Economía

La AIReF corrige al Gobierno y advierte que otorgar un 0,1% de déficit a las CCAA puede generar un caos

La institución reclama un marco fiscal nacional creíble para que el Gobierno cumpla con los límites de deuda, déficit y gasto.

Más información: La Airef censura las reformas para medir el gasto en pensiones: "Merma nuestra capacidad de supervisión".

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Las claves

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, advierte que permitir un 0,1% de déficit a las CCAA puede generar desequilibrios y caos presupuestario, recomendando el equilibrio presupuestario como objetivo.

La AIReF critica que el sistema actual de reglas fiscales y la aplicación de la regla de gasto nacional presentan carencias y falta de cumplimiento, lo que dificulta la evaluación y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Herrero señala que si se hubieran seguido las recomendaciones de la AIReF, la deuda pública estaría en el 69% del PIB, mucho más baja que el nivel actual, que supera el 100%.

La AIReF reclama adaptar la normativa española a la regla de gasto europea, aumentar la planificación presupuestaria a medio plazo y mejorar la coordinación entre administraciones para asegurar la sostenibilidad fiscal.

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha advertido que lo ideal para el año que viene sería que las CCAA se quedaran en equilibrio presupuestario, y no en el 0,1% de déficit que les permite el Gobierno, con una regla de gasto que se ha establecido en un aumento neto del 3,5%.

Herrero no cree acertado que se haya establecido déficit para las CCAA, porque eso va a permitir que unas puedan aumentar su gasto hasta un 10% y otras se queden sin poder aumentar sus partidas, lo que sería un desequilibrio y un "caos" para la estabilidad presupuestaria.

Herrero ha recordado que la UE marca ya que el compromiso básico sea la regla de gasto, y eso obliga a que el compromiso sea el equilibrio presupuestario para CCAA y Corporaciones Locales.

"Lo que necesitamos es un proyecto de Presupuestos, para ver las intenciones que tiene el Gobierno, aunque luego no se apruebe", advirtió Herrero.

La AIReF ha presentado este lunes su opinión sobre el marco fiscal español y ha reclamado una reforma que sea creíble y que se pueda exigir tanto al Gobierno como a CCAA, Ayuntamientos y hasta la Seguridad Social.

"Lo acertado es que los objetivos sean realistas", frente a la idea de aplicar unas medidas coercitivas que están en la norma, pero que no se usan.

"Ningún Gobierno va a asumir la gestión de una administración local o coger las cuentas de una CCAA. Si eso no se puede hacer, quitémoslo", dijo Herrero.

El órgano fiscalizador de las cuentas públicas ha denunciado toda una serie de carencias en los objetivos que se marcan para el Estado, las CCAA y las Corporaciones locales, que hacen imposible su evaluación y recomendaciones.

De hecho, Herrero, ha asegurado que si se hubieran cumplido sus propuestas y los ajustes que conllevan, la deuda pública estaría ahora en el 69% del PIB, muy por debajo del nivel que sufre y que supera el 100%.

La AIReF ha advertido además al Gobierno de que los cambios necesarios en este campo de las reglas fiscales y el escenario europeo se debe hacer por ley orgánica, y no con un par de decretos, como prevé la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

La AIReF alerta de que la información que maneja el Gobierno sobre gasto, deuda y déficit no refleja de forma clara cuestiones clave, como el gasto en defensa, la cobertura de las pensiones o el pago de intereses de la deuda.

Entre esas carencias, que la entidad considera claves para sostener la economía en los próximos años, desde la AIReF se reclama además información sobre el efecto de las catástrofes naturales y los riesgos climáticos.

Esos gastos los exige además la nueva regla de gasto europea. Herrero y su equipo han reiterado la necesidad de adaptar la regla nacional a la europea, dado que sus resultados son completamente distintos para las cuentas públicas.

Las medidas coercitivas y correctoras que plantea la regla de gasto nacional no se cumplen en la mayor parte de los casos.

El mejor ejemplo son los planes económicos y financieros que se acaban de aprobar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por varias CCAA. Cuando apenas falta un mes para acabar el ejercicio y sin margen de actuación.

La propia Administración Central no ha presentado un plan económico para atajar el incumplimiento de su regla de gasto de 2024.

La regla de gasto sólo se ha cumplido en siete ejercicios desde el año 2013, teniendo en cuenta que entre 2020 y 2023 las normas estuvieron suspendidas por los efectos de la pandemia.

Pero es que la estabilidad presupuestaria sólo se ha cumplido en 2015 desde la Administración central, mientras que desde 2018 no se ha cumplido con el objetivo marcado para la deuda pública.

Las CCAA han sido más irregulares y han llegado a cumplir los objetivos que se les marcaban en más del 60% de los casos. Las Corporaciones Locales han sido las más cumplidoras con los objetivos, con un nivel superior al 80%.

Es ahí donde la AIReF asegura que si desde el año 2013 se hubieran cumplido con los ajustes que se exigían cada año para cumplir con lo establecido, la deuda estaría ahora más de 30 puntos por debajo frente al PIB.

Del lado de la Seguridad Social, los objetivos de fondos y déficit marcados entre 2013 y 2019 apenas se cumplieron durante cuatro años, todos ellos antes de que llegara el nuevo Gobierno de coalición. De hecho, en 2018 y 2019 se sufren las mayores desviaciones (siete décimas de PIB).

Oportunidad de reforma

Desde la AIReF llaman la atención sobre la oportunidad que supone adaptar ahora la nueva directiva con la regla de gasto europea, para paliar las deficiencias de la que tenemos a nivel nacional.

Eso supondría pensar más en la planificación presupuestaria a medio plazo, a tres o cinco años, con compromisos claros y previsiones de ingresos y gastos a un nivel de detalle elevado.

Eso se salta la práctica habitual del Gobierno de ir año a año y con prórrogas. Los riesgos que se corren, entre otros, son no tener una perspectiva sobre la sostenibilidad de la deuda o prever el mayor gasto en pensiones que genera el envejecimiento de la población.

Cristina Herrero ha advertido que para aplicar la regla europea o para adaptar la española habría que establecer niveles de cumplimiento de las reglas fiscales mucho mayores que ahora.

Por ejemplo, cuando una administración o programa de gasto no cumple con lo previsto, ahora se hace un acuerdo de disponibilidad y se pasa ese crédito de forma lineal a otro gasto.

Frente a ello, la nueva normativa plantearía que la administración incumplidora tuviera que hacer una evaluación obligatoria sobre sus partidas de gastos e ingresos.

Claro que para que eso funcione, la coordinación y cooperación entre administraciones debería ser mucho mayor. Eso choca con los problemas políticos y de acuerdo que suponen las convocatorias en España del CPFF, por ejemplo.