Primera 'levantá' del atún rojo en la almadraba de Barbate. Europa Press
La huelga que amenaza con pérdidas millonarias al atún entra en fase clave con máxima tensión con el Gobierno
La campaña arranca con la mitad de inspectores de pesca, básicos para la actividad, en activo. El sector teme que en un mes el daño sea irreparable.
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La campaña del atún ha arrancado esta semana sumida en una contrarreloj para evitar pérdidas millonarias. Si cada año la temporada de pesca de esta especie se entrega a la euforia, dado lo lucrativo que es el atún, ahora el sector está inmerso en la incertidumbre: sigue sin visos de final la huelga indefinida del cuerpo de funcionarios de pesca, que puede ponerles en jaque.
Son 170 funcionarios en total, repartidos en su mayoría por las costas españolas para comprobar que la actividad pesquera cumpla los preceptos legales, y, en el caso del atún, son indispensables. Sin ellos, por ejemplo, no puede hacerse el recuento de capturas, las transferencias a las llamadas granjas de engorde o el sacrificio; es tanto como decir que sin ellos no se puede trabajar con el atún.
Su huelga comenzó a primeros de marzo y, ahora que empieza la campaña, la tensión se ha disparado. Se han decretado unos servicios mínimos del 50%, algo que permite ir avanzando con las primeras actividades de la campaña, la pesca en la almadraba, pero muy pronto serán del todo insuficientes.
El plazo límite que dan diferentes voces del sector es finales de mayo. En un mes comienza la campaña de atún rojo en el Mediterráneo y, con ella, la actividad de la industria del atún, con gigantes como Fuentes o Balfegó -las grandes armadoras de cerco de esta especie en la zona-. Será entonces cuando ya no haya vuelta atrás para pérdidas que se prevén, en caso de que nada cambie, millonarias. Tanto, como para incluso poner en riesgo la supervivencia de empresas.
El ambiente, ya de gran tensión desde que se realizó la primera levantá de la almadraba de Conil este lunes, se ha agitado de forma definitiva en las últimas horas tras saberse que, en este plazo crucial, las posturas entre los representantes sindicales de los funcionarios en huelga y el Gobierno se alejan definitivamente: los funcionarios van a denunciar ante la Inspección de Trabajo.
Incumplimiento de descansos
La Asociación Profesional de Inspectores de Pesca (Apipes) sostiene que van a recurrir a la inspección porque la forma de desplazar desde los servicios centrales a las costas a personal para cubrir la campaña de la almadraba "no respeta la normativa europea en lo que respecta al descanso semanal".
En esencia, explica a EL ESPAÑOL-Invertia Luz Divina Rueda, presidenta de Apipes, no se cumplen los descansos especiales de esta actividad, que arranca su semana laboral no los lunes, sino los sábados, lo que implica que suelan descansar jueves y viernes. Algo que, aseguran, no se está respetando.
"Es un juego sucio", apunta. Apipes ha avanzado esta medida al término de una reunión con el Gobierno, este martes, que la asociación tacha de "decepcionate y paródica". "Creemos que la reunión ha sido fruto de la presión del sector. Las almadrabas están nerviosas y lo entendemos. Por nuestro lado, lo que vimos es que la Administración venía sin ninguna propuesta", afirma Rueda.
No sólo van a denunciar ante la Inspección de Trabajo. Los sindicatos han advertido que recurrirán los servicios mínimos presentados para mayo y avisan: "aunque la justicia es lenta, en el momento que se pronuncie el Gobierno tendrá un problema porque todas las campañas quedarán paralizadas".
Incertidumbre en la almadraba
A la espera de desenlace, los pescadores de la almadraba tratan de aprovechar todo lo posible estos primeros días con los servicios mínimos que operan en la zona, mientras confían en un acuerdo que les permita respirar cuanto antes porque, admiten, esta cuestión les da "de lleno".
"Esperamos que puedan alcanzar un acuerdo lo antes posible, teniendo en cuenta que una resolución satisfactoria, pero sobre todo urgente, redundará en beneficio de todo el sector pesquero en general, y del almadrabero en particular”, subraya Marta Crespo, directora gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Almadrabas (OPP51), que agrupa a las empresas almadraberas de Zahara de los Atunes, Conil y Tarifa.
En juego, recuerdan, está una actividad que es clave para la economía local de los municipios gaditanos y que genera empleo directo para unas 500 personas y alrededor de 6.000 indirectos. “Conscientes de este valor, confiamos en la buena disposición de las administraciones competentes para abordar la situación con celeridad”, apuntan como recado.
Los motivos de la huelga
La clave del conflicto reside en la categoría profesional de estos inspectores. Dadas las características de su trabajo, que les exige una disponibilidad prácticamente completa, incluida nocturnidad y fines de semana, piden que no se les considere administrativos, sino personal equiparable a los trabajadores de aduanas.
El cambio de categoría podría suponer un reconocimiento extra de entre 500 y 600 euros en la nómina mensual.
