Madrid, 10 feb (EFECOM).- El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha sacado a consulta pública la transposición de tres directivas europeas que buscan, entre otras cosas, reforzar la solvencia de las entidades financieras y regular algunos aspectos de la resolución de las mismas en caso de quiebra.

Las dos primeras forman parte del denominado "paquete bancario" y son la Quinta Directiva de Requisitos de Capital (CRD V) y la Segunda Directiva de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito y Empresas de Servicios de Inversión (BRDDII), explica Economía en una nota.

La tercera norma que inicia su transposición es la Directiva relativa a la supervisión prudencial de las Empresas de Servicios de Inversión (ESI).

En esta primera fase se recabará la opinión de la sociedad, directamente o a través de las organizaciones representativas de los sectores implicados, sobre el conjunto de opciones nacionales de transposición que están previstas en cada directiva.

Las normas del "paquete bancario", aprobadas por la Unión Europea en mayo de 2019, incorporan a la normativa comunitaria los acuerdos sobre requisitos de capital alcanzados en el Comité de Basilea (Basilea III) y también los relativos a la capacidad de absorción de pérdidas fijados en el Consejo de Estabilidad Financiera del G-20.

La primera de las directivas, la CDR V, incorpora los requisitos de solvencia y capital establecidos en las últimas reformas del llamado Acuerdo de Basilea III.

En la fase de consulta pública se recabará la opinión de la sociedad sobre un conjunto de opciones nacionales de transposición, como las normas de remuneración del personal directivo de las entidades y su aplicación proporcional en función del tamaño de la entidad.

Para la segunda directiva, la relativa a la resolución de entidades financieras, se consulta, entre otras opciones, la cuantía a la que deberían tener acceso los ciudadanos y empresas en caso de suspensión de las obligaciones de pago de depósitos.

También es objeto de consulta la posibilidad de ampliar la protección de los clientes minoristas en la comercialización de instrumentos financieros admisibles para la recapitalización de las entidades tras la resolución.