Managua, 14 dic (EFECOM).- La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) autorizó este sábado al Estado la nacionalización de una de las empresas que dirige Rafael Antonio Ortega Murillo, uno de los hijos del presidente del país, Daniel Ortega, que acaba de ser sancionada por Estados Unidos.

La denominada "Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense", presentada por Ortega con carácter urgente, fue aprobada con 73 votos de los sandinistas y sus aliados, dijo en el pleno el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras.

Dicha ley establece que se traspasen los inventarios de la sancionada Distribuidora Nicaragüense de Petroleo (DNP), controlada por el hijo mayor de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, al Estado nicaragüense, que designó al Ministerio de Energía y Minas para encargarse de su administración.

Para tal fin declaró "de seguridad soberana y de interés nacional todos los inventarios de combustibles y productos derivados del petróleo propiedad de la empresa" DNP y que sus inventarios pasan a ser propiedad estatal.

La ley también ordena garantizar la continuidad de los inventarios, la distribución y el suministro de combustibles y productos derivados del petróleo en el país.

El jueves pasado, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra Rafael Ortega y dos empresas bajo su control que a su juicio se utilizaban para blanquear dinero.

"Rafael Ortega es el principal gestor de dinero detrás de los ilícitos mecanismos financieros de la familia. El Tesoro está sancionando a Rafael y las empresas que posee y usa para lavar dinero, con el que sostener el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense", dijo el secretario norteamericano del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

Las empresas designadas por el Gobierno estadounidenses son Inversiones Zanzíbar y Servicio de Protección y Vigilancia, a las que acusa de ser utilizadas por Rafael Ortega "para generar beneficios, lavar dinero y ganar acceso preferente a los mercados para el régimen de Ortega".

Asimismo, el Departamento del Tesoro incluyó en su lista de compañías sancionadas a DNP, empresa con la que la familia Ortega "se ha enriquecido personalmente a través de contratos sin competencia con instituciones gubernamentales de Nicaragua".

Previamente, el Gobierno estadounidense había impuesto sanciones al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua, vinculado a los sandinistas; a la vicepresidenta Murillo, y a otro de sus hijos, Laureano Ortega Murillo.

Estados Unidos ubicó a finales de 2018 a Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, dentro de "la troika de la tiranía" en Latinoamérica.

Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 328 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 651 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 y denuncia un intento de golpe de Estado.