El Gobierno prevé incrementar un 6% las ya abultadas cifras de emisión de deuda programadas para este ejercicio. Un desafío para el que quiere aprovechar el exponencial auge de la inversión sostenible. El plan es vestir de verde los volúmenes casi récord a los que el Tesoro tendrá que buscar dueño el año que viene.

La estrategia ya ha comenzado a desplegarse en las últimas jornadas. Mientras el ritmo de endeudamiento del país se aceleraba por encima de los 630 millones de euros al día, el secretario general del Tesoro Público, Carlos San Basilio, aireaba en distintos foros detalles de este plan. Y mucho más allá de lo que está recogido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ya se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

El responsable de la institución emisora ha señalado que el esperado estreno de España en el mercado de bonos verdes podría ser por hasta 15.000 millones de euros. Una cifra que supondría un contundente 14% del volumen total de emisión neta previsto para el año que viene, que asciende a 110.000 millones de euros, según el referido borrador de los PGE.

Primicias

Así lo explicó San Basilio el jueves en un foro organizado por IEB. Esa misma mañana, en un acto celebrado en la Bolsa de Madrid por el Observatorio Español de la Financiación Sostenible aseguró que el objetivo que se ha marcado el Tesoro pasa por reabrir varias veces la emisión con el objetivo de que el bono verde inaugural de España alcance una masa de 20.000 millones de euros, si bien esta cifra no tendría por qué alcanzarse en 2021.

Las cifras, como ya se ha señalado, son más que considerables para el conjunto de las emisiones que el Gobierno espera tener que celebrar el año que viene. Y se presentan en un momento de plena eclosión para los fondos y estrategias de inversión sostenible que buscan en estos bonos verdes uno de sus principales recursos de rentabilidad asegurada a cambio de un riesgo bien medido.

El plan del Tesoro para el año que viene es incluir en el bono verde todas las partidas de los PGE que sean susceptibles de financiarse a través de esta vía. Un objetivo que, por una parte, permitirá engordar el volumen de la emisión en detrimento de otras referencias que podrían suscitar menos apetito en el mercado. Y, por otra, beneficiarse al máximo del interés que este estreno ha suscitado ya entre la comunidad inversora, según explican varios gestores especializados.

En este sentido, aunque oportunista, la estrategia del Gobierno de España está muy lejos del denominado greenwashing. Este anglicismo describe la práctica de etiquetar como ‘verde’ la financiación a actividades que dudosamente entrarían en esta categoría con la vigilancia de un auditor externo.

Aprobar los PGE

Con el fin de evitar cualquier género de duda en este sentido, el propio San Basilio ha repetido en los últimos meses y en múltiples ocasiones la conveniencia de contar con los nuevos PGE aprobados para lanzar esta emisión. “Hay que esperar a los Presupuestos para identificar qué partidas se pueden financiar con este instrumento, no tiene sentido hacerlo con unas cuentas que vienen de 2018”, explicó en octubre al revisar las cifras de emisión previstas para este año.

Aquí, uno de los puntos clave está en el marcado tono ‘verde’ que el Gobierno de coalición ha dado a los PGE en tramitación parlamentaria. Tal y como publicó Invertia, la política energética es el ámbito al que más presupuesto se destina dentro de la partida de Energía e Industria, que sube un 103,9% frente a lo que desde hace dos años está en vigor.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y el secretario del Tesoro, Carlos San Basilio.

Dentro de este punto, el Gobierno prevé financiar préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por 300 millones de euros dirigidos a apoyar el impulso de la eficiencia energética y las energías renovables. Entre otras muchas partidas, también destaca una dotación de 102 millones de euros para financiar ayudas a las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, así como una transición justa hacia una economía descarbonizada.

Hay un punto más que es determinante para terminar de enmarcar el vuelco hacia la financiación verde del Tesoro Público. Se trata del impulso que a estas estrategias darán los fondos europeos de reconstrucción del programa Next Generation. Un pilar básico que ha facilitado iniciativas como el plan nacional para el desarrollo de las tecnologías de hidrógeno renovable, al que el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido dotar de 1.500 millones de euros.

BCE en retirada

A los gestores de renta fija consultados tampoco se les escapa que la llegada de una vacuna contra la Covid-19 supondría una progresiva vuelta a la normalidad en este mercado. Un movimiento que permitiría al Banco Central Europeo (BCE) moderar la intensidad que actualmente está marcando para sus programas vigentes de compra de bonos soberanos y corporativos.

Esta retirada, aunque medida al milímetro y cauta, promete engordar los costes de financiación de los países de la Eurozona por la subida de los tipos de interés. Algo que especialmente afectaría a aquellas economías más sacudidas por la pandemia, como es el caso de la española.

Así, el estreno del bono verde del Tesoro conseguiría compensar, en parte, el paso atrás de la institución que preside Christine Lagarde con el mayor apetito de los inversores por dotar a sus carteras de un perfil cada vez más sostenible y social. Una creciente voracidad que ya han probado países como Polonia, Francia, Bélgica, Irlanda, Holanda y Alemania a pesar de que las empresas españolas ya han colocado al país como la séptima potencial mundial.

Por último, según ha ido dejando entrever el cabeza del Tesoro, este nuevo bono supondría una patada hacia delante en el calendario de vencimientos de la deuda soberana. Con un previsible vencimiento de “entre 20 y 25 años” y los volúmenes que se vienen apuntando, se incrementaría la vida media de la deuda del Estado español.

Además, con esta estrategia, se alejaría en el tiempo la amortización de una parte más que considerable del endeudamiento casi récord previsto para este inminente 2021.