Madrid, 27 nov (EFECOM).- La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado hoy, sin votos en contra, el real decreto-ley que fija la rentabilidad razonable de las instalaciones renovables para el periodo 2020-2025, y articula medidas de apoyo a las zonas afectadas por el cierre de centrales de carbón.

Han votado a favor PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos, ERC, PNV, Coalición Canaria y Junts per Cataluña, y se han abstenido PP, Vox y Bildu.

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha defendido que esta norma resulta "imprescindible" para definir un marco normativo que proporcione estabilidad y certidumbre a los inversores.

Según Ribera, el real decreto-ley persigue generar confianza, atraer inversiones para el desarrollo de las energías renovables y "no dejar en la estacada" a las familias que invirtieron en ese tipo de tecnologías y que padecieron el recorte de la retribución en 2013.

La ministra ha recalcado que, de no aprobarse esta norma, se habría creado una situación de "inseguridad jurídica".

El diputado del PP Guillermo Mariscal ha explicado que su grupo no votaría en contra de la norma "en un ejercicio de responsabilidad", aunque ha advertido de que no servirá para reducir los litigios de los inversores.

Mariscal ha acusado al PSOE de mantener una política energética "errática" y ha criticado la "mala planificación" durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según el diputado popular, la gestión del PSOE generó un déficit tarifario de más de 29.000 millones y una subida de la tarifa eléctrica del 70 % entre 2004 y 2011.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha aludido también a la "política desorbitada" de Zapatero que, en su opinión, "estafó a los inversores", y ha reclamado un Pacto de Estado sobre la energía.

Rodríguez ha dicho que el real decreto-ley es "un parche", aunque ha mostrado su apoyo a la norma por responsabilidad y para no seguir castigando a los pequeños inversores.

El diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello ha asegurado que el real decreto-ley "puede ayudar a minimizar los daños" y a dar "un respiro" a los pequeños inversores. "Se podía haber llegado más lejos pero va en la buena dirección", ha apuntado.

Pisarello ha pedido un cambio de modelo productivo para luchar contra el cambio climático.

Ignacio Garriga, de Vox, ha afirmado que la norma "avala el sobrecoste energético de Zapatero" y no permitirá abaratar el recibo eléctrico, aunque su grupo ha optado por abstenerse.

Según Garriga, el real decreto-ley está mal concebido, no garantiza que los inversores dejen de pleitear y no discrimina entre grandes y pequeños productores.

Montserrat Bassa, de ERC, ha respaldado la norma pero ha dicho que "se queda a medio camino".

Por parte del PNV, Mikel Legarda ha asegurado que el real decreto-ley articula medidas "ponderadas y razonables" y "evita un vacío legal".

Esta normativa, aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, fija en el 7,09 % la rentabilidad razonable de las instalaciones renovables y de cogeneración para el periodo 2020-2025.

A las instalaciones que sufrieron el recorte de retribución de 2013, el real decreto-ley les ofrece la posibilidad de mantener la retribución ahora en vigor (del 7,398 % o del 7,503 %) hasta 2031 si renuncian a las reclamaciones ante instancias judiciales o arbitrales, y a las compensaciones que hubieran podido obtener.