"Estamos a tiempo de evitar otra crisis". Así inicia una carta abierta firmada por 102 economistas, empresarios, periodistas y académicos, alertando sobre la política económica del Gobierno de España.

Entre los firmantes se encuentran Daniel Lacalle, Carlos Rodríguez Braun, Marcos de Quinto, Lorenzo Bernaldo de Quirós, Benito Arruñada, Elvira Rodríguez, Carmen Tomás y José Ramón Blanco  Rodríguez. 

"Los españoles soportan actualmente la mayor presión tributaria de la historia, fruto de las decenas de subidas y creaciones de impuestos decididas por el Gobierno de Pedro Sánchez y la inflación", han explicado.  Pese a ello, 2024  será el 17º año consecuvo en que la totalidad de los intereses de la deuda pública se pagará con nueva  deuda. "Ambos elementos muestran el desinterés del Gobierno por sanear las cuentas públicas", han remarcado  

Desequilibrios

Que la deuda pública como proporción del PIB esté en un lento descenso y la prima de riesgo esté contenida  en torno a los 100 puntos base son falsos consuelos. La deuda pública cae como % del PIB en gran medida  por la inflación (que “engorda” el PIB) y la prima de riesgo es ahora como un termómetro que no puede  subir más allá de 37º, debido a que el BCE mantiene intervenido el mercado de deuda.  

Los profesionales han destacado que "la acción del BCE y la suspensión hasta diciembre de las reglas fiscales europeas vienen disfrazando  los desequilibrios de la economía española, al tiempo que agrandan los riesgos futuros". 

Y han añadido que "la economía española, lejos de ir como una moto, va a menos. Este 2024 será el año de menor  crecimiento económico desde 2014, excluyendo el pandémico 2020, aun contando con los dopajes de los fondos europeos y un gasto público que continúa inflando la demanda. La productividad (PIB por ocupado)  está en caída: entre 2018 y 2023 cayó cerca de 4%, el peor resultado entre los países avanzados. Mientras, España continúa mostrando la mayor tasa de paro de Europa".  

En este contexto, "lo que necesita la economía es un urgente saneamiento del gasto público que permita equilibrar las cuentas públicas, de modo de detener el crecimiento de la deuda pública. La privatización de empresas estatales permitiría reunir recursos para amortizar deuda pública y, al mismo tiempo, estimular la inversión privada en amplios sectores de la economía", han explicado.

Asimismo, han recordado que "con cuentas públicas saneadas y la deuda pública bajo  control, se podría aligerar la carga impositiva para reducir costes de producción y recuperar parte de la  compevidad perdida. Suprimir o atenuar los escalones regulatorios que desalientan el crecimiento de las  pymes sería una forma de alentar la inversión productiva". 

Sin embargo, "lejos de comprender la fragilidad del momento económico, el Gobierno parece embarcado en una agenda intervencionista y libercida que no puede tener un final feliz. Se acaba de elevar el salario  mínimo de forma arbitraria y ajena a la ley. Además, el gobierno amenaza con reducir la jornada laboral de  manera compulsiva, topar los salarios de los direcvos, encarecer el despido y sentar a representantes de los empleados en los consejos de administración. Todas medidas que atacan el derecho de propiedad, la libertad de contratación y “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado” que establece el artículo 38 de la Constitución Nacional. También son formas de seguir debilitando la seguridad jurídica", han remarcado. 

A modo de conclusión, han alertado de que "estamos a tiempo de evitar lo que ocurrió entre 2007 y 2013: que por desoír las advertencias de economistas y organismos internacionales, se condenó a la ciudadanía a una crisis profunda, durante la que  se perdieron 3,7 millones de empleos".