Madrid, 2 ene (EFECOM).- El Consejo Económico y Social (CES) considera que la política industrial debe situarse en el nivel más alto de la estructura del Gobierno, garantizando la coordinación de diferentes políticas, y ha instado al Ejecutivo y al resto de autoridades con competencias a elaborar un Pacto de Estado por la Industria.

En un informe dado a conocer este jueves, el CES también señala que debería crearse un órgano de coordinación con las comunidades autónomas que armonice las medidas y evite los efectos frontera.

El CES, que insta a todas las autoridades con competencias económicas y sociales a alcanzar ese Pacto de Estado, señala que su finalidad sería promover una política industrial global, con participación del Gobierno, de las distintas administraciones y los interlocutores sociales, y con el apoyo de los partidos políticos con representación parlamentaria.

En opinión del CES, el diálogo social debería formar parte de este pacto, con un amplio consenso que supere el plazo de una legislatura, y propone instaurar un Consejo de Política Industrial, con representación de los interlocutores sociales del sector, que asesore al Gobierno en la orientación y seguimiento de la política industrial.

Para el CES, el coste de las políticas ajenas al suministro eléctrico debe trasladarse a otras vías de financiación, como los Presupuestos, y considera que deberían propiciarse contratos de largo plazo para los grandes consumidores de electricidad, con mecanismos mitigadores de los efectos de los costes energéticos sobre su competitividad.

Además, el CES propone una nueva ley de industria, que establezca un marco regulatorio más claro y estable.

En el informe, el órgano consultivo considera también necesario regular la fiscalidad de las plataformas, la privacidad de los datos y garantizar la tutela jurídica de las personas que trabajan en las nuevas formas de empleo digital.

También propone medidas para evitar las deslocalizaciones de industrias, como ampliar el plazo, tras la recepción de ayudas europeas, durante el cual una empresa debe garantizar el mantenimiento del empleo.

Asimismo, cree que se debería exigir a las compañías deslocalizadas europeas que cumplan con las condiciones sociolaborales y ambientales que rigen en la UE, y ampliar las exigencias para las multinacionales de terceros países que, tras recibir fondos públicos europeos, apuesten posteriormente por la deslocalización.

Además, propone facilitar los procesos a las empresas que decidan deshacer el camino de la deslocalización, del mismo modo que están haciendo otros países del entorno.

En materia de fiscalidad ambiental, aboga por un marco integrado, sencillo y coherente, y que se refuerce el Consejo de Política Fiscal y Financiera como instancia de coordinación.

También apuesta por proveerse de instrumentos para facilitar el acceso al crédito, preferentemente mediante coberturas o garantías públicas a la financiación bancaria de los proyectos industriales de las pymes, así como potenciar el acceso a los mercados de capitales organizados e impulsar el mercado de titulización de activos.