Madrid, 8 ene (EFECOM).- El Gobierno tiene previsto mantener una reunión mañana con los sectores agroalimentarios más afectados por los aranceles impuestos por Estados Unidos (EEUU), que comenzaron a ser aplicados hace casi tres meses y perjudican las exportaciones españolas al país norteamericano.

Así lo han avanzado hoy a Efe fuentes del sector, que han asegurado que el encuentro estará presidido por los ministros en funciones de Industria y de Agricultura, Reyes Maroto y Luis Planas, respectivamente.

La plataforma constituida por los sectores afectados, presentada en sociedad a mediados del pasado mes de octubre, aglutina a representantes del aceite de oliva, el vino, las aceitunas, los quesos y otros lácteos, productos del porcino, zumos, licores, moluscos y las frutas preparadas o conservadas, además de cooperativas y organizaciones agrarias.

En el momento de su constitución, sus responsables instaron al Ejecutivo y a Bruselas a redoblar sus esfuerzos negociadores con la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, y anunciaron la elaboración de un "plan de choque" para compensar el impacto de los aranceles que incluía, entre otras medidas, la solicitud de ayudas públicas.

El sector agroalimentario en su conjunto protestó por la imposición de estas tasas y denunció que su aplicación se limita a cuatro países (Alemania, Francia, España y Reino Unido), lo que, en su opinión, genera un agravio comparativo con otros miembros de la Unión Europea (UE) como Italia, ya que sus productos agroalimentarios no se han visto afectados por este gravamen.

Asimismo levantaron la voz por verse damnificados como consecuencia de las sanciones aprobadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el marco de la disputa que mantiene EEUU con la UE por unas ayudas públicas concedidas por esos cuatro países al consorcio Airbus, un conflicto que nada tiene que ver con el sector.

Productores de aceite, vino y queso manchego ya han advertido de los perjuicios económicos que pueden sufrir por este arancel; el propio Gobierno cifró en torno a 765 millones de euros el potencial impacto económico de esta subida.