Los economistas del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) han propuesto este jueves suprimir el impuesto sobre el Patrimonio, que podría mantenerse como declaración informativa

De esta forma, y con base en las opiniones de los expertos recogidas en seis sesiones celebradas desde julio de 2021 a febrero de 2022, y a su propio análisis y experiencia, resumen la situación de nuestro sistema tributario antes de la reforma y lanzan unas conclusiones y propuestas para que se puedan tener en cuenta cuando se elabore el proyecto de ley de reforma por el Ejecutivo y se tramiten los cambios en el Parlamento.

Los economistas consideran que partimos de un sistema tributario moderno y adecuado a nuestro tiempo, con unos impuestos troncales perfectamente homologables en el entorno europeo o de la OCDE, pero que convendría retocar para adaptarlos a las nuevas realidades económicas y sociales y para mejorar determinados aspectos técnicos.

El Consejo propone convertir el impuesto sobre el Patrimonio en una declaración informativa, que asumiría la de bienes en el extranjero (el modelo 720), como una especie de censo que complementara la información tributaria para la declaración de la renta y del impuesto de sucesiones.

Asimismo, los economistas plantean la posibilidad de limitar la capacidad de las comunidades autónomas para modular el impuesto de sucesiones, de manera que se restringiera a los tipos y bonificaciones, es decir, a partir de la base liquidable.

Una agencia única 

En la presentación, el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, expresó su impresión de que “convendría plantearse seriamente la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio porque en la actualidad ha perdido potencia recaudatoria, al no aplicarse en todas las CCAA, y porque en Europa solo está vigente, además de en España, en Suiza y en Noruega, si bien podría transformarse en una declaración informativa, solo para patrimonios que superen un determinado umbral, con lo que se suprimiría la declaración de bienes y derechos en el extranjero, y la información que esta contiene se incorporaría a la nueva”.

Por su parte, el presidente del REAF, Agustín Fernández, manifestó que “dado que en la gestión tributaria hay importantes economías de escala y alcance, convendría unificarla en manos de una Agencia única compartida por Estado y CCAA, pero nunca trocear la AEAT”.

En cuanto a medidas concretas, los economistas asesores fiscales, a propósito del Anteproyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones, entienden que es conveniente incentivar las aportaciones a los planes de empleo de las empresas, estableciendo para los empleadores una deducción en cuota para darle un impulso a esta interesante iniciativa.

En materia de IRPF, los economistas plantean tener en cuenta el efecto de la inflación en el cálculo de las pérdidas y ganancias, así como por revisar los mínimos personales y familiares para fortalecer la progresividad.

En el impuesto de sociedades, proponen eliminar, una vez superada la crisis, la limitación a la exención de dividendos de filiales en el exterior, así como revisar "disfunciones" como las restricciones a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores o los coeficientes de amortización de inmovilizados.

Plantean poner en marcha una deducción vinculada al incremento y mantenimiento de plantilla y mejorar el incentivo a la creación y aportación a planes de empleo. También piden centralizar la regulación de los impuestos autonómicos, que actualmente están "muy dispersos", unificar los impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica y Determinados Medios de Transporte, que además deberían modularse en función de las emisiones.

Para mejorar la lucha contra el fraude, ven necesario reforzar la relación cooperativa con la administración tributaria, incluida la valoración de la asesoría fiscal; establecer sistemas de asistencia a nuevos contribuyentes, acortar el plazo de revisión y comprobación o agilizar la resolución de litigios fiscales.