El director de los Servicios Jurídicos de BBVA España, Adolfo Fraguas, ha terminado este miércoles de contestar a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y lo hará esta tarde a las defensas, en su tercer día ante el juez que investiga la relación del banco con el excomisario Villarejo.

El representante legal del banco, imputado en la causa como persona jurídica, ha permanecido en la Audiencia Nacional durante algo menos de cinco horas, y esta tarde responderá a las cuestiones planteadas por las defensas, y previsiblemente dará por concluido su testimonio.

Anteriormente, Fraguas apuntó como responsable de contratar a Villarejo al exjefe de seguridad de la entidad Julio Corrochano -sobre el que pesa una fianza de 300.000 euros en esta causa-, si bien admitió que dado su escalafón en la empresa no pudo hacerlo al margen de la anterior dirección.

Señaló también al exdirector de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias y expresidente de Distrito Castellana Norte (Operación Chamartín) -sociedad participada por el BBVA-, Antonio Béjar, y de forma más tangencial se refirió al ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano, y al expresidente de la entidad Francisco González.

El interrogatorio se centró fundamentalmente en el sistema de "compliance" del banco y si se cumplió con la normativa interna.

Tras su primera declaración, el BBVA, entidad que ahora preside Carlos Torres Vila tras la salida de Francisco González, reiteró su compromiso con la justicia, con la que asegura haber colaborado de forma "proactiva" desde el inicio de la causa con documentación y el informe "forensic" elaborado por Garrigues, Uría Menéndez y PwC.

"Nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos, como hemos hecho hasta ahora. Somos un banco con fuertes valores y principios que guían nuestro comportamiento cada día", indicó el banco.

El representante del BBVA ha sido de los pocos que no se ha acogido al derecho a no declarar, como sí lo han hecho la mayor parte de los imputados en esta causa -cargos actuales y pasados del banco- con el argumento de que la pieza en la que se investiga la relación de la entidad con Villarejo continúa bajo secreto.