México, 19 nov (EFECOM).- El Gobierno de México publicó hoy la Ley Federal de Austeridad Republicana, aprobada el 8 de octubre, que elimina beneficios de los funcionarios para "combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales", y que entrará en vigor el 20 de noviembre.

Su objetivo es "regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se disponga se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez".

La norma trata de "combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados".

Estipula que para aplicar la política de austeridad republicana, los entes públicos se abstendrán de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos, enfocar las medidas de austeridad preferentemente en el gasto corriente no prioritario, y evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana.

También, establece que los servidores públicos de mando superior que dejen su cargo "no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años".

Prohíbe la contratación con recursos públicos de cualquier tipo de seguros de gastos médicos privados, de vida o de separación individual o colectiva.

Tampoco se autorizarán pensiones de jubilación al titular del Ejecutivo federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La austeridad republicana es una de las principales banderas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además de reducir su salario a la mitad de lo que cobraba su antecesor Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha calificado como inmoral que los funcionarios al dejar sus cargos trabajen para empresas privadas de sectores estratégicos.