El coste de apagar los fuegos de este verano puede alcanzar los 2.800 millones de euros, una cifra casi similar a la partida de 2.728 millones de euros inicialmente prevista para pagar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y superior a los cerca de 2.000 millones de euros finalmente ejecutados por este concepto el pasado año.

La factura que va dejando cada catástrofe forestal es cada vez más alta y este año se han batido récords. Todavía no hay cifras oficiales completas con lo que esta cifra es una estimación del daño económico que provocan las llamas a partir de los datos disponibles. Es un gasto que asumen, en su mayor parte, las comunidades autónomas. 

El incendio del Vall d'Ebo. Europa Press

Expertos consultados señalan que este es variable, según los medios que haya que emplear, aunque este verano, el coste de los combustibles ha encarecido aún más la factura.

Se estima que apagar un incendio puede costar entre 6.000 euros y 10.000 euros por hectárea. Con el bosque arrasado este año se puede estimar que el gasto total oscilará entre los cerca de 1.700 y 2.800 millones de euros para las arcas públicas.

En el caso de la Sierra de la Culebra, la Junta de Castilla y León estimó con datos oficiales un coste de 185 millones de euros que, repartido entre las hectáreas quemadas arrojaría el dato de 7.478 euros por hectárea.

Si se toma este último dato como referencia, el gasto total de apagar los fuegos habría sido algo superior a los 2.000 millones de euros este verano.

Cuando prende un incendio forestal, la mayor parte de los daños son a montes, bosques o espacios naturales que no están asegurados.

El sector agrario y ganadero está muy concienciado con intentar evitarlos con lo que la conservación del medio rural, que es su medio de vida, suele ser muy buena.

Golpe al sector agrícola

Sin embargo, este año el fuego ha golpeado también a campos de cultivo. Sobre estos daños que cuentan con la protección y cobertura del sistema español de Seguros Agrarios, sí hay datos concretos.

Según Agroseguros, este verano se han quemado más de 14.700 hectáreas de superficie agrícola. Una extensión arrasada por el fuego que no tiene precedente en años anteriores y que ha disparado el coste de las indemnizaciones gestionadas por la entidad que agrupa a todas las aseguradoras agrícolas del país.

[A Más Incendios, Mejor PIB: Cuando los Montes Quemados Son un Lucrativo Negocio]

Hasta el momento, se estima que se desembolsarán 4,7 millones de euros en indemnizaciones sin que se descarte que la cifra vaya en aumento.

Se trata de una cuantía un 168% superior a la de 2021 (año que se cerró con 1,75 millones de euros de desembolso, según los datos consolidados) y confirma una tendencia preocupante ya que cada año, el dato va en aumento.

"El 90% corresponde a daños en cultivos herbáceos (cereales, girasol, colza, legumbres…), si bien también han llegado partes de siniestro por fruta afectada (por ejemplo, en la zona de Calatayud, en Aragón), viñedo, olivar, cultivos forrajeros, frutos secos…", explican a este periódico desde Agroseguros.

Hasta la fecha, este ente ha recibido partes de siniestro por incendio de 43 provincias. Andalucía y Castilla y León (con 3.085 y 3.004 hectáreas), seguida de Navarra (con más 2.800 hectáreas) a causa de los graves incendios del mes de junio y de Castilla-La Mancha (2.488 hectáreas).

Un mapa que muestra el duro revés sufrido por el mundo agrícola a la espera de un otoño no exento de riesgos -por las lluvias torrenciales- y cuando el sector está afectado por la sequía y los problemas de los productores de fertilizantes debido a la factura del gas.

Plan de prevención del Gobierno

Con el irreparable daño ecológico sufrido y sin perder de vista la factura económica que tiene el no hacer nada, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de agosto un conjunto de medidas urgentes para mejorar la capacidad de respuesta de las comunidades autónomas frente a los incendios forestales. Ese plan ya ha sido convalidado por el Congreso.

[El Congreso avala las medidas urgentes del Gobierno contra los incendios forestales]

La nueva normativa busca mejorar la prevención, extinción y restauración de los terrenos forestales. Además, obliga a las regiones a adaptar sus servicios de lucha contra el fuego, fijando la obligación de dotar de medios materiales y equipamientos a los trabajadores que participen en labores de prevención y extinción.

arias personas con pancartas protestan por los incendios forestales en Zamora. Europa Press

La organización no gubernamental WFF (Fondo Mundial para la Naturaleza) publicó el dato de que en España se dedican unos 1.000 millones de euros al año a la prevención de incendios forestales. A la vista de lo ocurrido, es una cuantía insuficiente.

La despoblación, las altas temperaturas o la falta de humedad han jugado en contra de los bosques y campos que han quedado calcinados este verano. Sin embargo, también falta prevención y una mayor concienciación social sobre el cuidado de la naturaleza.