Los contactos para elaborar este documento arrancan sin que el Gobierno haya logrado la 'velocidad de crucero' que prometió para el reparto de las ayudas europeas. Un retraso que se verá en los datos que proporcionará próximamente la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado), según avanzan fuentes conocedoras de los programas.

El último dato oficial mostró que de los 28.000 millones de euros que se habían presupuestado este año para ejecutar fondos europeos, solo se habían desembolsado un 9%.

Falta cooperación

Son varias las fuentes que vinculan el revés sufrido en la ejecución de los fondos NGEU a la falta de colaboración entre Gobierno central y comunidades autónomas para el reparto de los fondos.

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De ahí que desde el propio Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se tendiera la mano el pasado mes de julio a los gobiernos autonómicos para que participaran de una manera más activa en el reparto de los fondos.

Sin embargo, se ha llegado a septiembre con muchas dudas y existe el temor en algunas comunidades gobernadas por el PP de que el Gobierno caiga en la tentación de dejar para la Administración General del Estado la ejecución de las subvenciones -que forman parte del dinero que ya se está recibiendo- y deje para las comunidades autónomas el grueso de los préstamos.

Deuda pública

Estos últimos computan como deuda pública y en principio, son más difíciles de ejecutar que las subvenciones a fondo perdido.

Además, no está del todo claro que se vayan a conseguir en condiciones tan ventajosas como estaba previsto inicialmente.

El motivo no es otro que la subida de los tipos de interés que probablemente se agudizará esta misma semana, cuando el Banco Central Europeo (BCE) suba de nuevo los tipos de interés.

Según las condiciones fijadas con Bruselas, los reembolsos amortizados del principal de estos préstamos comenzarán después de un periodo de gracia de 10 años.

Este es el tiempo que se estimó como necesario para que los Estados que accedieran a las ayudas se hubieran beneficiado del crecimiento provocado por las reformas estructurales contenidas en los planes de recuperación y por las inversiones.

Después, los Estados deberán realizar reembolsos anuales correspondientes al 5% de los importes recibidos. Las condiciones serán las mismas para todos los Estados miembro.

Sin embargo, no está del todo claro si ante el encarecimiento que van a sufrir ahora las emisiones de deuda en Europa, se van a mantener las mismas condiciones de financiación que las que se dieron en los primeros préstamos aprobados.

En el caso español, el Gobierno decidió solicitar primero los 70.000 millones de euros disponibles en subvenciones a fondo perdido y dejar para esta adenda, el resto de las ayudas que vendrán en forma de préstamo.

Reunión con Patxi López

La ronda de contactos parlamentarios que inició Calviño este lunes se inauguró con una reunión con el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. 

Después, la vicepresidenta se reunirá con otros grupos parlamentarios y con representantes de las comunidades autónomas.

En esta ronda de contactos, también se incorporarán los agentes sociales en la mesa de seguimiento del Plan de Recuperación que espera retomar su actividad en este mes de septiembre.

Dentro de esa mesa, la CEOE ya ha pedido al Gobierno que conceda más protagonismo a las comunidades autónomas en el reparto de los fondos europeos.

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Los empresarios consideran que el exceso de "centralismo" y la falta de un 'Plan de país' ha lastrado el reparto de los fondos europeos hasta la fecha.

Por ello, reclaman más flexibilidad y conceder un papel más relevante a los territorios para que esta adenda al Plan de Recuperación sea una oportunidad para acelerar el reparto de estas ayudas.

Fuentes de la CEOE consideran que la adenda es una oportunidad para relanzar las ayudas, de manera que España no desaproveche esta oportunidad histórica. Pero el plan que presente el Gobierno a Bruselas depende ahora de la negociación política.