El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado la senda de déficit autonómico hasta 2023, que incluye el 0,2 % del PIB para 2020, con el voto a favor del Ministerio de Hacienda y de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, mientras que se han opuesto las lideradas por el PP.

Desde el 0,2 % de 2020, las autonomías tendrán que bajar al 0,1 % del PIB en 2021 y a equilibrio presupuestario en 2022, que se mantiene en 2023.

"Protegemos a las comunidades autónomas del esfuerzo fiscal exigiendo solo un escalón a la hora de recorrer la pendiente hacia la estabilidad presupuestaria", ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al consejo.

La senda ha quedado aprobada este viernes con once votos a favor, los de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Comunidad Valenciana, Melilla y Ministerio de Hacienda, todas comunidades gobernadas por el PSOE, salvo Cantabria, encabezada por el Partido Regionalista.

En contra ha habido seis votos, los de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia y Ceuta.

Cataluña no ha podido votar por la inasistencia del vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonés, ya que la secretaria de Economía, Natalia Mas, que es quien ha acudido a la reunión, no tiene capacidad para hacerlo.

La relajación del objetivo de déficit en dos décimas para 2020, frente al equilibrio presupuestario que estaba vigente, ha sido una de las contrapartidas que Hacienda ha ofrecido a las autonomías para compensar que no se va a reintegrar el IVA de un mes de 2017 que quedó sin ingresar por un cambio en la gestión del impuesto y cuya cuantía asciende a 2.500 millones de euros.

El Gobierno no ve posible ingresar ese dinero con el ejercicio 2019 ya concluido, ya que la financiación autonómica se liquida a dos años y la de 2017 se cerró el año pasado.

Además, la ministra ha explicado que en 2019 la gran mayoría de las comunidades presupuestaron esa parte del IVA no cobrado dentro de sus ingresos y la gastaron, pensando que con la solución que se buscó en los fallidos Presupuestos de 2019 se podría recuperar.

No obstante, ese gasto nunca tuvo un respaldo presupuestario porque las cuentas de 2019 no salieron adelante, por lo que se ha traducido en algunas comunidades en un aumento del déficit y del periodo medio de pago a proveedores.