El Gobierno ya tiene lista la normativa para que las empresas españolas en apuros pero con viabilidad puedan salir adelante, pero limitará la 'ayuda' de Hacienda y la Seguridad Social a una contribución de 1.000 euros respectivamente y como máximo en la exoneración de deudas. Meses más tarde de lo esperado, el Consejo de Ministros ha dado por fin luz verde al proyecto de reforma de la Ley Concursal, uno de los hitos que incorpora el Plan de Recuperación para acceder a los fondos europeos por el impacto fundamental que tiene en la modernización de la economía española.

La futura ley incorporará mecanismos de reestructuración temprana de empresas viables, reforzará la eficiencia de los procedimientos de insolvencia e introducirá nuevos mecanismos de exoneración de deudas para deudores de buena fe, según ha explicado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en rueda de prensa.

Sin embargo, en este último punto solo incorporará las deudas de las empresas con Hacienda y la Seguridad Social con un tope de 1.000 euros cada una. Que el crédito público estuviera afectado por la nueva normativa era una de las principales peticiones de los expertos en administración concursal y se había puesto sobre la mesa, junto con otras medidas, por la UE, como avanzó este periódico. Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por mantener privilegios para la Administración Pública en las reestructuraciones en las que se ven afectados los acreedores de las empresas.

Llop ha reconocido esta "controversia" y ha recordado que en el trámite parlamentario, el proyecto de ley podrá ser modificado.

La ministra ha resaltado otras de las medidas que se introducirán en la reforma de esta ley para ayudar a las empresas viables que atraviesen apuros puntuales. Entre ellas, la creación de un sistema de alerta temprana de insolvencias o el establecimiento de procedimientos preventivos preconcursales.

Segunda oportunidad

También se reducirán los plazos de la segunda oportunidad para que los emprendedores con proyectos fracasados que quieran volver a poner en marcha una idea puedan hacerlo sin verse afectados por su pasado empresarial.

"No queremos que ninguna empresa viable tenga que bajar la persiana por tener dificultades económicas puntuales y que ningún emprendedor deje de emprender por culpa de un proyecto fallido que le lastre", ha afirmado la ministra de Justicia. Esto no significa, ha matizado, que se vaya a proteger el funcionamiento de empresas sin viabilidad, las conocidas como zombis.

De este modo, el objetivo de esta norma -en la que también ha tenido un peso importante el Ministerio de Economía- será favorecer la reestructuración en fases previas a ese momento en el que las empresas se ven abocadas sin remedio a la liquidación.

Exigencia de Europa

La futura Ley Concursal nace de obligación de trasponer una directiva europea inspirada en la agilidad de estos procesos en el Reino Unido. Sin embargo, se adaptará a las necesidades españolas con medidas específicas para pymes y micropymes, que representan el 99% del tejido productivo español.

Para facilitar estos difíciles procedimientos a las pequeñas empresas, se simplificarán los trámites para abaratar costes, pero garantizando la seguridad jurídica y se creará una plataforma telemática para poder hacerlos. Además, se creará una figura que pueda acompañar a los administradores en los procedimientos preconcursales. 

Una vez solicitado el concurso, también habrá cambios para agilizar los procedimientos y evitar los colapsos de los juzgados. Entre otros, se promoverá la venta de unidades productivas o se simplificará la liquidación de las sociedades con procedimientos más sencillos.

Además, se va a profesionalizar la administración concursal con personal formado, capacitado y remunerado conforme a la especialización.

Aprobación en junio

Ahora, esta normativa tendrá que pasar por el Congreso, donde se tramitará por la vía de urgencia, con el objetivo de que entre en vigor antes del próximo 30 de junio.

La reforma de la Ley Concursal era uno de los compromisos con Bruselas que España incorporó en el Plan de Recuperación y Resiliencia que entregó a cambio de los fondos europeos. La promesa del Ejecutivo es cumplir con este hito en el primer semestre de 2022, de ahí la urgencia de que el Congreso apruebe la futura ley.

En el Consejo de Ministros de este martes, el Gobierno también ha aprobado una convocatoria de empleo público para ocupar 926 nuevas plazas. Según ha afirmado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, con esta oferta el Ejecutivo "viene a dar respuesta al esfuerzo que hicieron los servicios públicos de empleo en todo el territorio español", en referencia al gran volumen de solicitudes que hubo que tramitar por la pandemia en 2020.

Sin embargo, las medidas estrella, han sido las anunciadas por la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, para abaratar el recibo de la luz.