Un total de 94.300 millones de euros con los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende impulsar la industrialización estratégica y que tendrá en los PERTE a los instrumentos clave para alcanzar esta meta.

Para ello, los estrategas de Moncloa han realizado un profundo estudio de la evolución actual de las primeras convocatorias que, en casos como el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, ya han mostrado que el marco fijado por Bruselas ofrece poca capacidad de movimiento a los interesados.

[El Gobierno dedicará los 7.700 millones 'extra' de fondos UE y un 22% de los préstamos de Bruselas a reforzar los PERTE]

Los condicionantes de las ayudas de Estado están provocando que una parte importante de los proyectos presentados no pueda optar a captar más fondos Next Generation. Una problemática que, junto con los plazos -los proyectos deben estar ejecutados en 2026-, provocó que el primero de los PERTE sólo asignara un 30% de los fondos previstos.

Siendo el calendario un condicionante que, por el momento, parece inamovible, una cuestión va a centrar las próximas negociaciones entre el Gobierno y la Comisión Europea: dotar a las ayudas de Estado de un marco más flexible que permita agilizar la entrega de fondos europeos.

Competencia disparada a nivel internacional

Según han confirmado a este diario fuentes del Gobierno, el actual contexto internacional hace necesario que Bruselas tenga una visión menos rígida en forma y tiempo. La valoración de qué tipo de ayudas pueden recibir las empresas y el tiempo en el que los entes comunitarios deben resolver sus valoraciones ha de evolucionar de forma radical.

En un contexto en el que Estados Unidos y China están poniendo toda la carne en el asador para apoyar a las compañías que pretenden liderar tanto la transformación como la creación de nuevas industrias en el marco de la digitalización o la transición ecológica. Industrias como la automoción en su camino rumbo a la electrificación están teniendo un soporte mucho más decidido en estos territorios que en el Viejo Continente.

Aunque la Unión Europea tiene un volumen de fondos muy importante en el marco de los Next Generation, sus rivales están permitiendo ayudas con un nivel de condicionantes mucho más relajado en lo que se refiere a qué actividades reciben fondos y qué plazos de ejecución tienen estos planes.

En este sentido, el Gobierno quiere hacer ver a los decisores comunitarios lo importante que es que, en estos momentos, las empresas europeas puedan competir con las mismas ayudas que las estadounidenses o chinas. Una cuestión que será clave en la negociación de la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia prevista para los primeros meses de 2023. 

Cambios en algunos calendarios

En el marco de esa adenda, a España le corresponden 84.000 millones en préstamos, 7.700 millones en transferencias adicionales y 2.600 millones del nuevo mecanismo REpowerEU. Un total de 94.300 millones que tendrán de la mano 30 nuevas reformas que complementarán las ya puestas en marcha. 

Estos nuevos requisitos van a abrir la puerta a nuevas negociaciones que, además, actualicen alguno de los planteamientos iniciales del Plan de Recuperación inicial acordado con Bruselas.

En concreto, el Gobierno pretende modificar el calendario de algunos objetivos fijados que se han visto afectados por los efectos que el intento de invasión de Rusia sobre Ucrania han provocado en la economía mundial.

La inflación y la escasez de componentes han dificultado el cumplimiento de los plazos fijados inicialmente para alguno de los compromisos del plan original. En este sentido, el Gobierno va a negociar en el marco de la adenda una serie de modificaciones. Cambios que el marco normativo de los Next Generation prevén, señalan desde el Gobierno. 

Refuerzo a los PERTE

La mayor parte de los 7.700 millones de euros de transferencias adicionales se destinará a reforzar los 11 PERTE ya en marcha y al lanzamiento de un nuevo proyecto estratégico. En total, España reforzará los proyectos estratégicos destinándoles más de 26.300 millones de recursos públicos adicionales, provenientes de las transferencias y de los préstamos asociados a la adenda.

En particular, para seguir impulsando la transformación del tejido productivo se pondrá en marcha un nuevo PERTE de Descarbonización industrial, al que se destinarán 3.100 millones de euros entre transferencias y préstamos. Este nuevo PERTE, junto con el PERTE Chip y el ERHA, serán los que más recursos adicionales reciban por su relevancia en ámbitos clave con la transición energética y la autonomía estratégica.

Asimismo, se destinarán hasta 120 millones de euros de las transferencias para el refuerzo de dos programas de carácter horizontal para agilizar la ejecución de las inversiones del Plan: uno de microcredenciales para impulsar la formación y cualificación de trabajadores en competencias necesarias para el despliegue de los PERTE y el otro para asistencia técnica.

Adicionalmente, el acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo entre los estados miembros y el Parlamento Europeo sobre el plan RePowerEU y la asignación a España de casi 2.600 millones de euros permitirá acelerar las inversiones en el ámbito de la transición energética. Se destinarán a acelerar los avances en el despliegue de energías renovables, el almacenamiento y el desarrollo pleno del hidrógeno verde, así como en eficiencia energética.

12 fondos para movilizar los préstamos

España movilizará el total de préstamos a los que puede acceder, hasta 84.000 millones de euros, que se canalizarán a través de préstamos mediante 12 fondos, destinados al tejido productivo y proyectos regionales. Los préstamos permitirán reforzar los fondos ya existentes de apoyo empresarial y crear nuevos instrumentos financieros.

Los préstamos procedentes de la Comisión Europea darán acceso a una financiación sostenida a un menor tipo de interés que la obtenida por el Tesoro Público y con plazos largos de amortización. En concreto, 30 años con 10 de carencia sobre el principal. Estos fondos se recibirán a medida que se ejecuten los hitos y objetivos asociados.

Entre los fondos de nueva creación está el Fondo para Comunidades Autónomas, con una dotación de hasta 20.000 millones de euros. Las regiones dispondrán de financiación en condiciones preferentes para a su vez otorgar financiación reembolsable al sector privado y financiar inversiones públicas en ámbitos elegibles de carácter sostenible.

Adicionalmente, las empresas y los autónomos podrán contar con hasta 15.000 millones de euros en préstamos, canalizados a través del Instituto de Crédito Oficial, para facilitar las inversiones en energías renovables, eficiencia energética y economía circular. Un volumen ingente de ayudas de cuya llegada a buen puerto dependerán los acuerdos que el Gobierno y Bruselas consigan alcanzar en los próximos meses.