Wolfgang Rattay Thomson Reuters

Economía

El sector financiero clama por la aprobación del sandbox fintech tras el caso Wirecard

La industria exige que tras la quiebra de la alemana se acelere la regulación de un segmento que pinta clave para la recuperación poscoronavirus.

3 julio, 2020 02:22

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Los motivos son muy diversos, pero la reivindicación es la misma: que el sandbox fintech vea la luz lo antes posible. La quiebra de la alemana Wirecard ha puesto de acuerdo a todo el sector financiero para urgir a la regulación de un sector que promete ser punta de lanza en la recuperación económica poscoronavirus, pero el proyecto normativo amenaza con seguir acumulando retrasos.

Desde el primer momento en que las cuentas de Wirecard saltaron por los aires, muchas fueron las voces que apuntaron hacia la falta de regulación del sector fintech. Aunque el caso de la alemana es particular, puesto que posee licencia bancaria en su país de origen, lo cierto es que no han sido pocas las voces que desde el ámbito más tradicional del sector han señalado sin rodeos a la falta de una regulación específica.

“Es lo que tiene contar con un sector que goza de un protagonismo cada vez mayor en clientes y manejo de capitales y que en la mayoría de países no cuenta con normas de control”, señala sin paños calientes un directivo de banca privada a Invertia. “No puede ser que los controles que se les exigen a unos, otros no los hayan visto ni en pintura”, denuncia un asesor financiero independiente. Y en todos los casos, la conclusión es la misma. Incluso por el propio bien de la industria, el sandbox se está esperando como el maná en el desierto.

Limitar el riesgo

El presidente de la Asociación Española de Fintech e Insurtech (Aefi), Rodrigo García de la Cruz, lo tiene claro. “El sandbox busca precisamente que estas cosas no pasen, así que esto debería ser un acelerador para su aprobación”, explica en conversación con este portal. Aunque es consciente de que “la posibilidad de defraudar va a existir siempre, en todos los sectores”, está convencido de que este marco normativo blando “limitará considerablemente este riesgo”.

En este sentido, García de la Cruz asegura que la industria fintech es consciente del daño reputacional que el ‘caso Wirecard’ está ocasionando. Aunque parece claro que un escándalo contable de 1.900 millones de euros que afecta a una de las 30 integrantes del índice de referencia de la Bolsa de Fráncfort salpica mucho más allá del pequeño segmento que son las startups tecnológicas dedicadas a las finanzas, el señalamiento está hecho.

Por eso, “la llegada del sandbox no podría ser más oportuna”, explican desde una de las pymes interesadas en estrenar este marco regulatorio tan pronto como vea la luz.

La aparición en los últimos días de un artículo titulado ‘La insolvencia de Wirecard es un aviso para los inversores fintech’ nada menos que en The Wall Street Journal da cuenta de la repercusión que este caso puede tener para el conjunto de la industria. Salvo que se tomen medidas ágiles y contundentes. Algo que, según se repite una y otra vez, en el caso español no pasa por otra cosa que aprobar ya el sandbox que acumula más de dos años de retraso desde el proyecto inicial que capitaneó el exministro Román Escolano.

La brecha con la banca

Desde la patronal de la banca no ha habido una postura pública esta vez, ni siquiera a petición de Invertia, pero su interés de que el universo fintech esté regulado ha quedado en evidencia en más de una ocasión. El portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano, reclamaba hace unos meses que, a iguales servicios, igual regulación. Una alusión clara a la brecha existente con las fintech. Un abismo que la introducción del sandbox contribuiría a estrechar considerablemente.

En este mismo tono de discurso, el azar ha querido que la polémica de Wirecard haya llegado dos años después -algo menos de lo que el proyecto normativo se lleva retrasando- de una recordada intervención de Ana Botín, presidenta de Banco Santander, en Bruselas.

El presidente de la AEB, José María Roldán.

El presidente de la AEB, José María Roldán.

Entonces, exigió que a las plataformas digitales que venían ofreciendo servicios de pago se les aplicara para ello la misma regulación que a los bancos. “No pedimos ayuda, reclamamos una competencia en igualdad de condiciones”, señaló.

Como se apuntaba al principio, puntos de partida muy distintos, pero la misma exigencia: que el sandbox llegue ya. Una urgencia que también se suma a la necesidad de llegar antes que Italia a la regulación del sector con el objetivo de atraer proyectos, talento e inversión de otros lugares de Europa Continental, especialmente en este tiempo de cuenta atrás para la aplicación efectiva de un ‘brexit’ del que pocos se acuerdan en esta situación de emergencia sanitaria y económica.

Credibilidad y ventaja

Aquí el reto es doble, pues no solo está en juego la credibilidad de un sector que promete ser uno de los motores de la nueva economía digital, cuya adopción parece haberse acelerado con la crisis del coronavirus. Llegar primero en Europa, incluso a pesar de retraso tras retraso, haría de España un polo de referencia internacional para el sector. Y todo depende de unos pocos meses.

El verano amenaza con dejar sin respuesta el clamor del sector financiero. Y es que, si el Congreso no deja listo el proyecto de ley para su remisión al Senado en septiembre, todo apunta a que el sandbox no vería la luz ya hasta 2021. Italia quiere tener el suyo listo y funcionando a finales de año.

La vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EP

El único modo de asegurarse la ventaja, un respaldo a las fintech en este momento convulso y un trato más igualitario con respecto a las entidades tradicionales sería que la Cámara Baja hiciera todos sus deberes pendientes este mes de julio. Un calendario demasiado estrecho que hace que la cosa no pinte bien.

Tanto es así que la prioridad del Gobierno parece estar en que el Congreso se centre en este julio habitualmente inhábil a sacar adelante las normas que regulan la implantación de las tasas Tobin y Google. Mientras la industria financiera tiene sus prioridades, en Moncloa esta parece estar en conseguir ingresos fiscales extraordinarios con los que ayudar a conformar el difícil rompecabezas de unas cuentas públicas golpeadas sin piedad por el coronavirus.

Cuestión de prioridades

A este respecto, fuentes de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y Transformación Digital han señalado a este portal que su trabajo “está hecho” y que “ahora la pelota está en el tejado del Congreso”. Sin embargo, aunque los proyectos de los dos impuestos ya señalados y el del sandbox entraron a la par en la Cámara Baja desde el Consejo de Ministros, los primeros ya se están debatiendo en la Comisión de Hacienda.

Del segundo ni siquiera se ha votado sobre la enmienda a la totalidad presentada por ERC y el índice de las reformas sugeridas por los partidos está cerrado y listo desde el pasado 30 de abril.

Las próximas dos semanas son clave. Habrá que estar atentos a cuál es el destino más inmediato que se le prepara al Proyecto de Ley para la transformación digital del sistema financiero, que es el que recoge el establecimiento del sandbox. Si no llega con rapidez, como demanda el sector, el mazazo de Wirecard y el proyecto italiano amenazan con arrebatar a España una buena palanca de crecimiento en la tan predicada economía digital.