta ahora se exige su entrada en vigor. Sin embargo, la mayor parte se van a retirar tal cual están formuladas y se van a reconvertir para hacer más fácil su cumplimiento de cara a la Comisión Europea.

Es el caso de Ley de Servicios de Atención al Cliente y la Ley por la que se crea la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, ambas comprometidas ahora en el séptimo tramo.

Su tramitación seguirá según lo previsto en España, pero se reconducen como logro de cara a recibir las ayudas de Bruselas a tiempo.

Uno de los escollos mayores que presenta el calendario actual es la aprobación de las tres leyes básicas para el sector sanitario: la Ley de Universalidad Sanitaria (está como proyecto en el Congreso), la del estatuto de la profesión y la Ley del Medicamento.

Con el sector en pie de guerra y varias huelgas convocadas para Navidad y Año Nuevo, su aprobación y puesta en marcha en el Congreso a lo largo del primer semestre del año que viene se antoja muy complicada, según fuentes del sector.

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La única solución de cara a la adenda de compromisos del Plan de Recuperación pasa por reformular su contenido y sortear la obligación de que se aprueben y entren en vigor antes del verano.

Eso no frena su tramitación a nivel interno, pero de alguna forma, evita impedimentos que pudieran poner en cuestión el cumplimiento de los objetivos del plan.

Se trata de la última adenda o renegociación posible de las reformas e hitos a cumplir para recibir los fondos no reembolsables y los créditos, estos últimos reducidos ya en 60.000 millones.

Para facilitar el camino el próximo año, Cuerpo se plantea retirar de una tacada casi tantos logros administrativos como los que se han recortado en las negociaciones de los últimos cuatro años.

El ministro exhibe además el "máximo grado de ambición" en esta negociación para no perder ayudas, cuya cuantía eleva a 31.000 millones de euros (más los 55.000 ya recibidos). Incluye hasta la renegociación del impuesto al diesel, por el que nos recortaron más de mil millones en el quinto tramo de subvenciones.

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Habrá que ver hasta qué punto los negociadores europeos dan el visto bueno definitivo a los cambios que plantea España, sobre todo en lo que respecta a leyes comprometidas, cuyo grado de conclusión se transforma en otro tipo de obligación más asequible a efectos comunitarios.

Desde el Ejecutivo destacan las ventajas que supone esta estrategia en la recta final de los fondos de cara a la continuidad de los proyectos en marcha. Una vez logradas las ayudas no se corta el proceso de inversión ni de aprobación de reformas y se aprovechan instituciones como el ICO para seguir financiando a la economía española.

Clave en las CCAA

La llegada de fondos no reembolsables del Plan de Recuperación a las CCAA es clave, una vez que se han limado los cuellos de botella administrativos para su concesión y ejecución en estos cuatro años.

Y lo es más en territorios como Castilla y León, con elecciones en marzo, y Andalucía, que las convocará antes de junio. Pero también en las que se celebrarán en apenas diez días en Extremadura o las posibles convocatorias de Aragón y Valencia.

Salvo el caso andaluz, todas son citas electorales en las que el equilibrio entre PP y Vox está siendo hasta ahora determinante para gobernar. Contar como propios los logros de inversión, empleo y reindustrialización que suponen los Fondos UE en esas zonas será clave en 2026.

Si hacemos caso a los datos ofrecidos por Carlos Cuerpo en su última comparecencia en el Congreso sobre los Fondos UE, había comprometidos con las administraciones autonómicas más de 23.450 millones en ayudas y créditos, con una tasa de resolución del 67%.

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En cualquier caso, desde el PP se ha calificado la nueva adenda de Carlos Cuerpo como "una tomadura de pelo", sobre todo por el cambio cualitativo y cuantitativo dado al cumplimiento de las medidas administrativas.

La eurodiputada popular Isabel Benjumea ha cargado contra la renuncia a los 60.000 millones en créditos, que es el 37% de los fondos totales previstos. Considera que es “un desprecio a las propuestas y sugerencias de los gobiernos autonómicos y municipales", generado por la gestión centralizada de Sánchez y sus ministros de estos fondos".